Tuxtla Gutiérrez, Chis , 17 de julio (apro)- El comisionado para la atención de las comunidades en conflicto en la entidad, Juan González Esponda, responsable de propiciar el retorno de unos 10 mil desplazados de la zona Altos y Selva, dijo desconocer el informe sobre las recomendaciones emitidas en enero pasado a los gobiernos estatal y federal, por el representante de Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francis Mading Deng, sobre la citación de los desplazados de sus tierras de origen por motivos de diferencias étnicas y religiosas, principalmente Entre tanto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) mencionó que la situación de los miles de desplazados en Chiapas sigue siendo grave, pues a la miseria en que viven y al abandono gubernamental tanto federal como estatal, se le agrega el constante hostigamiento de grupos antizapatistas, paramilitares Algunos de los desplazados demandan la compra de tierras para la reubicación, o bien, condiciones de seguridad para que retornen a su comunidad de origen Otros más piden indemnización por las pérdidas por el desplazamiento, castigo a paramilitares, y otros indígenas siguen exigiendo cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, firmados entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en febrero de 1996 Dice el CDHFBC que las numerosas reuniones con secretarios de gabinete y juntas de varias dependencias estatales y federales, no han podido poner fin o menguar la situación crítica de los desplazados Según relata el organismo, Salazar les prometió apoyo para vivienda a quienes están retornados, pero no se ha cumplido nada, pues no es prioritario para el gobierno la atención a las demandas de los desplazados Agrega el organismo que el gobierno les propone que recurran a otras organizaciones sociales para demandar tierras, "lo cual no nos parece porque lo único que ocasionaría es problemas entre organizaciones Además de que vemos claro que pretenden dividir y debilitar nuestra organización como desplazados por el conflicto armado”, dicen en un documento En cuanto a la demanda de justicia y castigo a los grupos paramilitares, el gobierno sólo ha detenido a algunos cabecillas; a algunos se les ha sentenciado y a otros se les ha dejado libres, pero no se ha detenido a ningún funcionario de alto nivel, que fueron los que tuvieron que ver con la formación y actuación de estos grupos Los desplazados piden que les sea reconocida esa categoría, como desplazados a causa de un conflicto armado no resuelto, y que desean estar protegidos por la Constitución mexicana y por los principios rectores del desplazamiento interno de Organización de las Naciones Unidas (ONU) Por ello piden la instalación de una mesa interinstitucional con dependencias federales y estatales, con personas con capacidad de decisión para desahogar la agenda de los desplazados y que el gobierno deje de hacer promesas y asuma su compromiso de vigilar, garantizar y proteger los derechos humanos Pero lo más importante para ellos es que se dejen de hacer acciones que intentan dividir su propia organización como desplazados por el conflicto armado El gobierno ante el problema Se estima que como consecuencia de diferencias políticas, ideológicas, agrarias y religiosas, hay más de 10 mil indígenas y campesinos de distintos municipios de Chiapas desplazados de sus comunidades de origen entre 1995 y 1998, debido a la violencia de los paramilitares y a diferencias políticas e ideológicas Las zonas más afectadas fueron el norte del estado y según González Esponda, en los dos años y medio del gobierno de Salazar se ha logrado el retorno o reubicación de tres mil 443 personas (767 familias), es decir, una cuarta parte de los 13 mil 880 que había al inicio de la actual gestión Los 10 mil 437 que aún permanecen desplazados son de varios de los municipios mencionados, pero además de otros como Chiapa de Corzo, Villa Corzo, Huixtán, Salto de Agua, La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Tenejapa, Nicolás Ruiz, Cintalapa y Venustiano Carranza En el más reciente informe que el gobierno de Salazar le entregó al relator para asuntos indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhaguen, se habla de que al inicio de su mandato había más de 14 mil desplazados y, a la fecha, ha podido retornar a 24 por ciento de ellos El comisionado dijo que en Tila están por retornar otros 314 indígenas choles, actualmente refugiados en varias comunidades del mismo municipio El acuerdo para su regreso se firmó el 25 de junio pasado y no se ha concretado, porque aún no ha concluido la construcción de viviendas en las que habitarán Señala que para resolver el problema de los desplazados en Chiapas de manera integral, se necesitan por lo menos 200 millones de pesos, pues en muchos casos se requiere comprar tierras laborables para reubicarlos, adquirir solares, recuperar documentos perdidos --como actas de nacimiento--, establecer proyectos productivos, y apoyar a las comunidades que los expulsaron