México, D F- El dictamen final con el que se dan por concluidas las investigaciones sobre la muerte de la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, determina que por la trayectoria del disparo que la mató, la entrada en el cráneo y la posición en que se encontró el cadáver, se trató de un suicidio y no de un asesinato, como sostienen los familiares de la ombudsman "No existen elementos que permitan demostrar que otra persona produjo las lesiones por disparo de arma de fuego que presenta el cuerpo de Digna Ochoa y Plácido", dice la resolución presentada por la fiscal especial para el caso Margarita Guerra Luego de dos años de investigación sobre la muerte de Digna Ochoa, acaecida el 19 de octubre de 2001, la fiscalía determinó que existen "hechos incontrovertibles" que apoyan la teoría que a los ojos de familiares de la ombudsman, investigadores y organizaciones nacionales e internacionales resulta inverosímil Así, el dictamen que se dará a conocer este fin de semana señala, entre otros aspectos, que "no cabe una persona entre el costado izquierdo del cuerpo de Digna Ochoa y el mueble (buró), adosado al librero del muro riente, único espacio que permitiría a una persona disparar su arma de fuego en la región temporal izquierda de Digna con el mismo trayecto del proyectil al descrito en el informe de la facultad de Medicina de la UNAM" El documento, que el procurador capitalino Bernardo Bátiz prevé como "controvertido" e incómodo, detalla que la defensora de los derechos humanos tenía fantasiosa y tenía problemas psíquicos definidos como "neurosis conversiva, un estado de ansiedad neurótica" que le provocaba angustia y ansiedad, según el expediente 444/987, radicado en un juzgado de primera instancia de Rancho Viejo, un distrito de Jalapa; Veracruz Esta afirmación se apoya también en las averiguaciones que se hicieron a más de 50 personas que tuvieron algún contacto con Digna Ochoa y que concluyeron en que Digna tenía una personalidad esquizofrénica De este modo, se indica que los acontecimientos fueron un "suicidio simulado" y que la víctima arregló la escena del crimen antes de quitarse la vida Los hechos, según el informe, se dieron del siguiente modo: Digna probó el arma poniendo la boca del cañón en uno de los sillones, lo que le sirvió también para observar si algún vecino acudía El segundo disparo lo hizo contra su muslo izquierdo, y luego se levantó para caer hincada, y con la mano izquierda "en una posición atípica", se disparó en la cabeza Existen también dos cartas en las que Digna determina la distribución de sus bienes y revela un estado de ánimo que tiende al suicido En 1987, la abogada escribió: "sé del dolor tan grande que les causo, pero soy tan cobarde que no quiero enfrentar la realidad" Por otro lado, se advierte que las otras líneas de investigación en el caso fueron agotadas Una de ellas se refería al ejercicio profesional de la abogada, pero se encontró que no participó en algún caso que pusiera en peligro su vida El informe final sobre la muerte de Digna aún tiene que ser aprobado por los asesores y el propio titular de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz En cuanto se cubra este procedimiento, la familia de Digna tendrá 15 días para impugnar la decisión Incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos podría atraer el caso argumentando que se trata de un caso de interés nacional Al respecto, Bátiz consideró que el dictamen será controvertido, pero la fiscalía lo entregará con base en las pruebas, y luego de que todas las que fueron presentadas por la familia de Digna Ochoa fueron desahogadas Bátiz desconoce el monto total de los gastos que se han realizado en torno a estas investigaciones pero consideró que "es un asunto que merece toda la investigación para esclarecer los hechos" Previamente, la fiscal Margarita Guerra anticipó la oleada de críticas que vendrían por el dictamen final sobre el caso a su cargo, y aunque reconoció ciertas irregularidades en las investigaciones, señaló que todas las pruebas fueron agotadas, y que incluso el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la fiscalía tenía las pruebas suficientes para solucionar el caso