La tortuosa ruta de la partida secreta presidencial

lunes, 21 de julio de 2003 · 01:00
Clave, la declaración del auditor superior Arturo González de Aragón México, D F, 21 de julio (apro)- Por la relevancia de sus declaraciones para esclarecer la ruta de varios millones de dólares que fueron desviados de la Presidencia de la República durante el sexenio 1988-1994, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, y otro de los beneficiarios de la partida secreta que manejó Carlos Salinas como presidente, podrían ser citados a declarar antes de que concluya este mes por la Procuraduría General de la República (PGR) Según el procurador Rafael Macedo de la Concha, la PGR tiene en su poder documentos, datos y evidencias de que el funcionario recibió, en 1992, 18 millones de dólares de la partida secreta de la Presidencia de la República, la cual está bajo investigación por existir sospechas de que una parte de esos recursos fueron a parar a las cuentas que manejaba Raúl Salinas de Gortari Las filtraciones de documentos y las versiones de que Arturo González está siendo investigado surgen a unos días de que se dé a conocer la auditoría practicada a la administración del presidente Vicente Fox, correspondiente a 2002, donde supuestamente existen graves irregularidades En medio del escándalo, González de Aragón le envió un oficio al procurador Rafael Macedo de la Concha, en el que pide el esclarecimiento de las acusaciones y dice estar dispuesto a colaborar en la investigación que realiza la PGR El rastreo para conocer el origen de la fortuna de Raúl Salinas de Gortari --130 millones de dólares depositados en bancos suizos-- llevó a las autoridades a investigar varias hipótesis que terminaron desvanecidas en los tribunales Las autoridades de Suiza establecieron que el dinero de Raúl provenía del narcotráfico Diversos testigos protegidos declararon que conocieron a Raúl Salinas en el negocio de las drogas, antes y durante el gobierno de su hermano Carlos Sin embargo, a mediados de 2002, el juez Paul Perraudin determinó que no había elementos para comprobar que el dinero que Raúl depositó en Suiza provenía del narcotráfico, por lo que el expediente fue enviado a la PGR para que siguiera la investigación La indagatoria sobre la partida secreta inició a finales de la administración de Ernesto Zedillo, y se fortaleció a raíz de que fue grabada una conversación privada entre Raúl Salinas y su hermana Adriana, en la que el hermano del expresidente, enojado por unas declaraciones que Carlos Salinas hizo por televisión, dijo estar dispuesto a “decir toda la verdad” sobre el dinero que tiene depositado en Suiza La conversación, la cual fue filtrada y difundida por Joaquín López-Dóriga en El Noticiero, sirvió a la PGR como probanza de que los recursos no eran de los empresarios Carlos Peralta, Jorge Hank Rhon, entre otros, como venía sosteniendo Raúl en sus alegatos, por lo que la cinta fue enviada por la PGR al juez Perraudín Sin embargo, una vez que las autoridades helvéticas concluyeron que no había elementos para probar que el dinero de Raúl tuvo su origen en el narcotráfico, la PGR centró su investigación en el desvío de recursos de la partida secreta En agosto de 2001, la entonces subprocuradora de Coordinación y Desarrollo de la PGR, María de la Luz Lima Malvido, declaró por primera vez a este semanario que la partida secreta que manejó Carlos Salinas estaba bajo investigación y que la indagatoria implicaba al expresidente y a su hermano Raúl Molesto por algunas filtraciones de la PGR, Mariano Albor, entonces asesor jurídico de Carlos Salinas, envió un alegato de cien cuartillas a la PGR, en la que expuso que Carlos Salinas no puede ser investigado, y menos acusado por el manejo de la partida secreta (Proceso 1282); también pidió que se investigaran las filtraciones sobre esa investigación Conforme avanzó la indagatoria, la PGR descubrió que en la maraña financiera participaron Pedro Aspe y Ernesto Zedillo, ya que en su calidad de secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto, respectivamente, “instruyeron por oficio al tesorero de la Federación a entregar al contador público Ernesto Sentíes Hoyos, en aquella época director general de Administración de la Presidencia”, diversas cantidades de dinero que fueron depositadas en cuentas que manejaba Raúl Salinas, a través de los alias de Juan José González Cadena y Rolando Gutiérrez García En esta maniobra también fueron implicados los hermanos Araceli y Francisco Vázquez Alanís, quienes en el sexenio 1988-1994 se desempeñaron como empleados de la Dirección General de Administración de la Presidencia, a cargo de Sentíes Hoyos, quien ya falleció En julio de 2002, la PGR concluyó la averiguación previa SGD561/014/98 y acusó formalmente a Raúl Salinas de peculado De acuerdo con la investigación de la PGR, durante el sexenio de Carlos Salinas se desviaron de la partida secreta dos mil 218 millones de pesos, de los cuales unos 200 millones fueron a parar a cuentas que manejaba Raúl Salinas El expediente fue consignado ante el juzgado 12 de distrito y se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas La defensa de Raúl Salinas, encabezada por José Luis Nassar Daw, sostiene que la acusación por peculado no tiene sustento, ya que la partida secreta no tiene un fin específico, su uso es discrecional, y por ello no puede ser sujeta de investigación El alegato cita al jurista Pablo Gómez, autor del libro Los gastos secretos del presidente, el cual señala que la partida secreta "se puede utilizar, para sufragar gastos que, incluso, trasciendan las funciones propias del cargo, tales como donaciones, (lo cual) lleva a suponer que la partida secreta no es para gastos de la Presidencia, sino probablemente para un gasto público que rebasa las funciones propias del titular del Poder Ejecutivo o para transferencias a cuentas privadas La partida secreta podría ser usada para ambos propósitos, es decir, para entregar dinero a cuenta de favores o premios de desempeño por actividades políticas y la creación de un fondo personal o familiar del presidente"

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