Marcha atrás de PGR contra exfuncionarios de Pemex

martes, 22 de julio de 2003
*Se desiste de ejercer acción por lavado de dinero y delincuencia organizada *La medida favorece a Rogelio Montemayor y tres excolaboradores México, D F, 21 de julio (apro)- Cuatro exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre ellos el exdirector de la paraestatal, Rogelio Montemayor Seguy, ganaron una primera batalla legal: la Procuraduría General de la República (PGR) resolvió no ejercer acción penal --por falta de elementos probatorios-- por los delitos de lavado de dinero y violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada Persisten, sin embargo, el juicio por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades –este último no es delito grave–, y el proceso de extradición contra Montemayor, quien se encuentra preso en Houston, Texas, desde finales del año pasado Además del exgobernador de Coahuila, la lista incluye a Juan José Domene Berlanga, Julio Pinter González –éste tenía más de 50 años de antigüedad en Pemex--, Carlos Fermín Juaristi Septién y José Alberto Corazón de Jesús Geno Todos estos personajes aparecieron involucrados en el escándalo del Pemexgate, por desviar 640 millones de pesos de la paraestatal a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, en el 2000 El sábado 19, la PGR también determinó el no ejercicio de la acción penal, por los mismos delitos, en el caso de Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato petrolero, y Ricardo Aldana Prieto, senador y tesorero del STPRM La resolución de la Procuraduría también benefició a los dirigentes seccionales Fernando Pacheco Martínez, Miguel Limón Hernández y Jesús Olvera Méndez La determinación se dio a 19 meses de que la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) recibiera la denuncia de la Secretaría de la Función Pública En la denuncia correspondiente se señala que después de haberse desviado 640 millones de pesos, a través del convenio administrativo sindical 9359, celebrado el 5 de junio del 2000, el dinero había sido depositado en una cuenta bancaria y trasladado a un lugar no especificado Durante la investigación, se determinó que ese dinero había ingresado al Partido Revolucionario Institucional, por lo que se acreditó y consignó un delito electoral en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Si bien esta conducta integró el ilícito electoral previsto en el artículo 407 fracción tercera del Código Penal Federal, relativo a destinar fondos de manera ilegal para apoyar a un partido político, se pudo constatar que se no constituyó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, toda vez que no existió el propósito de ocultar el origen y destino del dinero por parte de los indiciados Así, la PGR determinó que los fondos de los que dispusieron estos directivos en Pemex, a través del convenio antes mencionado, fueron destinados para apoyar al PRI durante el proceso electoral del 2000 La PGR explicó, además, “que los funcionarios priistas Jorge Cárdenas Elizondo, Alfonso Bretón Figueroa, Carlos Antonio Romero Deschamps, Luis Ricardo Aldana Prieto, Joel Hortiales Pacheco y Carlos Almada López, en su actuar, de ninguna manera colma el elemento subjetivo distinto del dolo como formador del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en virtud de que su conducta, en cumplimiento a un plan preconcebido, actualizó el delito electoral “Ello, debido a que conociendo el origen ilícito de los 500 millones de pesos distraídos de Pemex, otorgados por el sindicato petrolero, los aprovecharon ilegalmente para apoyar a su organización partidista” De acuerdo con la PGR, estas actividades fueron realizadas durante el proceso electoral de 2000, donde se evidenció su relación con el operativo desplegado para allegarse de estos fondos, a través de instrucciones que giraron a diversos empleados del partido, sin soslayar la realización del Sorteo Milenio Millonario Este acto, señaló la PGR, se utilizó como mecanismo para aparentar ante el Instituto Federal Electoral (IFE) que los recursos ingresaron al PRI de conformidad con lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), lo que de ninguna forma se traduce en que ocultaran el origen de los dineros

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