*Sospecha que las confesiones no se realizaron libremente México, D F, 21 de julio (apro)- Ante la preocupación cada vez mayor por el comportamiento de las autoridades, “que no investigan eficazmente los casos de secuestro y asesinato de mujeres en las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez”, Amnistía Internacional (AI) reveló que está siguiendo de cerca varios casos en los que personas detenidas en relación con estos delitos han afirmado haber sido torturadas y haber sido víctimas de una violación del proceso debido para lograr acusarlas de los crímenes En especial, subrayó el organismo internacional, la negativa de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad a permitir a los sospechosos el acceso a un abogado de su elección y a atención médica ha suscitado honda preocupación por la posibilidad de que las confesiones no se hayan realizado libremente El 9 de noviembre del 2001, Gustavo González Meza y Víctor Javier García fueron detenidos en Ciudad Juárez por un grupo de hombres no identificados en relación con el asesinato de ocho jóvenes, cuyos cadáveres habían sido hallados dos días antes Al parecer, los dos fueron torturados para hacerles confesar los crímenes El 12 de noviembre del 2001 fueron acusados del homicidio y la violación de las jóvenes Sus abogados y familiares han declarado repetidamente que ambos son inocentes El 29 de mayo, Cynthia Kiecker y su esposo, Ulises Perzébal, fueron detenidos en relación con el asesinato de Viviana Rayas, cuyo cadáver se halló el 28 de mayo en la ciudad de Chihuahua Según los informes, los agentes de la policía judicial separaron y torturaron a ambos detenidos para que confesaran Otro caso es el de David Meza, quien se encuentra detenido bajo la custodia de las autoridades judiciales de la ciudad de Chihuahua Según los informes, tras ser detenido fue torturado y obligado a firmar una confesión en la que se reconocía autor del asesinato de una joven Desde entonces se ha retractado de dicha confesión Jesús Argueta, que fue detenido junto con David Meza pero posteriormente fue puesto en libertad, ha afirmado haber sido torturado psicológicamente y amenazado de muerte por agentes de policía Amnistía Internacional afirmó tener preocupación por la seguridad tanto de Jesús Argueta como de David Meza El 14 de julio se encontró el cadáver de una joven en el barrio de Cerro Prieto, en Chihuahua Las autoridades creen que pertenece a la joven Neyra Azucena Cervantes, de 19 años de edad, cuya desaparición se denunció el 13 de mayo del 2003 Sus familiares identificaron como suyas las ropas presuntamente halladas junto al cadáver Sin embargo, desde que se les permitió el acceso al cadáver, los familiares han manifestado sus dudas sobre si realmente el cuerpo es el de Neyra Azucena Cervantes, y han pedido que se realicen pruebas de ADN El padrastro de Neyra Azucena Cervantes, Jesús Argueta, y el primo de la joven, David Meza, fueron detenidos por la Policía Judicial del Estado (PJE) el 14 de julio Mientras estuvieron bajo la custodia de la policía judicial de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) no pudieron acceder a familiares o a un abogado de su elección El 15 de julio, Jesús Argueta fue puesto en libertad sin cargos Declaró que, durante su detención, lo sometieron a una presión psicológica indebida para hacerle confesar el asesinato, y sus interrogadores lo amenazaron con matarlo si revelaba el trato que había recibido bajo custodia Amnistía Internacional siente honda preocupación por su seguridad El 16 de julio, la PGJE presentó a David Meza ante los medios de comunicación, diciendo que había confesado ser el autor del asesinato David Meza se retractó de esa confesión al día siguiente, y denunció que lo habían torturado para obligarlo a firmarla El 17 de julio compareció ante un juez, que determinará los siguientes pasos del proceso judicial Según la familia y su abogado, a David Meza se le ha negado el acceso a un abogado de su elección La PGJE declaró que, durante este periodo, se asignó a David Meza un defensor de oficio Sin embargo, Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos en los que los defensores de oficio han actuado, según los informes, en interés de las autoridades encargadas de la investigación, no en el del acusado, y se han negado a reconocer la intimidación, la tortura o los malos tratos de los que han sido víctimas sus clientes