Sin recursos, en cafeterías como despacho y con incertidumbre sobre su futuro, los consejeros ciudadanos del Consejo de Información Pública del Distrito Federal comenzaron a laborar, pese a que su nombramiento ha sido criticado y juzgado como ilegítimo por el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador El asunto, de acuerdo con el reportaje publicado en el número de Proceso que comienza a circular el domingo 27 de julio, ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en forma de controversia constitucional, pero el fallo será dictaminado hasta que entren en funciones los nuevos miembros de la Asamblea Legislativa, cuyo partido en el gobierno, el PRD, obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 6 de julio Y es que de acuerdo con la creación de dicho consejo, aprobado por la actual Legislatura en la ALDF, María Elena Pérez, Odette Rivas y Leonel Lara, los citados consejeros, deberán gastar en su labor 25 millones de pesos y cobrar mensualmente 115 mil pesos Es por eso --de acuerdo con el reportaje de Proceso que comienza a circular el domingo 27 de julio y en el que hablan los citados consejeros--, que a éstos les urge hablar con López Obrador, para que avale su trabajo; aunque para el gobernante capitalino éste es ilegal