*Buscan que modifique sus observaciones sobre el rescate de Bital, Banamex, Bancomer y Banorte México, D F, 28 de julio (apro)- La embestida que ha sufrido el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, en las últimas semanas, tiene un objetivo, hacer que modifique sus observaciones sobre el rescate bancario de Bital, Bancomer y Banorte, y que aparecieron en su revisión de la cuenta pública del año 2001, así como las que hizo a Banamex en la cuenta pública del 2000, sostuvo el diputado federal del PRI, Víctor Infante González El lunes 28 de julio, González de Aragón ratificaría los señalamientos que formuló al revisar las cuentas públicas del 2000 y 2001, y donde establece que el rescate bancario a estos cuatro bancos se realizó de manera ilegal, pues no eran sujetos a ello, además, de sus observaciones se podrían desprender responsabilidades para los funcionarios públicos que participaron en el llamado Fobaproa En este caso estarían el entonces secretario de Hacienda, José Angel Gurría; los subsecretarios Martín Werner; Guillermo Ortiz, actual gobernador del Banco de México (Banxico); el entonces tesorero de la Federación, Johnatan Devis, actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y miembro del Instituto de Protección para el Ahorro Bancario (IPAB); Eduardo Fernández, titular de la CNBV, y los entonces representantes de Banxico, Guillermo Güemes, Everardo Elizondo y Héctor Tino, este último actual vocal del IPAB, y como representantes del Fobaproa de aquel 1997, Javier Arrigunaga y Gabriel Reyes Orona La historia González de Aragón ratificó en las revisiones de sus cuentas del 2000 y 2001, las irregularidades que el auditor canadiense Michael Mackey encontró en el llamado Programa de Capitalización de Compra de Cartera (PCCC) en Banamex, Banorte, Bancomer y Bital Esas irregularidades por las cuales el gobierno nunca debió incluirlos en el Fobaproa, ascienden en la actualidad a 46 mil millones de pesos En junio del 2002, el entonces contralor del IPAB, Fortunato Alvarez, corroboró lo detectado por el auditor canadiense, y finalmente fueron ratificadas por González de Aragón al hacer la revisión de las cuentas públicas del 2000 y 2001 En un primer momento, en marzo de 2003, y una vez concluida la revisión de las observaciones que González de Aragón hizo al rescate bancario de Banamex, ordenó a las autoridades hacendarias el cobro a dicho banco, de 7 mil millones de pesos, los cuales habían sido absorbidos por el gobierno al momento del rescate Al hacer la revisión de la cuenta del 2001, el auditor superior detectó que los otros tres bancos también habían sido rescatados de manera irregular, encontrando la suma de 39 mil millones de pesos, que de confirmarse en su dictamen de la cuenta pública del 2001, tendría que ordenar también su cobro a dichas instituciones de crédito La maniobra Y detrás de todo esto, funcionarios de la Secretaría de Hacienda intentaron el último minuto del periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura --31 de abril--, encabezados por el exsubsecretario de Hacienda, Agustín Cartens, y el diputado del PRI y vicecoordinador, José Carlos Ramírez Marín, aprobar un convenio entre IPAB y bancos para que se realizaran las ya conocidas auditorías “light” Estas son requisito para que el gobierno intercambie con los bancos los llamados pagarés Fobaproa por pagarés IPAB La urgencia de los bancos por canjear dichos pagarés, explicó Mario Di Constanzo, asesor de la fracción del PRD y exsecretario técnico de la comisión para investigar el IPAB (CIFIPAB), es que dichos pagarés no tienen validez, ya que cuando se firmaron el gobierno federal no solicitó la autorización para contraer dicha deuda, en cambio, los pagarés IPAB sí tienen todo el valor jurídico y económico Sin embargo, la forma en que se proponían las auditorías en dicho convenio --y las cuales el IPAB ha dicho que se deben realizar pero con un carácter amplio-- se modificarían los “términos de referencia” que había indicado el IPAB Así, el convenio proponía que se “pactaría la metodología para la valuación y selección de los créditos” que se auditarían, es decir, se convertiría en una auditoría light con alcances muy por debajo como lo sugerían el mismo PAN, PRD e IPAB Toma distancia el ASF En el convenio se establecía una nueva posición que tendría que asumir el auditor respecto de sus observaciones de las cuentas públicas del 2000 y 2001 En el punto cuatro de dicho convenio se establecía que el auditor solventaría sus observaciones de la cuenta pública de 1999, pero sobre las de 2000 y 2001 habría un cambio “Respecto de las observaciones del 2000 y 2001, el gobierno federal solicitará el cambio de acción promovida en aquellas observaciones que versen sobre su calidad de avalista para reclasificarlas al IPAB como nuevo obligado”, indica el convenio, del cual tiene copia apro Pero todavía peor, en el siguiente párrafo se establecía que, “en este tenor, la Auditoría Superior de la Federación, en su caso, modificará en consecuencia las observaciones y acciones respectivas y relacionará aquellas que se mantienen hasta la conclusión de las auditorías señaladas en el inciso A) del acuerdo primero y la ejecución plena del convenio multicitado” Pero antes, en los considerandos de dicho convenio, en el punto siete, se planteaba que “se ha tomado en cuenta la opinión de la Auditoría Superior de la Federación en relación con los acuerdos que a continuación se proponen” En una carta firmada por González de Aragón y entregada a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor señaló que cualquier convenio que se firmara con los bancos, debería atender a los principios de “legalidad constitucional”, “fiscalización superior” y “autonomía técnica y de trasparencia”, y “claridad en la rendición de cuentas” Sin embargo, de acuerdo con el documento no se desprende ningún aval del auditor superior de la Federación al convenio que cabildeó e intentó que fuera aprobado por la Cámara de Diputados, a espaldas del propio IPAB, el priista Carlos Ramírez Marín y las autoridades hacendarias “Reiterando lo expuesto respecto del planteamiento de la celebración de un convenio entre el IPAB con cada una de las instituciones de crédito que participaron en el rescate bancario”, sostuvo en la carta, a la cual le añadió los principios que deben observarse para su realización Aragón destacó el principio de “autonomía técnica en materia de fiscalización superior, por el cual la ASF no puede comprometer su actuación derivada de resultados que no son conocidos o que no existe certidumbre de obtenerlo” Además, subrayó el principio de “transparencia y claridad en la rendición de cuentas Los procedimientos y resultados que, en su caso, deriven del posible convenio, deberán ser validados por las autoridades competentes, tanto del Poder Ejecutivo como de la Cámara de Diputados González de Aragón detalló también los principios de “legalidad constitucional relativo a la competencia, fundamentación y motivación de los actos de autoridad objeto de los documentos mencionados El de fiscalización superior del ejercicio de los recursos federales, señalados por la Constitución federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Ley del IPAB y demás ordenamientos legales aplicables