Jalapa, Ver , (apro)- Pese a que un mes después de que Sabás Huesca Rebolledo renunció a ser portavoz de Miguel Alemán, y de que la Contraloría local lo exoneró de ilícitos en el manejo de recursos públicos, hoy la misma instancia lo denunció penalmente, por peculado y abuso de la función pública, lo que habría causado un daño patrimonial a la hacienda estatal por 29 millones 331 mil 627 pesos “No soy culpable”, exclamó Huesca Rebolledo tras la rejilla donde rindió su declaración previa ante el juzgado de primera instancia del penal de Pacho Viejo, en donde está recluido desde la tarde de ayer, luego de haber sido detenido en la capital de la República por elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra por la PGJE De acuerdo con la causa penal 278/2003, iniciada con base en la denuncia presentada por el director jurídico de la Contraloría General del Estado, Genaro del Angel Amador, a Sabás Huesca se le acusa de haber autorizado el pago de facturas a por lo menos ocho medios impresos de poca o nula circulación, cuyos montos van de los 2 a los 10 millones de pesos, “sin justificar la contratación de los servicios” La renuncia del excoordinador de Comunicación Social se originó en abril del 2002, sin embargo, fue hasta el 21 de mayo del 2003 que la coordinación general de Programas Especiales de Fiscalización de la Contraloría local realizó una auditoría a los tres años en que Huesca Rebolledo estuvo al frente de esa área, según se desprende de la denuncia dada a conocer en el juzgado respectivo En ésta se señala que, con base en “diversas auditorías de fecha 21 de mayo del 2003” a los ejercicios de 1999 al 2001, se desprende la presunta responsabilidad cometida por Sabás Huesca, que en ese periodo se desempeñó como coordinador de Comunicación Social; de Gilberto Martínez Velázquez, que ocupó el cargo de secretario particular, y de Gabriel Rodríguez Palmeros, quien fungía como director de Administración y Finanzas Se explicó que la auditoría consistió en verificar la correcta aplicación de recursos presupuestarios, materiales, financieros y humanos de la Coordinación de Comunicación Social, incluyendo los recursos de otras dependencias del Ejecutivo estatal que eran prorrateados al área que tenía bajo su responsabilidad Sabás Huesca Así, se asegura que se advirtieron “irregularidades” con motivo de pagos efectuados indebidamente a diversos medios, los que con frecuencia eran repartidos de manera gratuita en oficinas públicas o domicilios particulares, “situación que revela un cierto interés personal al favorecerlos con la asignación de anuncios del gobierno del estado” Inclusive, insiste la Contraloría, “tal situación revela un interés personal”, en virtud de que cuatro de los beneficiarios presentan cierta facturación de manera consecutiva por un importe de un millón 903 mil 473 pesos, cuestión que refleja que se desarrollaron operaciones con años de antelación, exclusivamente con la coordinación de Comunicación Social En relación con los 29 millones 331 mil 627 pesos, subraya, “existen pagos por la cantidad de 19 millones 795 mil 800 pesos que no cuentan con ninguna evidencia en relación con el tipo de servicio prestado por los beneficiados, toda vez que las facturas liquidadas únicamente mencionan que se trata de difusión de actividades gubernamentales, sin detallar el tipo de anuncios que fueron publicitados” Ahí en el juzgado se ventilaron nombres de algunos medios supuestamente beneficiados durante la gestión de Sabás Huesca, por concepto de difusión informativa de los mensajes de Miguel Alemán Por ejemplo, a la empresa Alberto Domínguez y Asociados AC, con domicilio en el Distrito Federal, le liquidaron 2 millones 346 mil pesos con base en facturas consecutivas del 1 a la 186 En tanto, el director del periódico Marcha, Saúl Contreras Beltrán, recibió 10 millones 852 mil pesos, pese a que su publicación aparece de lunes a viernes y sólo tiene 20 páginas, “con una pobre aceptación del público”, pues inclusive resulta difícil conseguirlo en cualquier expendio, “por lo cual es regalado en oficinas públicas y con frecuencia en domicilios particulares” Se señaló que dicho periódico, de 1999 al 2001, tuvo escasa penetración como medio informativo, sin embargo, se le liquidó la cantidad de 2 millones 15 mil pesos por concepto de inserción de anuncios Por si fuera poco, enfatiza que le pagaron 8 millones 307 mil pesos “en cantidades fijas mensuales prorrateadas en los presupuestos de todas las dependencias” Lo mismo ocurrió con “El Mundo de Xalapa”, SA de CV, que igualmente resulta difícil adquirirlo, pero en el mismo periodo le efectuaron pagos por casi 3 millones de pesos; a un supuesto rotativo de Tihuatlán, al norte del estado, se le liquidaron casi 2 millones, y al “Economista”, SA de CV, del Distrito Federal, 3 millones 945 mil pesos, “sin que haya evidencia de la difusión de la actividad gubernamental” Al periódico Hispano, del DF, le anticiparon cantidades amparadas con facturas seriadas de la 219 a la 570, por 3 millones 143 mil pesos; al semanario Sotavento de Minatitlán le liquidaron más de 2 millones; y al periódico Línea, las revistas Red Privada y Foro Fiscal, propiedad de Antonio Vázquez Gándara, le cubrieron pagos por un millón 703 mil pesos Se incluye el pago de 20 mil pesos por la publicación de una caricatura en Excélsior, “con fines partidistas” “No soy culpable de ningún delito, ni de peculado, abuso de autoridad ni de ninguna otra clase”, respondió Sabás Huesca a la agente del Ministerio Público una vez que conoció el contenido de la denuncia, y preguntó: “Por qué esos medios y no otros, dado que tienen una lista enorme y que yo tenía la instrucción de trabajar con los medios necesarios para difundir la obra de gobierno” Sobre los hechos exhibidos, acotó, “no es una novedad”, para luego subrayar que la acción penal emprendida en su contra, “es una coacción para intentar que yo desista de dos demandas que tengo instauradas”: Una contra el Diario de Xalapa, y otra posterior contra la Compañía Periodística del Sol de Veracruz y su consejo de administración, precisó En este caso, cabe señalar que estas compañías son propiedad de Mario Vázquez Raña, quien es el presidente del consejo de administración de la OEM; y las denuncias interpuestas por Huesca Rebolledo contra esta compañía periodística incluyen a Francisca Ramos, Miriam Vázquez Ramos y Mauricio Vázquez Ramos, además a la exdirectora del Diario de Xalapa, Sonia García Insistió: “Por qué sólo mencionas a esos medios y no a otros, porque también habría que ver las cantidades que se giraron durante tres años” La conclusión, subrayó, “es la misma, no soy culpable de ningún delito”, e invitó a periodistas y dueños de periódicos “a que digan cuándo acepté o pedí nada, ni un centavo, ellos los saben y si alguien tiene algo en contra, por favor, adelante” Antes de retirarse de la mesa del juzgado en donde rindió su declaración preparatoria y de que su abogado defensor solicitara una prórroga de 144 horas para aportar pruebas de descargo, Sabás Huesca se limitó a responder a la prensa en torno a su situación jurídica: “Ustedes lo saben mejor que yo, saben perfectamente de dónde viene” --¿Es una venganza política? --se le cuestionó, y optó por guardar silencio Sin embargo, lo confirmó con un movimiento de cabeza En cambio, para su esposa Laura Martí, la detención de Sabás Huesca “es una venganza y una coacción para tratar de que retiremos las denuncias” --¿Considera que la compañía periodística a la que denunciaron está influyendo en las decisiones del gobierno del estado? --se le cuestionó a Laura Martí —Es gente muy poderosa, podríamos suponer que tiene un poco de influencia Sabíamos que nos estábamos enfrentando a una gente muy poderosa, pero no calculamos qué tipo de riesgos nos enfrentaríamos con la denuncia interpuesta en noviembre, por daño moral y perjuicios, a partir de las publicaciones que hicieron contra Sabás Huesca 02/07/03