Hasta el último minuto, Hacienda maniobró para bloquear al auditor

miércoles, 30 de julio de 2003
* Toca ahora fincar responsabilidades a funcionarios vinculados al rescate bancario México, DF, 29 de julio (apro) - Luego de que la Auditoría Superior de la Federación ordenó ayer descontar 50 mil millones de pesos a cuatro bancos beneficiados por el Fobaproa, no ha menguado la embestida que ha sufrido el auditor Arturo González de Aragón Así, la ASF pedirá al IPAB o a la Secretaría de Hacienda quitar tales recursos a Bital, Bancomer, Banorte y Banamex Al rendir su informe de auditorías a la Cuenta Pública 2001, González de Aragón sostuvo que, a precios históricos, a Bancomer le descontarían 11 mil 9723 millones; a Banorte, mil 7128 millones; a Bital 4 mil 6493 millones, y a Banamex mil 931 2 millones de pesos El último intento Sin embargo, meses atrás ya se fraguaba la estrategia para disculpar a los bancos del pago de su rescate irregular y la evasión de responsabilidades legales y económicas de los funcionarios del Fobaproa, según se desprende del documento elaborado en junio del 2002 por la propia Secretaría de Hacienda y del cual Apro cuenta con una copia De acuerdo con dicho documento, elaborado por la Dirección General de Banca y Ahorro, cuyo titular es Luis Mancera Arrigunaga --primo del exdirector del Fobaproa, Javier Arrigunaga--, se preveía como plan "A", descrito en la página 18, lo siguiente: "Limitar el alcance de las revisiones lo máximo posible en términos de ley, sensibilizar a la Junta de Gobierno del IPAB y, encauzar las expectativas del auditor superior y de la Secodam (hoy de la Función Pública)" Lo anterior mostraba, amplía el diputado del PRD y secretario de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, José Antonio Magallanes, las intenciones de la SHCP --apoyadas por la CNBV-- de beneficiar a los banqueros En el libro de reciente publicación titulado "El rescate bancario, una visión desde el Congreso", sus autores, Mario Di Constanzo y José Antonio Magallanes, ofrecen detalles de todas las irregularidades que se presentaron en el rescate bancario y que fueron delineadas por el auditor canadiense Michael Mackey, corroboradas por el excontralor del IPAB Fortunato Alvarez y, en marzo pasado, ratificadas por el auditor González de Aragón Por todo esto, el diputado del PRI, Víctor Infante, sostiene que el auditor superior de la Federación ha sido objeto de ataques, involucrándolo en el cobro de supuestos pagos irregulares de la Presidencia de la República en tiempos de Carlos Salinas de Gortari Y luego de que González de Aragón sostuvo sus observaciones, las autoridades tendrán que investigar a fondo a todos aquellos funcionarios que promovieron e intervinieron en el rescate bancario y, en su caso, fincárseles responsabilidades económicas y penales Una semana antes de las elecciones, el priista Carlos Ramírez Marín, el panista Raúl Martínez y el perredista José Antonio Magallanes intentaron llegar a un acuerdo con los banqueros para que se sometieran a las auditorías, revela Mario Di Constanzo Magallanes puso sobre la mesa una auditoría similar a la que demanda el IPAB, con alcances amplios, legales y mediante la cual se detectarían irregularidades adicionales a las ya ubicadas por el auditor superior de la Federación, la cual fue rechazada, truncándose las negociaciones con los banqueros Por esas fechas, las encuestas políticas apuntaba a que el PRI podría obtener mayoría relativa en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, hacerlo nuevamente su aliado para promover el convenio con alcances limitados y para obtener finalmente el intercambio de pagarés, consideran el diputado Magallanes y el asesor Di Constanzo En paralelo, continúan, los banqueros apuestan a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les otorgue el amparo que promovieron desde septiembre del 2002 para evitar las revisiones Si no en su totalidad, sí que se pronuncie contra las llamadas auditorías de "legalidad", y permitan sólo las de "gestión" y "existencia" Y es que estas dos últimas tiene su fundamento jurídico en la legislación mercantil y no en el mandato del Congreso de la Unión, dado a través del artículo quinto transitorio de la ley del IPAB Esto sucedería si la SCJN determina que el trabajo del canadiense Mackey es la auditoría ordenada por el Congreso, por lo que para concluirla se tendrían que aplicar en su totalidad las recomendaciones establecidas en los llamados "banck reports", que son los documentos que contienen la descripción detallada de las operaciones de capitalización y compra de cartera para los cuatro bancos: Banamex, Bancomer, Bital y Banorte En estas descripciones se identifican las transacciones ?reportables?, así como las violaciones en los procesos de capitalización de los bancos, y ahí se observa claramente, explica Di Constanzo, que ni Bancomer ni Banamex requerían de los apoyos financieros del gobierno Los diputados panistas David Rodríguez y Joel Vilches presentaron, durante el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, una denuncia ante la Contraloría contra Johnatan Davis, al considerar que incurre en conflicto de intereses al haber participado como firmante de los pagarés del Fobaproa y ser hoy el presidente de la CNBV y miembro de la junta del IPAB, la cual es finalmente la que obliga, en su artículo transitorio, a la realización de las mencionadas auditorías La respuesta de la extinta Secodam fue justificar su firma en los pagarés, pues, sostuvo, era el tesorero de la Federación Davis sería uno más de los funcionarios a los que se les podrían fincar responsabilidades por el rescate irregular a los cuatro bancos más importantes del país

Comentarios