En las cárceles mexicanas no son los delincuentes de alta peligrosidad los que purgan sus condenas con mayor frecuencia, sino las personas pobres, de bajos recursos y cuya justificación para la comisión de un delito es la desintegración social Así lo revela una encuesta elaborada por especialistas de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), y publicada recientemente con el título Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional, en cuyas conclusiones se fundamentó el reportajeque publica Proceso en su edición 1397 Dicha encuesta se aplicó de mayo a junio de 2002 y tuvo el objetivo de conocer los aspectos sociodemográficos, historias delictivas, desempeño institucional y condiciones de vida de los reclusos La conclusión que mayor impacto causó fue que las estrategias contra la delincuencia actual han sido pobres y es el sector más marginado del país el más afectado por las mismas Los sistemas de seguridad pública y justicia penal son “ineficaces” y “arbitrarios”, pues castigan la pobreza y violan los derechos humanos tanto de los prisioneros como de sus familiares, quienes tienen que pagar por visitar a sus parientes presos, dice el estudio Añade que además las autoridades no están dando prioridad a la persecución de delincuentes peligrosos El reportaje de Proceso, cuya edición circula a partir de este domingo 10 de agosto, menciona que durante su investigación los especialistas se percataron de que la marginalidad social es el común denominador entre los presos encuestados y que “un país que no ofrece perspectivas ni posibilidad de desarrollo a un importante grupo social difícilmente podrá controlar el crecimiento de sus índices delictivos”