Autoridades penitenciarias, primeras en violentar el marco legal (Segunda parte)

lunes, 11 de agosto de 2003
*Sin oportunidades de desarrollo no se podrá frenar la violencia, dicen México, D F, 11 de agosto (apro)- Los investigadores Marcelo Bergman, Ana Laura Magaloni y Lidia Negrete, de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) –luego de una encuesta realizada entre internos recluidos en distintas prisiones del Distrito Federal, Morelos y Estado de México--, encontraron en la desarticulación social de los presos otro elemento íntimamente relacionado con la delincuencia El sondeo reveló que la población en reclusión tiene como denominador común la marginalidad social Por ejemplo, la proporción de los internos que ingresaron al mercado laboral siendo menores de 15 años es de 69 por ciento, es decir; el 30 por ciento de la población en general La cuarta parte de ellos se vio en la necesidad de abandonar su hogar antes de cumplir los 15 años Se encontró también que 22 por ciento de los internos refirieron que abandonaron su hogar antes de lo 15 años y que lo hicieron por buscar un empleo o, bien, por la violencia intrafamiliar Un 33 por ciento dejó su casa porque sus padres eran adictos al alcohol Un dato significativo fue que 20 por ciento del total de los internos entrevistados reconocieron haber tenido al menos un familiar en prisión, lo que, a juicio de los especialistas, “demuestra claros signos de desarticulación social de las familias en las que se desenvolvieron” La proporción de mujeres en reclusión representa 5 por ciento del total de la población Si embargo, 59 por ciento de las internas reportaron que tuvieron su primer embarazo en la adolescencia, cifra 40 por ciento superior al porcentaje nacional Además, la proporción de mujeres que se encuentran en reclusión simultáneamente con su pareja es sustancialmente mayor a la de los varones --274 por ciento contra 35 por ciento--, lo cual, subrayan, “demuestra que el vínculo de pareja constituye uno de los principales factores que explican la conducta delictiva de las mujeres” Los investigadores sostuvieron que “un país que no ofrece perspectivas ni posibilidad de desarrollo a un importante grupo social, difícilmente podrá controlar el crecimiento de sus índices delictivos” Afirmaron que uno de los mayores retos que enfrentan las instituciones que componen el sistema penal es el elevar la calidad y eficacia de los servicios que prestan, con el fin de recuperar la confianza de los ciudadanos” En ese terreno, propusieron: Mejorar la investigación policial de las procuradurías mediante el uso de herramientas y técnicas criminalísticas profesionales; establecer un sistema de incentivos que premie y otorgue reconocimientos a policías y agentes del MP no sólo por el número de consignaciones, sino por la gravedad, en términos sociales, de los delitos cometidos por los delincuentes; generar los incentivos necesarios para que los jueces penales fiscalicen y controlen la labor de policías y ministerios públicos, y fortalecer la defensoría de oficio como una forma de atenuar los abusos y las atropellos cometidos por jueces y MP En los patrones e historias delictivas, los investigadores encontraron otros indicadores interesantes Por ejemplo, que el sistema de justicia se concentra mayoritariamente en castigar los delitos contra la propiedad, de baja cuantía, cometidos por delincuentes comunes, en lugar de combatir a los delincuente más predatorios Con los internos sentenciados por delitos contra salud se observó que la mayoría fueron detenidos con droga valuada en poco más de mil pesos; otro tanto, dijo que el valor no rebasaba los 175 pesos y 10 por ciento declaró que la droga que portaba era de 3 mil 900 pesos Sobre los aspectos ambientales que privaron durante la comisión de los delitos, los investigadores no detectaron un horario del día de mayor incidencia En cuanto al lugar, 48 por ciento respondió que lo cometió en la calle; 24 por ciento en casas u oficinas; 6 por ciento en un vehículo, y 5 por ciento en tiendas Además, 37 por ciento de los internos admitió haber consumido alcohol o drogas por lo menos seis horas antes de cometer el delito El porcentaje creció en las personas acusadas de delitos sexuales, seguidos por los ilícitos con violencia y robo simple De igual forma, 38 por ciento de los entrevistados utilizó arma de fuego en la comisión del delito y 80 por ciento de las víctimas fueron hombres y 20 por ciento mujeres La mitad de quienes utilizaron arma de fuego lo hicieron contra personas, 24 por ciento en delitos contra el patrimonio y 15 por ciento en ilícitos sexuales En 50 por ciento de los delitos violentos, resultaron personas heridas En homicidios, 48 por ciento de los acusados conocían a la víctimas, debido a que se trataba de familiar, amigo o conocido En el caso de las violaciones, 69 por ciento de los sentenciados tenían algún vínculo con la víctima y, en más de la mitad de éstos, la víctima fue familiar o amigo Un dato más: reportaron que 10 por ciento de sus víctimas eran menores de 10 años y 30 por ciento menores de 14 El documento Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional detectó también ciertos grados de “ineficiencia” y “corrupción” en el trayecto que siguen los delincuentes, desde su detención hasta el momento en que son juzgados y sentenciados Los autores dijeron que “la encuesta sugiere la existencia de una violación sistemática de los estándares legales por parte de las autoridades del sistema penal Desde el momento de la detención hasta que se dicta sentencia, las autoridades violan las Constitución y las leyes “La encuesta ubica también que los espacios de corrupción son mayores en las etapas iniciales del proceso y que los abogados defensores de los acusados son un débil eslabón dentro del sistema penal” Durante su estancia en la agencia del MP, 91 por ciento de los entrevistados declaró que no le explicaron la diferencia entre Ministerio Público y juzgados; 80 por ciento que no le informaron de su derecho a reservarse su declaración; 72 por ciento que no supo que tenía derecho a hacer una llamada telefónica y 70 por ciento no fue asistido legalmente por un abogado Sobre las condiciones procesales en los juzgados penales, 66 por ciento dijo que no le informaron de su derecho a no declarar; 27 por ciento que no contó con un abogado durante su declaración; 71 por ciento que no estuvo presente el juez durante su declaración; 80 por ciento que nunca habló con éste, y 59 por ciento que escuchaba mal o no entendía el juicio Y poco menos de la mitad de los internos (46 por ciento), aseguró que no se sintió bien defendido por su abogado

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