* La mayoría de reclusos purga penas por robos de poca cuantía, revela estudio México, D F, 11 de agosto- En los centros penitenciarios se encuentran recluidos no los delincuentes más peligrosos, sino los más pobres, aquellos cuya detención y castigo ofrecen menos dificultades tanto a las órganos de seguridad como a los de procuración y administración de justicia Además, buena parte de lo bienes y servicios que demandan los internos son provistos por los familiares y no por las instituciones carcelarias, como establecen las normas nacionales y los tratados internacionales en la materia suscritos por el gobierno mexicano Dentro de las cárceles prevalece, así mismo, una “organización informal” y “violatoria del marco legal vigente” que propicia abusos y corrupción Y la “ineficacia” y lo “arbitrario” de los sistemas de seguridad pública y de justicia penal “minan” la confianza ciudadana y “socavan los cimientos mismos del estado de derecho” A tales conclusiones llegaron Marcelo Bergman, Ana Laura Magaloni, Lidia Negrete y Elena Azaola, los tres primeros investigadores de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y, la última, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), luego de levantar una encuesta entre internos recluidos en distintas prisiones del Distrito Federal, Morelos y Estado de México, donde se concentra 21% del total de la población penitenciaria del país Financiada por The William and Flora Hewlett Foundation, la encuesta se aplicó en los meses de mayo y junio de 2002, con el objetivo de conocer aspectos sociodemográficos, patrones e historias delictivos, desempeño institucional y condiciones de vida en prisión de la población muestra Con los resultados obtenidos se elaboró el informe Delincuencia, marginalidad y desempeño institucionla, de reciente publicación, donde los investigadores destacan que es la primera vez que en México se hace un proyecto de esta naturaleza, y refieren que su trabajo tuvo por objetivo tomar una primera fotografía de lo que, a lo largo del tiempo, “conformará el mapa longitudinal acerca de las modalidades delictivas, el perfil de los delincuentes y la percepción que la población en prisión tiene acerca de la capacidad disuasiva de las fuerzas de seguridad, así como del desempeño de las instituciones de procuración y administración de justicia en México” Sostienen que las estrategias contra la delincuencia impulsadas en la última década “han sido pobres”, y atribuyen las causas a que “las políticas públicas de control del crimen por lo general se han diseñado e instrumentado sin suficiente evidencia empírica que las sustente” La información recolectada por las autoridades en esta materia –afirman-- “ha sido, históricamente, incompleta, parcial y de baja calidad” Y aclaran que poco se sabe acerca de la criminalidad y del desempeño de las instituciones encargadas de prevenirla y castigarla, por lo que la información surgida de la encuesta “debe servir para elaborar tanto estrategias puntuales de prevención del delito, como reformas institucionales enfocadas a mejorar la calidad y eficacia de los sistemas de seguridad pública y de justicia penal” en México Esto fue lo que obtuvo el grupo de investigación coordinado por Marcelo Bergman: Del análisis de la información sobre el funcionamiento actual de los sistemas de seguridad pública y de justicia penal, encontraron que no sólo resultan “ineficaces”, sino “arbitrarios”, porque aparte de que castigan la pobreza, violentan derechos constitucionales de los internos, así como la de sus familiares Las cifras así lo demostraron: 60% de la población en reclusión fue capturada en flagrancia por la policía preventiva; 50% de los internos fueron detenidos por robos menores y sin violencia, y 25% por robo valuado en menos de mil pesos Además, 58% de los detenidos fueron trasladados al MP en un lapso de dos horas; 23% entre tres y seis horas, y 13% tardó entre siete y 24 horas Sólo tres de cada diez detenidos fueron informados de las causas de su detención Más: 80% de los internos encuestados aseguraron que nunca se les informó que tenían derecho a reservarse su declaración, y 70% manifestó que no tuvo asesoría legal durante el tiempo en que permaneció bajo la tutela del MP Las violaciones a las garantías constitucionales se prolongaron a los juzgados: 66% no fueron informados de que podían abstenerse de declarar ante el juez, y 80% de los internos nunca tuvo contacto directo con el titular del juzgado En las prisiones, los investigadores encontraron, así mismo, una organización informal y violatoria del marco legal Las familias asumen con frecuencia, dicen, una parte importante de los costos de reclusión del interno, además de tener que lidiar con el “sistema de sobornos que priva en el sistema penitenciario” Por ejemplo, 90% de los internos aseguró que su familia los asiste con alimentos; 49%, con medicamentos, 85% con ropa y calzado, y 64%, con dinero Además, 35% denunció que su familia tiene que pagar por mandarlos llamar cuando los visita y 29% por que les permitan pasar comida Del análisis de esos datos, los autores establecen que el hecho de que más de 60% de los internos hayan sido capturados en flagrancia, que 50% de la población en reclusión compurgue penas por robos de poca cuantía, y que la mayoría de los internos sancionados por delitos contra la salud cayó en la cárcel por tráfico con valor promedio de mil 168 pesos, indica que las autoridades de la(s) procuraduría(s) no están dándole prioridad a la persecución de delincuentes peligrosos “Dicho de otra forma, el sistema de incentivos que rige al interior de las agencias del Ministerio Público premia el número total de consignaciones, pero no así la gravedad, en términos sociales, del caso consignado”