Tuxtla Gutiérrez, Chis , 14 de agosto (apro)- El gobierno intenta culpar a estudiantes normalistas de la muerte del chofer de una camión que los transportaba de regreso a su escuela luego de una marcha realizada el miércoles pasado A su vez, los estudiantes se defienden, y culpan al gobierno de Pablo Salazar como el de gente “maquiavélica que envió al sicario, para hacerlos caer en una trampa” La noche del miércoles, el camión repleto de normalistas circulaba al poniente de la ciudad, cuando una camioneta los alcanzó, y de ella una persona del sexo masculino sacó un arma de fuego que disparó a quemarropa sobre la ventanilla del costado izquierdo del camión, a la altura del chofer Joel David Martínez López, hiriéndolo de gravedad Como pudieron, los jóvenes intentaron salvarle la vida; buscaron medicamentos de primeros auxilios entre tiendas y vecinos, pero finalmente fue trasladado al Hospital Regional de esta ciudad, donde perdió la vida cerca de las 21:00 horas Inmediatamente, el gobierno del estado emitió un boletín titulado: “Ningún atentado: provocación premeditada con asesinato alevoso”, y asegura que Martínez López, de 52 años, originario del Estado de México, conducía un autobús cuando recibió un disparo a quemarropa, que le hizo una persona en el interior del vehículo Para el gobierno no hay duda que, según sus investigaciones, “el disparo no provino del exterior, sino que fue realizado por una persona sentada, en el interior del vehículo” Para la PGJE, los estudiantes escondieron el autobús para impedir la realización de las diligencias correspondientes y se han negado a someterse a la prueba de radizonato de sodio, que permita comprobar si realizaron disparos de arma de fuego “Estos hechos comprueban que la presencia de gente ajena a la entidad busca enrarecer el ambiente, generar inestabilidad y forzar una salida para modificar la firme determinación del gobierno estatal de transparentar la asignación de plazas al magisterio, sin prestarse a negociaciones y discrecionalidades”, dice le comunicado oficial Sin embargo, los normalistas dicen que el disparo fue hecho de fuera, incluso enseñaron a varios reporteros la unidad En ella se observa un orificio con entrada de bala del exterior hacia el interior Los cristales de la ventanilla izquierda están en el suelo dentro de la unidad, entre la silla del chofer y la pared metálica Los jóvenes estudiantes acusaron al gobierno de tener “una mente perversa y maquiavélica”, a fin de acusar a los normalistas y justificar la represión También rechazaron que anden armados Peritos de la PGJE arribaron a la Escuela Normal y, justo cuando empezaban a realizar su trabajo en el camión, fueron echados del centro educativo, bajo el argumento de que les estaban ‘sembrando’ una ojiva de bala, que supuestamente localizaron en el lado derecho del conductor, en el segundo escalón de la puerta “Siembran” evidencias Los normalistas se resisten a entregar la unidad donde fue baleado el conductor, pues temen que los peritos de la PGJE “siembren” más pruebas, dijo Carlos Escobar, dirigente normalista “Ahora dizque descubren una ojiva por donde pasamos decenas de jóvenes cuando bajamos del camión, y ahora salen con que el conductor era adicto a las drogas”, sostuvo Escobar En conferencia de prensa, el procurador Mariano Herrán Salvatti dio a conocer que Martínez López resultó positivo en el examen toxicológico, como consumidor de mariguana y cocaína; incluso en sus pertenencias le encontraron algunos envoltorios de esas drogas El procurador dijo que están en calidad de presentados cinco normalistas que arribaron a reclamar el cuerpo; estas personas, desde la madrugada, fueron interrogadas y siguen todavía recluidas en los ‘separos’ de la PGJE Tras insistir en que la agresión fue interna, el procurador no quiso referirse al orificio de bala que entró desde la ventanilla izquierda del camión Funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en voz del visitador general Ignacio Rodríguez Cal y Mayor, denunciaron que funcionarios de la PGJE les han impedido realizar su labor para testificar que no se violentan los derechos de inocentes, por órdenes del procurador Mariano Herrán Salvatti