* Insuficiente el fallo de la SCJN para resolver el conflicto político, dicen Oaxaca, Oax , 19 de agosto (apro)- Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya emitido una resolución para recomponer el poder local y resolver momentáneamente el conflicto político de Santiago Amoltepec, si no se atiende la reestructuración del tejido social comunitario “se corre el riesgo de repetir acciones violentas en un futuro cercano”, advierten organismos no gubernamentales El informe “Santiago Amoltepec: Violencia, impunidad y olvido” elaborado por la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH), Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y el investigador Juan Carlos Martínez, revela que en ese municipio de la sierra Sur se han cometido “graves violaciones” a las garantías individuales y colectivas, particularmente a la facultad política de elegir libre y legítimamente a sus autoridades municipales mediante la práctica de sus usos y costumbres El informe añade que también son menoscabados los derechos civiles en cuestiones de seguridad jurídica y acceso a la justicia; los económicos, sociales y culturales, entre ellos al desarrollo, a la educación, salud y al respeto a sus derechos territoriales El documento concluye que el fondo del conflicto político electoral de Santiago Amoltepec radica en la imposición de las autoridades municipales por parte del PRI a través de los diputados Juan Ramón Díaz Pimentel y Carlos Aragón, así como por la intromisión del legislador del PRD, Salomón Jara Cruz Resalta que la presencia de los partidos políticos en la organización interna de Santiago Amoltepec acrecentó la división y confrontación interna, favoreciendo el rompimiento del tejido comunitario y evitando la cohesión ante los conflictos de límites de tierra Otro elemento que influye, es la impunidad en los conflictos por límites de tierra, lo cual “habla del desinterés y de la enorme incapacidad del gobierno del estado por resolverlos; pareciera que le conviene más administrar las situaciones de conflicto que darles una solución de fondo, por lo que este lucrar con los conflictos debe de terminar”, abunda El informe agrega que “los intereses externos por los recursos naturales de la región también están presentes, como es la construcción de una planta hidroeléctrica sobre el río Verde, la explotación de la mina del paraje La Guacamaya y otros proyectos de inversión privada que se enmarcan en el Plan Puebla Panamá y que se plantean para desarrollar la región, pero que no cuentan con una aceptación local” A esto hay que sumarle el rezago social que se tornó aún más crítico a raíz del conflicto político porque obstaculizó la implantación de los programas sociales, educativos y de salud que atienden las necesidades básicas de la población Aclara que por el conflicto político, unos 400 niños y niñas perdieron el ciclo 2000-2001, mientras que los servicios de salud siguen siendo irregulares por la falta de personal y de medicamentos