México, D F, 20 de agosto (apro)- A ocho años de que el gobierno federal rescató a la banca, aún quedan muchas dudas sobre la posibilidad que tiene para recuperar parte del dinero que ilegalmente utilizó para apoyar a los banqueros En 1997, la Cámara de Diputados decidió investigar el procedimiento del rescate bancario Así, se contrató a un auditor canadiense, Michael Mackey, quien detectó y documentó las razones por las que cuatro de los hoy principales bancos del país nunca debieron haber sido rescatados Tiempo después, en marzo del 2001, el entonces contralor del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) realizó una nueva investigación encontrando las mismas irregularidades Pero nada sucedió Este año, el auditor superior de la Federación, en las revisiones de las cuentas públicas del gobierno federal de los años 2000 y 2001, detectó las mismas irregularidades, que suman un costo para el erario de 45 mil millones de pesos que, a valor actualizado, alcanza los cien mil millones Inició entonces una verdadera negociación entre los banqueros beneficiados y la Cámara de Diputados a fin de que se realizaran las auditorías necesarias para intercambiar pagarés Fobaproa --que actualmente no tienen ningún valor, pues se firmaron sin autorización del Congreso de la Unión, en 1995-- por pagarés IPAB Pero debido a las irregularidades detectadas por el auditor superior de la Federación, banqueros y funcionarios federales iniciaron un cabildeo para que todas las ilegalidades que se cometieron, no quedaran reflejadas en dichas auditorías o que, por lo menos, tuvieran un costo de apenas 13 mil millones de pesos El asunto cobró nuevamente los titulares de los medios de información, el motivo, que en el 2005 vencen los primeros pagarés y a los banqueros les urge que antes del plazo se intercambien por documentos del IPAB, con valor jurídico El problema, ya de por sí complicado, lo enrareció aún más el gobierno federal cuando entró en defensa de los banqueros y de las propias autoridades hacendarias, y es que, de realizarse las auditorías, se podrían fincar responsabilidades entre quienes autorizaron de manera ilegal e irregular el rescate bancario; se trata de quienes participaron en 1995 en el llamado “comité técnico del Fobaproa”, en su mayoría gente que aún se mantiene en el gobierno Destaca, por ejemplo, la participación --y a quien se le debieran fincar responsabilidades-- de Guillermo Ortiz Martínez, actual gobernador del Banco de México y quien busca su reelección por ocho años más en dicha institución Está Jonathan Davis, actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Francisco Gil Díaz, actual secretario de Hacienda, y Héctor Tinoco, actual vocal “independiente” del IPAB, entre los más conocidos Todos, desde abril del 2003, han maniobrado junto con los bancos para que las ya famosas auditorías, que son consideradas obligatorias, no tengan los alcances que debieran; no se les exija a los bancos el regreso del dinero que el gobierno federal utilizó de manera ilegal para su rescate, pero sobre todo, acabar con la sombra que desde 1995 los ha seguido, el que se les finque responsabilidades, tanto administrativas como penales, por haber pactado de manera ilegal con los banqueros en su rescate La fracción del PAN en la Cámara de Diputados no quiso cargar con ese cadáver que le está costando al erario miles de millones de pesos, así es que cedió a las demandas del PRD para exigir al IPAB que cumpla con su obligación de realizar las auditorías que la ley del IPAB ordena, y el PRI, para evitar verse avasallado por el resto de los partidos políticos, se unió a la demandas Sin embargo, se trató de un simple pronunciamiento político que no tiene efectos jurídicos Por esta razón, los banqueros se manifestaban tranquilos, no contaban con el giro que las autoridades judiciales darían en los últimos días al considerar que sí se les debe auditar Perdidos, los banqueros recurrieron a un viejo amigo que desde 1995 los ha ayudado: Francisco Gil Díaz, quien maniobró para que, a pesar de existir una orden judicial para que se realicen las auditorías, y por medio de las cuales él mismo se vería afectado, éstas fueran limitadas Su nueva participación consistió en presionar al órgano --del cual él forma parte y preside por ser el titular de Hacienda-- encargado de realizar las auditorías IPAB, para que mediante explicaciones legales tergiversadas se desistiera de irse al fondo Así las cosas, y dominado el IPAB por la misma gente que cometió las ilegalidades en 1995, es difícil que se puedan realizar las auditorías como deben ser, y con ello se esfuma la posibilidad de reducir, para el gobierno, el costo fiscal de lo que significó el llamado Fobaproa Corresponderá a la próxima Legislatura --inicia en once días más-- volver a presionar para que los banqueros regresen el dinero que no les corresponde, y finque responsabilidades a quienes ayer participaron en uno de los mayores saqueos del país y que, por desgracia, hoy están dirigiendo las finanzas de México con el aval de quien ganó el 2 de julio la Presidencia de la República, Vicente Fox, pero quien aún no ha aprendido ni ha entendido qué es lo que debe hacer un hombre que dirige a una nación Parece que después de ocho años, el asunto se podría destrabar, pero no porque se haga justicia sino por un afán de venganza de parte de Carlos Salinas de Gortari, quien presionará desde el Congreso para que el asunto no muera y se le finquen responsabilidades a quien fuera su principal verdugo: Ernesto Zedillo Ponce de León Comentarios: mjcervantes@procesocommx