Tlaxcala, Tlax , 6 de agosto (apro)- La Suprema Corte de Justicia de la Nación emplazó al gobernador Alfonso Sánchez Anaya para que en un lapso de 15 días dé argumentos que justifiquen por qué no ha cumplido con el resolutivo de esa instancia en el sentido de reintegrar al Poder Judicial de Tlaxcala los cinco millones de pesos que de manera unilateral le fueron restados de su presupuesto de este año La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), Sandra Juárez Domínguez, confirmó que con fecha del 4 de agosto, la SCJN otorgó 15 días hábiles al Ejecutivo local para que rinda un informe y entregue las pruebas que considere convenientes, pues de lo contrario se le advierte que en caso de incumplimiento será sancionado por desacato a un mandato judicial Juárez Domínguez dijo que como resultado de una controversia constitucional que promovió el TSJ en contra del Poder Ejecutivo estatal, la SCJN dejó sin efecto el decreto 49 referente al presupuesto de egresos de 2003, en el que se recortaron cinco millones de pesos al Poder Judicial que ya habían sido aprobados por los diputados, de un total de 71 millones El gobernador perredista Alfonso Sánchez Anaya ofreció entregar recursos adicionales en la medida que lo fuera solicitando el Poder Judicial para solucionar su déficit, pero la Corte consideró que esa acción ponía en riesgo la autonomía del TSJ, por lo que ordenó reintegrar los recursos económicos que le fueron restados El resolutivo considera que es procedente suspender los actos reclamados, ya que su ejecución causaría perjuicios graves a la parte actora, tomando en cuenta que la reducción del presupuesto es atentatorio de la estabilidad económica del Poder Judicial De acuerdo con la presidenta del Poder Judicial, la SCJN tomó en cuenta en su resolución los presupuestos reducidos con los que operan los sistemas judiciales del país, pero, sobre todo, por el hecho de no haber otorgado el derecho de audiencia a la parte afectada Sin embargo, informó que como el Ejecutivo no atendió el fallo de la SCJN que se dio a mediados de junio, se promovió un recurso de queja por la violación a la suspensión concedida del decreto 49, lo que motivo que a partir del 4 de agosto se emplazara al gobierno estatal a acatar el dictamen en un lapso de 15 días