*Alerta sobre la posible reactivación de los conflictos agrarios en el país Pachuca, Hgo , 8 de agosto (apro)- Ante la falta de oportunidades de trabajo para miles de agricultores y el incumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo por parte del gobierno foxista, podrían reactivarse algunos de los 800 conflictos agrarios existentes en el país, advirtió el coordinador general del Congreso Agrario Permanente (CAP), Max Correa Hernández, De acuerdo con el representante de las 12 organizaciones campesinas que conforman el CAP, actualmente hay un ambiente descompuesto en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapa, Guerrero, Michoacán e Hidalgo Destacó que en dichas entidades se concentran graves problemáticas, algunas de las cuales retoman tonos de beligerancia, principalmente en comunidades marginadas, donde prevalece un ambiente poco favorable para el campo Max Correa, precisó que Oaxaca, al igual que Chihuahua y Sinaloa, son considerados como focos rojos por los problemas serios de sequía, apoyo nulo de programas a cafetaleros, además de la competencia desleal que viven ganaderos por la apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “Las organizaciones no promovemos la violencia, sino es el gobierno al no cumplir el Acuerdo Nacional para el Campo”, manifestó Correa Hernández Afirmó que todo esto genera un conflicto serio en el medio rural, que se traduce en un caldo de cultivo para un estallido social, mientras el gobierno no toma en serio su papel de mediador “Nos preguntamos de qué sirve el Acuerdo si la sociedad demanda acuerdos que den resultados; de otra manera es una mala señal que el 6 de julio mediante las urnas la gente demostrará su inconformidad”, acotó El dirigente campesino advirtió que de continuar esta situación poco favorable para el agro mexicano, el otro llamado son las armas, debido a que el gobierno de Vicente Fox ha hecho caso omiso al mensaje enviado por la ciudadanía Precisó que el gabinete, cuenta con instrumentos para su desactivación, por lo que se deben canalizar los 300 millones de pesos que se tienen para este rubro, a través de programas viables para el campo