México, D F, 9 de septiembre (apro)- Tras instar al gobierno chileno a que no ofrezca inmunidad a los que hayan participado en graves violaciones de los derechos humanos, Human Rights Watch afirmó que Chile debe pedir cuentas ahora a los responsables de tales hechos cometidos durante el régimen militar En un documento informativo difundido el martes a nivel mundial, con motivo del trigésimo aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, HRW expresó que hay que dar mucho crédito a los tribunales chilenos por los avances alcanzados en los enjuiciamientos penales Ahora, el gobierno debe facilitarles los instrumentos que necesitan para llevar a juicio a los responsables de los terribles crímenes cometidos en la era Pinochet, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch El organismo internacional precisó que unos 350 oficiales del Ejército y la policía, implicados en violaciones de los derechos humanos durante el gobierno del general Augusto Pinochet (1973-1990), enfrentan ahora cargos penales Muchos están detenidos a la espera del juicio y, entre ellos, se encuentran 22 generales y 40 coroneles y tenientes coroneles "El trigésimo aniversario del golpe militar coincide con un momento de grandes esperanzas de que se hará finalmente justicia en Chile", dijo José Miguel Vivanco Hasta la detención de Pinochet en Londres, en 1998, en Chile no se enjuiciaba la mayoría de los crímenes de derechos humanos cometidos durante el régimen militar Los oficiales estaban protegidos de la justicia por una amnistía decretada en 1978 Al menos 80 por ciento de las dos mil 603 víctimas del gobierno militar murieron o "desaparecieron" en el periodo cubierto por el decreto, durante el cual el país se encontraba en estado de sitio Los recientes avances en los procesos penales han sido posibles principalmente porque los tribunales dejaron de aplicar el decreto de amnistía en los casos de desapariciones forzadas, al dictaminar que el delito continúa mientras no se determine la muerte de la víctima Ocho acusados de crímenes cometidos en la era pinochetista, entre ellos Manuel Contreras, jefe de la policía secreta, han sido condenados por secuestro en el último año El futuro de estos procesos depende de las próximas decisiones de las cortes de apelaciones chilenas y, en última instancia, de los fallos de la Corte Suprema El 12 de agosto de 2003, el presidente Ricardo Lagos anunció un paquete de nuevas medidas relacionadas con los casos judiciales Éstas incluyen la oferta de inmunidad a personas que todavía no han sido enjuiciadas y prestan testimonio sobre los abusos, y sentencias más leves para los acusados que faciliten información que ayude a establecer los hechos Aunque Human Rights Watch reconoce que estas medidas pueden fomentar que las personas que tienen información se animen a declarar, ha instado al gobierno a que no ofrezca inmunidad a los que hayan participado en graves violaciones de los derechos humanos "Altos funcionarios nos han asegurado que el gobierno no permitirá que los responsables de crímenes contra la humanidad eludan a la justicia, y confiamos en que se mantendrán firmes en su posición cuando se debatan estas medidas en el Congreso", dijo Vivanco Human Rights Watch alabó otras iniciativas anunciadas por el gobierno de Lagos Se formará una comisión para elaborar una lista de las víctimas de la tortura que recibirán reparaciones, abordando de este modo un problema largamente abandonado También ha dicho que se reformará el sistema de justicia militar Ello, porque los tribunales militares siguen ejerciendo su jurisdicción sobre los civiles, en ciertos casos, un legado del gobierno castrense que no se ha tocado hasta ahora