México, D F, 12 de septiembre (apro)- Congruente con la postura de rechazo a la "cultura de la impunidad", repudiada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, la Procuraduría capitalina logró la captura de los responsables del asesinato del joven Pedro Peredo Valderrama --que durante once años habían logrado eludir la acción de la justicia--, en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Sin mayores aspavientos, agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal lograron la captura, a principios de semana, de los hermanos Pedro Horacio y Sergio Aguilar Díaz, a quienes se les imputa la muerte de Pedro Peredo Valderrama, quien fue asesinado el 20 de diciembre de 1986 en Xochimilco Peredo fue atacado por tres sujetos, quienes lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, y luego le dispararon a quemarropa en tres ocasiones La víctima iba acompañado por dos de sus hermanos, Erick y Uriel, quienes denunciaron ante las autoridades capitalinas que los hermanos Israel Roberto, Pedro Horacio y Sergio Aguilar Díaz fueron los autores materiales del asesinato En su oportunidad, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició la investigación, el 26 de enero de 1987, y la remitió al juez penal, quien a su vez libró la orden de aprehensión en contra de los hermanos Aguilar Díaz El 23 de diciembre de 1992, la CIDH recibió una denuncia del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Human Rights Watch (HRW), a la cual posteriormente se sumó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en la que se imputaba la responsabilidad internacional del Estado mexicano, ante la falta de investigación de los hechos y la consecuente impunidad en favor de los perpetradores del asesinato de Pedro Peredo Valderrama Las órdenes de aprehensión no se cumplieron hasta 1996, cuando Israel Aguilar Díaz fue aprehendido en Suiza, a raíz de una solicitud de extradición del Estado mexicano, mientras que Pedro Horacio y Sergio fueron capturados en México Sin embargo, el 10 de abril de 1998 estas dos personas fueron absueltas por el juez de la causa, por lo que la CIDH, con fecha 24 de febrero de 2000, emitió el informe 3/2000, por encontrar al Estado responsable de violar los artículos 11, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y recomendó al gobierno: "Investigar de manera completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores del asesinato de Pedro Peredo Valderrama, y del hostigamiento sufrido posteriormente por su familia; así como para determinar si hay hechos de encubrimiento y delitos contra la administración de justicia que hayan impedido la investigación completa de los hechos que motivan el presente informe y, en su caso, aplicar las sanciones penales, administrativas y/o disciplinarias que correspondan Y reparar adecuadamente a los familiares de Pedro Peredo Valderrama" A fin de dar cumplimiento a cada una de las recomendaciones, las organizaciones y los familiares iniciaron una serie de reuniones de trabajo con la Subprocuraduría Jurídica de Derechos Humanos de la PGJDF y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) En principio, se instrumentó un plan de trabajo para dar seguimiento a las acciones realizadas por la Policía Judicial y la Subprocuraduría de Control de Procesos, y cumplimentar las órdenes de reaprehensión pendientes de dos de los responsables del homicidio: Pedro Horacio y Sergio Aguilar Díaz, así como del juez Juan Sebastián Moreno Olín Los organismos no gubernamentales que, en su momento promovieron la intervención de la CIDH, consideraron que si bien el Gobierno del Distrito Federal cumplió con otra de las recomendaciones formuladas por la CIDH, en este caso el reporte queda cubierto parcialmente, según los criterios de la instancia interamericana, que exigen al Estado el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones En el caso queda pendiente la aprehensión del juez que actuó en la causa No obstante, se congratula por este avance y reconoce el esfuerzo emprendido por este gobierno para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales Más aún, exhortaron al gobierno federal, y al del Distrito Federal, a mantener este esfuerzo de respuesta efectiva a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como un objetivo principal en sus políticas públicas, así como para la prevención, investigación, sanción y reparación de toda violación de los derechos humanos