Pachuca, Hgo , 18 de septiembre (apro)- El senador de la República y tesorero de Pemex, Ricardo Aldana Prieto, solicitó un amparo ante el juez segundo radicado en esta ciudad, Gerardo Manuel Villar Castillo, para protegerse ante cualquier intento de ser llevado ante la justicia por el desvío de recursos de Pemex a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa en el año 2000 Ante la posibilidad de que le sea girada una orden de aprehensión por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones bajo el expediente PGR/UEDO/182/2001, el senador tramitó la tarde del miércoles el amparo Este amparo, podría ser dictaminado hasta el 29 de septiembre en caso de que sea girada una orden de aprehensión en contra de los involucrados en el llamado Pemexgate, en el que el exdiputado federal y todavía secretario general de Pemex Carlos Romero Deschamps se encuentra involucrado Por su parte, el también senador del PRI, Ernesto Gil Elorduy argumentó que el Pemexgate ha sido una sucesión de errores, primero del gobierno, que pretendió desacreditar al PRI para ganar las pasadas elecciones de diputados, y ahora de la Procuraduría General de la República (PGR), que lleva un procedimiento por crimen organizado y lavado de dinero, aunque la acusación sea por otros delitos Añadió que en realidad, el llevar ante la justicia a los dirigentes petroleros se debe a una estrategia de desprestigio del gobierno federal encabezado por Vicente Fox Quesada Demandó que la PGR debería de señalar a la Cámara de Diputados que no existe delito que perseguir, ya que toda la investigación realizada en conjunto con la Unidad Especializado contra la Delincuencia Organizada (UEDO), fueron un exceso, por lo que deben de rectificar para no actuar fuera de la ley Por su parte, el coordinador del Congreso del estado, Fernando Moctezuma Pereda, sostuvo que a los priístas sólo les corresponde ser observadores de este amparo, cuya decisión es responsabilidad de los implicados Sostuvo que es un caso excepcional que se haya buscado la protección de la justicia en esta ciudad, pero que esperan que la resolución que emitan las autoridades, programada para el día 29 de septiembre, se dé en el marco de la ley Gil Elorduy añadió que en el impedimento de desafuero del representante social no hubo ninguna “concertacesión”, ni tampoco se trató de una imposición de la mayoría priista en el Congreso de la Unión, sino que obedece a la mala actuación del presidente de la Cámara de Diputados, Juan de Dios Castro, quien retomó una acción “viciada” de origen “El caso, por fortuna, ya retomó el camino de la legalidad, independientemente de todo el linchamiento y campaña de desprestigio en contra de Aldana Prieto, a quien los grupos opositores pretendieron sancionarlo sin tener ningún derecho de hacerlo, debido a que autoridades como el Instituto Federal Electoral (IFE), pese a la sanción impuesta al PRI, no encontraron elementos de desviación de los recursos”, señaló