México, D F, 22 de septiembre (apro)- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) descartó que haya avalado el Programa de Control y Prevención de Ingestión de Alcohol en Conductores de Vehículos en el Distrito Federal, que realiza la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina con el apoyo del "alcoholímetro", y aseguró que no está dentro de sus funciones apoyar dichas acciones El organismo, a cargo del profesor Emilio Álvarez Icaza, advirtió que dentro del marco de sus atribuciones no se encuentra avalar las acciones de gobierno que son responsabilidad exclusiva de las autoridades locales “No nos compete ni tenemos capacidad para ello”, apuntó Luego de que en algunos medios se dejó entrever que la CDHDF avalaba los operativos iniciados por la SSP, dicha comisión hizo algunas aclaraciones Expresó que la SSP puede y debe llevar a cabo acciones tendientes a reducir la incidencia de los actos delictivos y las faltas administrativas, pero circunscribiendo sus programas al respeto irrestricto de las garantías individuales consagradas en la Constitución En este sentido, precisó que el Programa de Control y Prevención de Ingestión de Alcohol en Conductores de Vehículos en el Distrito Federal, independientemente de ajustarse al Reglamento de Tránsito en vigor, deberá preservar especialmente el ejercicio de las garantías de libre tránsito y seguridad jurídica Sin embargo, la comisión apuntó que si bien el Reglamento de Tránsito establece que ninguna persona podrá conducir vehículos por la vía pública si tiene una cantidad de alcohol en la sangre superior a 08 gramos por litro, esto no constituye sustento alguno al carácter aleatorio de las detenciones Precisó que las detenciones a cargo de autoridades administrativas sólo pueden realizarse en flagrancia En este caso, dijo, se da sentido al carácter preventivo del Programa Finalmente, advirtió que aun en aras de la prevención y resguardo de la seguridad pública, es muy delicado que se pongan en riesgo garantías fundamentales como son la libertad de tránsito y seguridad jurídica