* Inconsistencias fiscales, facturas caducas y corruptelas México, DF, 18 de octubre (apro-cimac) - Los resultados de la auditoría ciudadana, elaborada por seis agrupaciones civiles al ejercicio de los 30 millones de pesos que recibió de manera irregular el grupo Provida de parte de la Secretaría de Salud (Ssa) en 2003, dejaron sin argumentos a la organización opositora al aborto legal que, lejos de justificarse, profundizó la certeza sobre sus actos de corrupción En la exhaustiva auditoría realizada por Equidad de Género, Salud Integral para la Mujer, Fundar, Letra S, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, y el Grupo en Información y Reproducción Elegida, se documentaron --a partir de información proporcionada por la Ssa-- los malos manejos que Provida hizo de los 30 millones de pesos que recibió para la construcción de diez Centros de Ayuda para la Mujer (CAM), clínicas destinadas a negar el aborto legal a mujeres violadas Cloaca destapada Las organizaciones no gubernamentales (ONG) dieron a conocer los frutos de su investigación en dos conferencias de prensa (17 de mayo y 16 de julio de 2004), y entre las irregularidades descubiertas destacaron que el 8153% del total de los 30 millones de pesos se destinó a “publicidad”, “mobiliario y equipo médico” Provida destinó para publicidad 9 millones 745 mil 10 pesos (7562% del total), y contrató con ese fin a la empresa Mercatel, cuya dirección, teléfono y fax son los mismos del Comité Nacional Provida De ese modo, advirtieron los grupos civiles, la organización ultraconservadora habría creado tal empresa “para manejar la publicidad y obtener beneficios” Silencio fúnebre El apoderado legal de Provida, Jorge Serrano Limón, guardó casi dos meses de silencio ante la vorágine de notas periodísticas que divulgaron las incontables corruptelas en las que incurrió su organización Fue hasta el 16 de julio cuando en una carta al diario Reforma, Serrano Limón aceptó que el teléfono que usa Mercatel es el mismo de Provida, pero aclaró que se le dijo a esa empresa de publicidad que no lo pusiera en sus facturas La auditoría ciudadana también reveló que, para “Ayuda a mujeres”, Provida utilizó un millón 35 mil pesos, para contratar el salón de fiestas “El Castillo de Branstock”, y realizar ahí dos capacitaciones y una reunión de directivos Nada que ver con apoyo directo a mujeres, acusaron las ONG “Increíblemente”, apuntaron los grupos civiles, “El Castillo de Branstock” tiene el mismo número telefónico de la empresa Mercatel, “despertando suspicacias en cuanto a la relación de estas empresas con Provida” Al mismo tiempo, se pudo verificar un vínculo entre esas dos empresas y la importadora Imporvar, compañía mediante la cual Provida compró mobiliario y equipo médico por un total de 11 millones 520 mil 447 pesos La empleada Lourdes Ojeda es a la vez recepcionista de Imporvar y encargada de dar informes sobre los servicios del salón de fiestas Al respecto, Serrano Limón negó en la carta a Reforma que exista alguna relación de su agrupación con esas tres empresas “Mercatel nos llevó con los del Castillo e Imporvar”, pretextó “No tengo nada que decir” De acuerdo con la auditoría ciudadana, la ayuda real a mujeres que brindó Provida en 2003 representó tan sólo 353% de lo previsto Dentro de ese gasto se documentó la compra de ropa para caballero y dama (las polémicas tangas que captaron la atención de los medios) en tiendas de prestigio como Sears, Aca Joe y Liverpool Serrano Limón expuso en la misiva al diario nacional: “En cuanto a las tangas, bikinis y un saco de hombre por valor de 2 mil 800 pesos, reconoció que esos artículos sí se compraron y que fueron incluidos en el programa de los Centros de Ayuda, fueron donados a mujeres que “los necesitaban” Contrario a lo que explicó en la carta, en una entrevista periodística previa, el líder de Provida no supo decir por qué se compró ropa tan cara (como una promoción de trajes por 4 mil 346 pesos), cuando sus beneficiarias son muy pobres “Ahí no tengo nada que decir si se efectuaron esas compras Dentro de la despensa que se da a las mujeres está un apartado de ropa hasta por 2 mil pesos para ellas, sus hijos y esposos En el caso del saco sí me parece un exceso y ya veremos”, indicó Sin argumentos Hasta la fecha, el apoderado legal de Provida no ha convencido en sus respuestas sobre el presunto fraude y evasión fiscal que habría cometido su organización al utilizar como comprobante de gastos facturas caducas y adulteradas Fuentes del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalaron en su momento que Provida estaría violando el artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, referente a los requisitos de los comprobantes fiscales, por lo que los responsables podrían ser sancionados penalmente Tan sólo en el caso de la empresa publicitaria Mercatel, la auditoría ciudadana documentó ocho facturas vencidas con un importe total por un millón 622 mil 910 pesos En las facturas presentadas por Provida, se descubrió que la fecha de impresión es posterior a la de facturación de los servicios prestados Además, hay un desorden en el número de folio de algunas facturas, como en el caso de la que corresponde a la importadora Imporvar con fecha 15 de diciembre de 2003, que se emitió con el folio 012, mientras que en marzo del mismo año se expidieron facturas foliadas con el número 082 en adelante En la misma carta a Reforma, Serrano Limón rechazó se haya alterado alguna factura “Lo que presentamos son facturas con folios discontinuos debido a que pedimos la reposición de facturas, lo cual no es un delito ni alteración de facturas” El fundador de Provida, tajante opositor al uso de anticonceptivos y a las políticas sanitarias de prevención del VIH/sida, pretextó que las facturas fueron entregadas a la Ssa por “una equivocación”, por lo que solicitó a la secretaría las anulara En otro pretexto, Serrano Limón dijo que se canjearon 32 facturas caducas por otras nuevas, pero también resultaron con inconsistencias fiscales Con todo, al líder ultraderechista no le quedó de otra que reconocer las faltas en las que incurrió Provida en el uso y comprobación de recursos del erario Hoy, Serrano Limón y la vicepresidenta de Provida, Rocío Gálvez, enfrentan una demanda penal por peculado presentada el 24 de septiembre por diputadas y diputados del Partido de la Revolución Democrática, ante la Procuraduría General de la República (PGR)