* Acusan a dos funcionarios de incurrir en actos de corrupción Tuxtla Gutiérrez, Chis , 10 de noviembre (apro)- Indígenas de dos comunidades irregulares enclavadas en la reserva de la biosfera de Montes Azules, que esperaban ser reubicados afuera de la selva Lacandona rompieron negociaciones con el gobierno, tras acusar a dos funcionarios de incurrir en presuntos actos a de corrupción Los representantes de los poblados 20 de Noviembre y Nuevo México, dos de los más de 40 que se tiene programado sacar de la selva Lacandona, explicaron que pretenden obligarlos a asentarse en tierras compradas a propietarios de una colonia agrícola y ganadera, de Palenque, cuando el acuerdo era que las mismas comunidades escogerían el lugar donde serían reubicados Silverio Gómez López y Mateo Arcos Pérez, comisariado y presidente del consejo de vigilancia del poblado 20 de Noviembre, así como Lorenzo López Vázquez y Abran Jiménez Gómez, representantes de Nuevo México, denunciaron al coordinador de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Juan Miguel Deras Maldonado, y encargado del proceso de reubicación de los poblados ubicados en la parte norte de la selva Lacandona como uno de los principales interesados en que salgan de la zona Detallaron que una vez que fueron informados que por estar asentados en tierras que pertenecen a la comunidad lacandona, no era posible su permanencia en la misma, aceptaron firmar un acuerdo de reubicación, con la condición de que se les permitiera escoger las tierras a donde los llevarían Sin embargo, Deras Maldonado “pretende reubicarnos en tierras caprichosamente concertadas por él, que además son de mala calidad”, dijeron refiriéndose a unas 3 mil hectáreas de la colonia agrícola y ganadera, en donde se establecería el poblado 11 de Julio, que sería fundado por reubicados de la selva Casualmente, explicaron, una parte considerable de dichas tierras es propiedad de Roger Grajales, exsecretario de Planeación del gobernador Pablo Salazar, y quien recién fue nombrado diputado plurinominal por el PT, para la Legislatura que entrará en funciones a finales de este mes Roger Grajales es, además, el presidente del Consejo de Administración del inmueble en cuestión y, por tanto, encargado del proceso de venta del mismo Los indígenas sostuvieron que aun cuando no han aceptado su estancia en 11 de Julio, y no se ha formalizado la venta y pago del terreno, ya el gobierno estatal a través del Instituto de la Vivienda (INVI) está construyendo casas e infraestructura urbana en el lugar Señalaron que esta situación les hace sospechar que existen actos de corrupción, tanto del funcionario de la SRA como del exsecretario de Planeación En 1995, Deras Maldonado fue el encargado también del fideicomiso de compra de tierra, proceso a través del cual les fue entregada la propiedad de donde ahora pretenden sacarlos “Por acuerdo de la asamblea de nuestros poblados decidimos romper las negociaciones y desconocer el acuerdo de reubicación que firmamos el 09 de marzo de este año Creemos que estamos siendo objetos nuevamente de mentiras, que nos quieren utilizar, y por ello pedimos al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y al gobernador Pablo Salazar, dejarnos definitivamente en este lugar, sin que alteren nuestra paz social”, sostuvieron los campesinos