* Perfil castrense en la formulación y ejecución de la política de seguridad pública México, D F, 12 de noviembre (apro)- Ante la creciente tendencia del gobierno del presidente Vicente Fox a incorporar a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública y otras de carácter civil, contrariamente a lo dispuesto en la Constitución, defensores de los derechos humanos hicieron un llamado a que en el país predomine un estado democrático de derecho David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, afirma que la militarización de la función policial se nota claramente no sólo en la formulación, sino también en la ejecución de la política de seguridad pública Señala que ante este hecho, ratifican su llamado a las autoridades para que cumplan cabalmente con las recomendaciones de los organismos internacionales y propuestas del “Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México” En principio, sostuvo, debe delimitarse claramente la prevención del orden interno de la seguridad nacional, y por ende de no dejar la responsabilidad de una función eminentemente civil en cuerpos de las Fuerzas Armadas Generales en PFP A principios del mes pasado, el Prodh impugnó los nombramientos en la Policía Federal Preventiva (PFP), así como la incorporación de otros mandos militares, sin que hasta al momento se haya dado marcha atrás Por ejemplo, el almirante José Luis Figueroa Cuevas fue nombrado nuevo comisionado de la PFP En tanto, el general Tomás Valencia quedó como jefe del Estado Mayor de la PFP, y el general Guillermo Llanteral Cázares se hará cargo de las Fuerzas Federales de Apoyo David Velasco sostuvo que, con esta actitud renuente, se mantiene la política de rechazo de las recomendaciones de organismos y organizaciones internacionales de derechos humanos Dijo que a pesar de que la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas ha sido la causa de las más graves de violaciones a derechos humanos (documentadas y denunciadas ampliamente), que incluyen desapariciones forzadas, tortura, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales, especialmente en los estados de mayor presencia militar (Guerrero, Chiapas y Oaxaca), el gobierno los incorpora progresivamente al escenario de la seguridad interna y al político Subraya que han sido también las Fuerzas Armadas las que, de manera progresiva y sostenida, se han incorporado a las filas de la PFP (en particular numerosos contingentes provenientes del Ejército y la Armada), y que participan en actividades de formación y selección de policías El titular del Prodh sostiene que si bien en la exposición de motivos de las pretendidas reformas del Poder Ejecutivo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y al sistema de Justicia Penal, en varias ocasiones se refiere a recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos, en lo que tiene que ver con las primeras nunca menciona ni atiende las recomendaciones de desmilitarizar estas tareas estrictamente civiles Así pues, aun cuando en dicha reforma se maneja que habrá un Sistema Civil de Carrera, la realidad es que tanto en la propuesta de reforma como en la práctica, no se atiende la problemática de fondo: la función policial no está claramente diferenciada de la militar, y no se sustituye a todo personal militar de las instituciones civiles, precisa Sostuvo que está plenamente documentado que la formación militar es inadecuada para el ejercicio de funciones policiales Basta recordar que los objetivos perseguidos por ambas instituciones son totalmente diferentes: el militar busca prevenir o acabar cualquier forma de ataque externo para proteger la seguridad de la nación; mientras que la policía busca salvaguardar el orden y la armonía internos, al mismo tiempo que protege y respeta los derechos y libertades fundamentales de la población Refiere que el “Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México”, promovido por el propio gobierno foxista, es claro en señalar que “la separación entre las tareas de seguridad y justicia y las de naturaleza militar, ha sido una preocupación constante en el seno de los organismos internacionales intergubernamentales, que han recomendado a México: “La separación de los militares de las tareas policíacas; alcanzar la desmilitarización de la sociedad, y evitar delegar en las Fuerzas Armadas el mantenimiento del orden público o la lucha contra el delito”