* El representante legal de Provida se dice perseguido político del gobierno federal México, D F, 24 de noviembre (apro)- Luego de cuatro meses de que estalló el escándalo, el representante legal del Comité Nacional Provida, Jorge Serrano Limón, se presentó a una audiencia en la Secretaría de la Función Pública (SFP), para declarar sobre el presunto desvío de 30 millones de pesos del erario federal que le fueron entregados a la institución para la creación de Centro de Desarrollo para la Mujer (CAM) Esta audiencia responde al procedimiento administrativo que la dependencia inició el 11 de noviembre en contra de Serrano Limón, por el presunto desvío de 34 millones de pesos del erario federal entregados a esa asociación civil, así como a cinco funcionarios de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (SS) Al salir de la dependencia, el activista católico sostuvo que era un perseguido de las autoridades y acusó al titular de la SFP, Eduardo Romero, de actuar de mala fe en su contra, pues cometió errores jurídicos en su procedimiento, aunque no abundó en éstos Resaltó que las autoridades pretenden investigarlo como si fuera un servidor público y no lo es, lo que, según dijo, comprueba los errores en el proceso administrativo que abrieron en su contra Sin embargo, cuando la SFP inició esta investigación consideró que Serrano Limón podría ser sujeto a este procedimiento como si fuera un servidor público, porque, al parecer, hizo mal uso del dinero del erario que se le dio a la asociación civil que encabeza Serrano Limón es investigado por el mal manejo de 30 millones de pesos, que se canalizaron a través de la APBP, luego de que en el 2003, el diputado Luis Pazos, ordenó la reasignación del monto a 12 CAM impulsados por esta agrupación, de los cuales la mayoría fueron suspendidos porque no cumplían con las condiciones sanitarias para operar, según confirmó la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) El 21 de julio, el escándalo se desató, luego de que se difundieron las facturas que entregó esta agrupación para justificar ante las autoridades en qué gasto este dinero: en ropa para caballero, libros religiosos, plumas Mont Blanc, fiestas, entre otras cosas Seis ONG que se dedicaron a elaborar una auditoría ciudadana a Provida, descubrieron la malversación de recursos Serrano Limón y Rocío Gálvez, actual directora de Provida, se defendieron de los ataques, y minimizaron el asunto, al argumentar que vale más una vida que 30 millones de pesos, pero no mencionaron que junto con la “Fundación Interamericana Anáhuac para el Desarrollo Social, IAP”, Provida es de las asociaciones civiles que recibe más recursos del erario, pues el resto de las agrupaciones no rebasan los 250 mil pesos, tope establecido por el gobierno federal para beneficiar a las organizaciones civiles y sociales Serrano Limón negó que haya cometido fraudes con los recursos e insistió que las “tangas” las compraron mujeres atendidas en los CAM porque tienen derecho a gastar en esto los dos mil pesos que le dan y “sí es indispensable para las señoras necesitadas”, afirmó La diputada perredista Martha Lucía Micher presentó ante la Secretaría General de la Cámara baja una solicitud de juicio político contra Pazos, actual director de Banobras, por haber “reasignado” estos recursos en favor de Provida