Deploran en EU militarización de policías en México

miércoles, 1 de diciembre de 2004
* Cuando se creó la PFP, se destacó su participación temporal en la lucha antidrogas Washington, 30 de noviembre (apro) - La continua violación de derechos humanos en México por parte de miembros de las Fuerzas Armadas del país, y la impunidad que impera para quienes las cometen, son una consecuencia de la “militarización del combate al narcotráfico” que adoptó el gobierno federal desde 1999, sostiene el reporte titulado “Drogas y democracia en América Latina, el impacto de la política de Estados Unidos”, que dio a conocer la Washington Office on Latin America (WOLA), organización no gubernamental dedicada a la defensa de las garantías fundamentales en el Hemisferio Occidental De 414 páginas, en su capítulo sobre México, el reporte sostiene que “por alimentar la intrusión del Ejercito en los trabajos policiales, por respaldar a las unidades de policía y fuerzas que no son transparentes o confiables, y por aplicar una medida de calificaciones al control de drogas, las políticas antinarcóticos de Estados Unidos han tenido un efecto adverso en la situación de los derechos humanos de México” Joy Olson, directora ejecutiva de WOLA, y una renombrada experta en asuntos militares de América Latina, reconoció que, en el caso de México, y por la militarización del combate al narcotráfico, se ha incrementado el número de confiscaciones de drogas, arresto de narcotraficantes, desmantelamiento de redes criminales, erradicación de cultivos y cooperación con Estados Unidos, pero lamentó que ello esté teniendo un efecto negativo en materia de garantías fundamentales, sobre todo porque no existe ningún indicio de que se dé seguimiento a las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares “El involucramiento del Ejército Mexicano en acciones para combatir a las drogas también ha creado oportunidades para que algunos de sus miembros se involucren en la corrupción y actividades criminales”, enfatiza el reporte de WOLA Olson señaló que en 1999, cuando se creó la Policía Federal Preventiva (PFP), el gobierno mexicano aseguró que sería temporal la participación del Ejército en las labores antidrogas de esta unidad policial, y se estimó un plazo de dos años para que se retirara a los militares de dicha actividad “Pero el gobierno del presidente Vicente Fox le ha dado continuidad, estamos en 2004, o sea, ya son cinco años de la militarización de la PFP”, indicó la directora ejecutiva de WOLA Macedo, subordinado Para destacar el nivel de la militarización de las fuerzas policiales de México, el reporte de WOLA establece que Fox eligió a un militar, el general brigadier Rafael Macedo de la Concha, como procurador general de la República (PGR) “Expertos han notado que, técnicamente, el procurador general está subordinado al secretario de la Defensa Nacional, porque aunque tiene permiso temporal (para estar en la PGR), él sigue siendo miembro del Ejército y, como tal, sujeto a la autoridad del titular de la Sedena”, remata el reporte En torno a la militarización de la lucha contra el narcotráfico en lo que va del gobierno foxista, WOLA pone de manifiesto el hecho de que, de septiembre de 2001 a junio de 2002, ingresaron 826 efectivos militares a las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) de la PFP: “Ocho unidades completas del Ejército han sido transferidas a la PFP, así como mil 600 miembros de varios batallones de la Marina”, añade En otro de sus incisos, el reporte destaca también que, por la cada vez más cercana cooperación antidrogas entre Estados Unidos y México, agentes federales estadunidenses se han involucrado en acciones extrajudiciales en territorio mexicano Como ejemplo histórico, menciona la operación secreta que realizó en 1990 la Agencia Federal Antidrogas, a fin de secuestrar en Guadalajara al médico Humberto Álvarez Machain, por su presunta participación en la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1984 “En un caso más reciente, agentes del Buró de Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE), tenían a un gatillero del cártel de Juárez como un informante pagado, pese a que sabían de su participación en los asesinatos de por lo menos 12 presuntos traficantes de drogas”, remate el reporte

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