* Los gobiernos de la región, violadores de derechos humanos, opina académico México, D F, 21 de diciembre (apro)- Ignacio Sosa, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, afirmó que "las políticas de exclusión, que incrementan los índices de pobreza y falta de oportunidades, han convertido a los gobiernos de América Latina en violadores de los derechos humanos" De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló, "en 18 países de la región los niveles de miseria y desigualdad no han disminuido, en tanto que desempleo e informalidad aumentaron" Dijo: "En Latinoamérica estas garantías establecen una clara relación entre individuo y Estado En ese sentido, este último está obligado a cumplir las leyes Si no lo hace, automáticamente se convierte en trasgresor" De acuerdo con el especialista, "hay dos formas de concebir los derechos humanos: una pone énfasis en los individuales Es decir, en el caso de México son los que están contenidos en los primeros 27 artículos de la Constitución "Otra vertiente es la social, relacionada con la democracia No obstante, según el Informe de Desarrollo Humano 2002, si bien 140 países del mundo viven bajo regímenes de este tipo, sólo en 82 existen libertades plenas "Y si se considera que ese sistema ofrece tres formas de igualdad: civil, política y social, entonces se podría decir que con el liberalismo los derechos comunitarios son conculcados", indicó Sosa explicó que, de acuerdo con el PNUD, "la democracia no se reduce al acto electoral, sino que requiere de eficiencia, transparencia y equidad en las instituciones públicas, así como de una cultura que acepte la legitimidad de la oposición política y reconozca y abogue por la concurrencia de todos" Sin embargo, agregó, "la creciente frustración por la falta de oportunidades, por los altos niveles de pobreza y exclusión, se ha expresado en malestar, en pérdida de confianza en el sistema de poder, en acciones radicalizadas y en crisis de gobernabilidad, lo cual pone en riesgo la estabilidad de los Estados" Así, indicó, "se ponen en tela de juicio las libertades sociales, encubiertas bajo la categoría de soberanía, lo cual plantea a su vez una contradicción entre las personas y el Estado" Afirmó: "Estos planteamientos pasan por la historia reciente En los años setenta y ochenta se establecieron por la fuerza regímenes represivos en América Latina, que lesionaron constantemente la dignidad humana Cuando empieza el proceso de democratización, cambia la dinámica y se reconoce la existencia de otras conquistas fundamentales "Si bien en el Estado actual ya no hay vulneración como ocurría durante las dictaduras militares, se adoptó una dimensión en donde los indicadores sociales señalan un incremento en los márgenes de carencias, marginación e impotencia "Contrario a lo que apunta la teoría, cada día las sociedades latinoamericanas son más inequitativas y desiguales A pesar de vivir en democracia, se profundizan las diferencias entre los grupos No es posible ese saldo tan negativo Por ello, es urgente se establezcan directrices capaces de revertir este proceso", añadió "Aunque hay Estados que han identificado bien el problema y sus políticos lo han planteado en campañas electores, aún no lo han podido resolver, porque no es posible hacerlo en el corto plazo", señaló En su opinión, "remediar esta situación es parte de las obligaciones de los regímenes del área: No puede haber una respuesta de carácter asistencialista, pues no se trata de una cuestión de caridad "Ante este panorama urge generar programas que promuevan el empleo y la redistribución de la riqueza Se requiere de una inversión social para beneficiar a toda la población", concluyó