Exigen llamar a cuentas a dos generales por la masacre de Acteal

jueves, 23 de diciembre de 2004
* El Fray Bartolomé de Las Casas exige justicia para los caídos San Cristóbal de las Casas, Chis , 22 de diciembre (apro)- Al cumplirse siete años de la masacre de 45 indígenas en Acteal, municipio de Chenalhó, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, pidió se llame a cuentas a los generales de División Miguel Ángel Godínez Bravo y Mario Renán Castillo Fernández, y se deslinden responsabilidades de Estado En una carta hecha pública hoy, el organismo no gubernamental que fundó y preside el obispo emérito Samuel Ruiz García, exigió que se garantice el derecho a la justicia para las víctimas con una sanción a los responsables materiales e intelectuales de los delitos de lesa humanidad dirigidos en contra de la población, de acuerdo con el Estatuto del Tribunal de Nüremberg En la misiva titulada "Contra el olvido, la memoria", el organismo sostiene que a siete años de la masacre de Acteal todavía no son investigados ni sancionados los delitos cometidos contra 45 indígenas tsotsiles que se encontraban en una ermita, después de tres días de ayuno y oración por la paz, de los cuales 19 eran mujeres, 8 hombres, 14 niñas, 4 niños y 4 más que aún no nacían y que junto con sus madres fueron brutalmente asesinados, además de 25 heridos La masacre fue perpetrada por hombres que portaban armas de alto calibre y balas expansivas de uso exclusivo del Ejército sin que los policías de SSP acuartelados a escasos 200 metros, y el Ejército, ubicado a menos de un kilómetro, intervinieran, a pesar de que el organismo notificó a la Secretaría de Gobierno de Chiapas sobre lo que ocurría esa mañana del 22 de diciembre El ataque se prolongó por más de 7 horas Para el organismo esta "brutal masacre" se inscribió en un contexto de guerra irregular preparada por la Secretaría de la Defensa Nacional, ideada por el general de División Miguel Ángel Godínez Bravo, ordenada por el entonces presidente Zedillo en febrero de 1995, y ejecutada por el general de División Mario Renán Castillo En el texto denuncia que los gobiernos estatal y federal se han negado a reconocer las evidencias que señalan el origen de la masacre, ya que han pretendido confundir a la opinión pública sobre los verdaderos motivos, al considerar que se trató de un problema religioso, intracomunitario, incluso de usos y costumbres Aun con "la miopía en la procuración de justicia" quedan pendientes de ejecutar 29 órdenes de aprehensión, 27 de ellas giradas contra civiles que participaron en la ejecución, y 2 más en contra de exfuncionarios público, señala el organismo A la fecha las autoridades no han informado sobre el paradero de los prófugos de la justicia a quienes se les giró orden de aprehensión como Jorge Gamboa Solís (excoordinador de la policía estatal) y José Luis Rodríguez Orozco (director de la Policía de Seguridad Pública) Cincuenta y tres de los señalados como culpables por las víctimas aún están siendo procesados, pues las causas penales correspondientes se encuentran en reposición de procedimientos en etapa de desahogo de pruebas Ante esta situación, exigió públicamente que se cumpla el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad, haciendo público un informe de actividades y resultados de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Presuntos Grupos Civiles Armados, de la PGR, desaparecida en el año 2001 Pide, además, que se realice una investigación que considere las líneas que apuntan a la responsabilidad del Estado por los delitos de lesa humanidad, a través de la creación de una fiscalía especial autónoma con capacidad de llamar a cuentas al Ejército y de deslindar responsabilidades de Estado Obispos reclaman justicia En tanto, los tres los obispos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, emérito Samuel Ruiz, el titular Felipe Arizmendi y el y auxiliar Enrique Díaz, coincidieron que el único reclamo que en estos años ha persistido en este rincón del país, no es otro sino justicia Al encabezar la ceremonia religiosa en memoria de los caídos en Acteal, el obispo Enrique Díaz manifestó que la muerte de los 45 indígenas sigue siendo una herida abierta, pero ésta no va a sanar si sólo "se le cubre o se le disimula" "Muchos quisieran que ya no se hablara más de Acteal y que quedara en el olvido Pero eso no es sanar No es cierto que todo esté bien; no es cierto que ya se hizo justicia Es mentira que ya sanaron los heridos, es mentira que ya aceptaron su culpa todos los responsables directos o indirectos", expresó El obispo emérito Samuel Ruiz dijo, por su parte, dijo: "Ahora Acteal es un signo de la resurrección y esperanza, y precisamente esta ermita aquí construida, con las acciones en común, es el símbolo de lo que es Acteal ahora Era un lugar desconocido en el mundo, ahora es conocido en el exterior por los acontecimientos y, más que todo, por el testimonio de los sobrevivientes de esta comunidad; es una ermita abierta al mundo, manifiesta el triunfo, la esperanza de la resurrección" En la misa oficiada ante cientos de indígenas de la región, decenas de extranjeros y representantes de organismos no gubernamentales, pidieron al gobierno mexicano y chiapaneco justicia para los "mártires de Acteal", así como para sus sobrevivientes Por su parte, el general retirado Julio César Santiago Díaz y los exoficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, Roberto García Rivas y Roberto Martín Méndez Gómez, iniciaron los trámites para obtener su libertad, ya que acaban de cumplir siete años, de los ocho a los que fueron condenados por el delito de omisión en la masacre El 22 de diciembre de 1997 el general retirado se encontraba a la orilla de la carretera de Acteal y entre las 12:00 y 17:00 horas escuchó disparos aislados y ráfagas de metralletas, sin que se dignara a intervenir y ni a solicitar apoyo a los destacamentos más próximos de seguridad pública De igual forma García Rivas y Méndez Gómez, supieron que en Acteal se suscitaba un hecho violento y, a pesar de ello y de contar con los medios suficientes para evitarlo, se concretaron a observar los acontecimientos En varias ocasiones, el militar retirado y los dos exoficiales solicitaron el beneficio de la preliberación pero en todas les fue negado tal recurso Por su parte, los abogados defensores de siete indígenas absueltos, iniciaron trámites para demandar reparación del daño por la vía civil, luego de permanecer en prisión por más de cinco años

Comentarios