* Emilio Álvarez Icaza acepta atender reclamo de despedidos del GDF México, D F, 29 de diciembre (apro)- A riesgo de agravar aún más sus diferencias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió su recomendación 89/2004, dirigida al ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, en torno a los casos de dos personas que laboraban en diferentes áreas del Gobierno del Distrito Federal (GDF), las que fueron separadas de sus puestos y, luego de ganar los juicios laborales respectivos, aún no han sido reinstaladas ni perciben los ingresos a que tienen derecho, En su oportunidad, el ombudsman capitalino señaló que carecía de competencia para conocer ambos asuntos, por ser de carácter laboral Las relaciones entre una y otra comisión cada vez parecen más distantes El rompimiento se dio luego que la CNDH movió todo para echar por tierra un convenio de cooperación entre la Comisión Europea y la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos, de la que Álvarez Iacaza era tesorero En la recomendación, la CNDH adelanta que su intervención no trastoca el contenido de las resoluciones emitidas por la autoridad laboral, que es un acto eminentemente jurisdiccional, sino que sólo tiende a que se realicen las acciones administrativas para lograr que dicho laudo se cumpla La ombudsman capitalino respondió que aceptará la recomendación, de fecha 16 de diciembre Más aún, precisó que no entrará a una discusión de naturaleza interpretativa de la ley Álvarez Icaza instruyó a los visitadores generales a reabrir los expedientes de dichos peticionarios, y solicitar al Gobierno del Distrito Federal la resolución de los reclamos Ambos casos se refieren al incumplimiento de laudos laborales en los que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje determinó que dependencias del GDF reinstalaran en sus puestos a los servidores públicos y les pagaran salarios caídos El 1 de abril de 2003 se recibió en la CDHDF la queja de Santos Mateo Cruz, por violaciones a sus derechos cometidas por servidores públicos del GDF, toda vez que el 10 de julio de 2002 se dictó un laudo laboral en su favor, a fin de ser reinstalado como coordinador asistente del Área Jurídica de la Dirección General de Regularización Territorial, así como recibir el pago de salarios caídos y prestaciones, lo que a la fecha no ha ocurrido La CDHDF también recibió la queja de Enrique Castillo Aguilar, el 21 de octubre de 2003, por presuntas violaciones a derechos cumanos cometidas por autoridades de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, ya que el 21 de julio de 2001 ganó un juicio laboral para ser reinstalado como homólogo de jefe de Unidad Departamental, recibir el pago de salarios caídos, horas extra, aumentos salariales y aguinaldos, sentencia que no se ha cumplido