El lunes 29 de noviembre, una comisión encabezada por el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), Alejandro García Gamboa, acudió a Los Pinos para solicitarle al presidente Vicente Fox que frenara el dictamen de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión “Señores, se equivocaron de ventanilla”, los atajó Fox para sorpresa de la cúpula de los concesionarios, acostumbrados a frenar desde Los Pinos cualquier intento de tocar la industria, expone Proceso en un reportaje que aparece este domingo 5 de diciembre El argumento es que los senadores no tomaron en cuenta a los concesionarios para emprender la reforma Pero en esta ocasión el primer mandatario simplemente los remitió al Senado de la República, donde se encuentra listo ya un predictamen de reforma a la ley vigente desde 1960, que será presentado formalmente al pleno el próximo 15 de diciembre A partir de aquel desencuentro en Los Pinos, la CIRT volvió a mover todos los hilos a su alcance para demostrar su fuerza: ha enviado cartas a los integrantes de la comisión de predictamen; encontró eco de sus demandas entre funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que opinan que la nueva ley “no pasará”; revivió el argumento de la “ley mordaza” a través de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de su organismo afín, la Asociación Interamericana de Radio (AIR); promovió estudios de especialistas de la Universidad Iberoamericana, de la UNAM y del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones que desacreditan distintos puntos de la ley Pero la operación más importante de la CIRT ha sido en el propio Senado Lograron dividir a la fracción de senadores priistas que apoyaban a Manuel Bartlett, a través de la senadora Araceli Escalante Jasso y de uno de los interlocutores fundamentales de la cúpula empresarial en la Cámara alta, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes durante el salinismo, Emilio Gamboa Patrón, quien presentó este viernes en la subcomisión una lista de observaciones que critica la creación de un organismo autónomo para regular el otorgamiento de permisos y concesiones, califica de “excesivas” las sanciones a los concesionarios y afirma que el derecho de réplica debe remitirse a los términos establecidos en el decretazo del 10 de octubre de 2002, explica la investigación publicada por Proceso en su edición de este domingo 5 de diciembre