* Creen que en la próxima administración las OSC tendrán mayor participación México, D F, 6 de diciembre (apro-cimac)- El próximo sexenio será el de las políticas sociales, por lo que la participación democrática de la ciudadanía será fundamental en ese proceso, auguran organizaciones civiles que tras más de 10 años de intensos trabajos y cabildeos consiguieron la promulgación de una ley que obliga al Estado a fomentar las actividades de los grupos ciudadanos que impulsan el desarrollo social en México La Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) es producto del esfuerzo constante y a contracorriente de un grupo ciudadano integrado en 1993 por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia (no confundir con el partido político), Foro de Apoyo Mutuo (FAM) y la fundación Miguel Alemán Dicho grupo promotor dialogó con autoridades y legisladores federales para convencerlos de la pertinencia de una ley de ese tipo --inédita hasta entonces--, y luego de un largo y difícil proceso de negociación la norma fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2003, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004 El Cemefi, Convergencia, el FAM y la fundación Miguel Alemán participaron directamente en la redacción de la ley, con la que las OSC garantizan su derecho a participar en el diseño de políticas públicas Consta de 30 artículos divididos en seis capítulos, y entre sus puntos centrales destaca la clasificación de las actividades realizadas por las organizaciones que deberán ser apoyadas por la administración pública federal Son 16 actividades, entre ellas: asistencia social, apoyo a la alimentación popular, al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y al deporte, así como promoción de la equidad de género y los derechos humanos, la protección del ambiente, flora y fauna, y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico En otros apartados, la ley estipula la obligación de las OSC para transparentar sus recursos y rendir cuentas en el manejo de fondos públicos A su vez, prevé la creación de un registro federal de las OSC y de un sistema de información, así como de una comisión de fomento de las actividades de las organizaciones, integrada por las secretarías de Hacienda, Desarrollo Social, Gobernación y Relaciones Exteriores, y la instalación de un Consejo Técnico Consultivo que emita recomendaciones en materia de políticas públicas, conformado por funcionarios, activistas, ciudadanos, legisladores y representantes de los sectores académico, científico y cultural Largo Camino El proceso iniciado por las organizaciones ciudadanas promotoras de la ley fue accidentado, debido a que tuvieron que lidiar con las resistencias de los anteriores gobiernos, en particular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de Gobernación (Segob), que limitaban sus actividades con el cobro de impuestos --a pesar de ser agrupaciones sin fines de lucro--, o las consideraban como “amenazas” para la estabilidad nacional Por su parte, las y los legisladores desconocían el quehacer de los grupos ciudadanos y no encontraban sentido a elaborar una ley que los protegiera y fomentara Tras los primeros acercamientos ciudadanos con los poderes Ejecutivo y Legislativo, y el rechazo de los legisladores a algunos esbozos de ley sobre las OSC a principios de los años noventa, en abril de 1997 se presentó en la Cámara baja una iniciativa denominada Ley General de Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Social, pero nunca fue dictaminada Igual suerte corrieron el proyecto legal que presentaron en noviembre de 1998 y, ya en la 58 Legislatura, la nueva propuesta de iniciativa de Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles, así como la que en abril de 2002 presentó el diputado Miguel Gutiérrez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana Fue el 4 de diciembre de 2002 cuando finalmente la Comisión de Participación Ciudadana aprobó por unanimidad el dictamen de lo que es ahora la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil No obstante el dictamen aprobado quedó en la “congeladora” El 10 de diciembre de 2003 el dictamen fue presentado al pleno de la Cámara Baja, ya en la 59 Legislatura, y se aprobó con 433 votos Se turnó entonces al Senado y ahí fue aprobado con 99 votos El 30 de enero de 2004 el presidente Vicente Fox firmó en la residencia oficial de Los Pinos el decreto de la ley, con la participación de representantes de las organizaciones civiles que durante más de diez años promovieron esa iniciativa El 9 de febrero de 2004 la norma se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y el 14 de mayo, el acuerdo por el que se constituye la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil Cuatro días después se instaló la Comisión y quedó integrada por representantes de las secretarías de Desarrollo Social, Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores La secretaria técnica de la Comisión quedó a cargo de la directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), Cecilia Loría Optimismo Mirando hacia delante, los dirigentes de las organizaciones que conformaron el grupo promotor de la ley (Ana María Salazar, de Convergencia; Enrique Brito, del FAM; Fernando Castro, de la Fundación Miguel Alemán, y Jorge Villalobos, del Cemefi), coinciden en que el siguiente paso es difundir esa normatividad para que la sociedad civil “se apropie de ella” Advierten que la Ley de Fomento es un primer escalón para la tan ansiada nueva relación entre gobierno y ciudadanía organizada Descartan que la norma recién promulgada se vaya a convertir en un mecanismo de “control” de las OSC Las y los dirigentes ciudadanos señalan que, además, se requieren reformas a otras legislaciones como la fiscal, penal o civil para que las actividades de los grupos civiles sean protegidas y apoyadas ampliamente Al mismo tiempo, resaltan que debe estipularse en diversas normas la posibilidad real de que las OSC incidan en la formulación y evaluación de políticas públicas Vislumbran que la flamante ley tendrá que irse adecuando ante el eventual fortalecimiento de la participación ciudadana en los próximos años Incluso, Enrique Brito, coordinador general del FAM, señala que ya están en marcha foros de discusión con OSC en los estados, con la finalidad de analizar ventajas y limitaciones de la nueva ley y, en su caso, plantear reformas a mediano plazo Por su lado, Fernando Castro y Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán, califica como un “verdadero ejemplo cívico” las negociaciones de la sociedad civil con el gobierno federal para conseguir, luego de 10 años de trabajo incansable, la promulgación de la Ley de Fomento Celebra que con la nueva ley se fortalecerá la política social, a la cual define como “signo de los tiempos”, y vislumbra que se dará un auge sin precedente de la democracia participativa en el ámbito social más que en la arena político-partidista