* “No pago para que me peguen”, dijo como presidente respecto a la información publicada por el semanario * Por órdenes de Francisco Galindo, todas las oficinas gubernamentales retiraron la publicidad contratada México, D F, 17 de febrero (apro)- Sensible a la información que la revista Proceso publicaba semanalmente, José López Portillo ordenó a través de su titular de comunicación social, Francisco Galindo Ochoa, un boicot publicitario que llevó a Comunicación e Información SA de CV, editora del semanario a suprimir el funcionamiento de la agencia de noticias Cisa-Proceso, antecesora de Apro En mayo de 1982 se hizo célebre la afirmación de “No pago para que me peguen” A continuación reproducimos el reportaje publicado en la edición 291 de Proceso, del 31 de mayo de 1982, elaborado a propósito de dicho boicot: **** Ante el boicot publicitario contra Proceso, decretado y orquestado desde la segunda quincena de abril por Francisco Galindo Ochoa, titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, la compañía Comunicación e Información SA de CV, editora de nuestro semanario y propietaria de la agencia de noticias Cisa-Proceso, se ha visto obligada a suprimir el funcionamiento de esta agencia para salvaguardar su economía y permitir que el semanario Proceso continúe ininterrumpidamente sus tareas periodísticas La supresión de la agencia de noticias, que durante cinco años diez meses ha surtido de información a medio centenar de radiodifusoras y diarios del interior del país, implica además la dolorosa reducción de un 28 por ciento del personal de base integrado a las áreas periodísticas y administrativas de CISA Esta reducción se ha empezado a realizar ya con estricto apego a las exigencias de la legislación laboral y no sin que todos los trabajadores de este medio lamentemos profundamente un forzoso desprendimiento de un entrañable grupo de compañeros de probada eficacia Tan breve como intensa es la historia del boicot contra Proceso Se inició en abril, dos meses después de que Galindo Ochoa entró a sustituir a Luis Javier Solana y a convertirse en el quinto titular –en lo que va del sexenio– de la dependencia encargada de las relaciones entre el presidente de la República y la prensa nacional y extranjera En sus primeras manifestaciones, la hostilidad de Galindo Ochoa contra Proceso no se limitó a llamar a jefes de prensa, gerentes, directores de relaciones públicas y encargados en general del manejo publicitario de las dependencias gubernamentales –incluidos los gobiernos estatales– para ordenarles que cancelaran de golpe todo anuncio, toda orden de inserción y todo contrato publicitario con nuestra revista De hecho, el coordinador de Comunicación de la Presidencia inició su actitud hostil tratando de obstaculizar el trabajo de algunos de nuestros reporteros Así, el 19 de abril, Manuel Robles Estrada, quien cubre normalmente las actividades de la Presidencia de la República, fue marginado del grupo de reporteros destinado a acompañar a José López Portillo en una gira de trabajo por el estado de Veracruz Súbitamente, minutos antes de abordar el avión, un empleado de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia negó al periodista de Proceso su acreditación Cuando Robles pidió explicaciones a Roberto Contreras, encargado de Prensa de la Coordinación, éste informó que había recibido órdenes expresas de Galindo Ochoa "para no invitar a Proceso a las giras presidenciales" Roberto Contreras adujo razones vagas: Parece ser que unos cartones de Proceso han molestado mucho al señor Galindo; parece ser que los considera una burla al presidente Aunque Robles terminó cubriendo en Los Pinos aquella información, a partir de esa fecha quedó excluido de todas las giras presidenciales, siempre por órdenes de Galindo Ochoa No viajó con los encargados de la fuente periodística a las inauguraciones presidenciales de obras públicas en Puebla y Tlaxcala, ni a las celebraciones de la Batalla de Puebla, ni a la gira de trabajo en Sonora, ni a la inauguración de las obras de Cutzamala Etcétera Manuel Robles no fue el único periodista de Proceso perjudicado por Galindo Ochoa También María Cortina y Sonia Morales, el mismo 19 de abril, resultaron excluidas del grupo informativo invitado a cubrir el Décimo Festival Cervantino en Guanajuato Ya con la acreditación en su poder, preparadas nuestras reporteras para el viaje, Alejandro Cuadros, encargado de prensa del Festival, telefoneó al jefe de información de Cisa-Proceso, Ignacio Ramírez, para comunicarle que por órdenes de Galindo Ochoa se retiraba a Proceso la invitación para asistir al evento Cuadros aseguró que esta marginación se debía a los recortes presupuestales originados por la devaluación del peso Sorprendido porque en cinco años de vida de Proceso y de la agencia de noticias era ésta la primera vez que un encargado de la comunicación presidencial obstaculizaba de ese modo el derecho a la información, nuestro director general Julio Scherer García telefoneó a Galindo Ochoa en busca de una explicación Galindo admitió telefónicamente su absoluta responsabilidad en las medidas tomadas contra nuestros reporteros Hizo saber, además, que la represalia obedecía a su íntima convicción de que Proceso faltaba al respeto al presidente y lesionaba al Estado Así dijo Cuando Scherer García preguntó si esa impresión era causada por los cartones de Rius y de Rogelio Naranjo, colaboradores semanales de Proceso, el funcionario respondió: “Es por todo” En seguida anunció que el gobierno retiraría toda su publicidad del semanario “Es bajo mi responsabilidad, volvió a decir” Y remató: “Ni modo” Galindo Ochoa cumplió textual y aceleradamente su anuncio Esa misma semana comenzó a orquestar el boicot Se fueron retirando así, en forma paulatina pero constante, los anuncios publicitarios de CREA, de Radio Educación, del Festival Cervantino, del Banrural, de Pronase, de RTC, del Canal 13, de Fonapas, del INBA, de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Politécnico Nacional, del Fideicomiso Turismo Obrero, del Colegio de Bachilleres, de la Cineteca, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, del ISSSTE, del Conacyt, de Conasupo, de la Secretaría de Programación y Presupuesto En algunos casos la cancelación se expresó por escrito bajo una fórmula común: "reducción del gasto en el sector público" En esos términos retiró tres órdenes de inserción publicitaria el Banco de Crédito Rural, por firma de su gerente Ángel Torres Pereyra Las mismas razones dieron por escrito Lázaro Villagrán Reynoso, coordinador de medios del Festival Internacional Cervantino –"no se cuenta con presupuesto para liquidar los anuncios ordenados para el 26 de abril y el 3 de mayo", escribió Villagrán– y la gerencia de información y Relaciones Públicas de la Productora Nacional de Semillas, de la SARH Adolfo Monroy Zorrivas, de Fonapas, fue más escueto: "Por medio del presente solicito a usted la cancelación de nuestra orden de inserción con fecha lunes 10 de mayo de 1982" Punto El Canal 13, con quien Proceso había firmado un contrato de intercambio publicitario que en el momento de la cancelación favorecía al canal estatal, pidió también por escrito la supresión temporal de sus anuncios, pero argumentando que la medida obedecía "a que estamos cambiando nuestro concepto publicitario y de imagen" RTC, directamente, amplió de una vez la medida involucrando a todas sus empresas En papel membretado de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Carlos de Landero Molina, director de Difusión Presidencial, Información y Relaciones Públicas de RTC, envió a nuestro gerente de publicidad el siguiente escrito: "Atentamente me dirijo a usted para indicarle que por decisión de la Dirección General de RTC, a partir de la fecha (27 de abril de 1982) cancelamos todo tipo de publicidad que anteriormente se le había concedido a la revista Proceso, por lo que no reconoceremos próximas publicaciones que en sus páginas se hagan, ya sea con textos o desplegados referentes a RTC o a cualesquiera de sus organismos y empresas filiales "Sin más, lo saludo" Al calce, el escrito consignaba el envío de copias a la C Margarita López Portillo y al C Francisco Galindo Ochoa Descontando estos ejemplos de ruptura formal, la mayoría de las cancelaciones publicitarias a Proceso se realizaron por la vía telefónica o por conducto personal Los responsables de las oficinas gubernamentales respectivas reconocieron, en casi todos los casos, que la decisión provenía de una orden terminante de Francisco Galindo Ochoa Quienes no confesaron ésta u otra causa optaron por el recurso simple del silencio y de los oídos sordos a los telefonemas de nuestros publicistas Tales fueron los casos, por ejemplo, del Departamento del Distrito Federal, del ISSSTE, del Conacyt, de Conasupo, de la Secretaría de Programación y Presupuesto El PRI se retiró también En su boicot contra Proceso, Galindo Ochoa no se conformó con inhibir a todas las oficinas y dependencias gubernamentales: desde la Secretaría de Educación Pública, verbigracia, que insertaba una página casi todas las semanas, hasta la editorial del Fondo de Cultura Económica que anunciaba libros en un tercio quincenal Su acción se prolongó a los gobiernos de los estados, con un poder de convencimiento y una eficacia sorprendentes, tomando en cuenta el carácter de estados libres y soberanos que la Constitución garantiza a las entidades federativas Fue así como el gobierno de Michoacán canceló el 21 de abril la publicidad que había autorizado el 20 de abril, y como se sustrajeron también –aduciendo razones de falta de presupuesto– los gobiernos de Hidalgo, México, Puebla y Tlaxcala Nada explicaron los publicistas de otras entidades, pero el retiro abrupto y casi simultáneo de todas ellas –con las eventuales excepciones de algunas alcaldías y presidencias municipales– confirmó la existencia y el éxito del boicot decretado por el titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República Ciertamente la drástica medida de Francisco Galindo Ochoa hiere la economía de CISA, pero desde luego no cancela la existencia del semanario Proceso Transcurridas cinco semanas del boicot y una vez evaluada con serenidad esta circunstancia crítica, los miembros del Consejo de Administración de CISA decidieron salvaguardar a Proceso, plenamente convencidos de que la presencia del semanario en la vida pública del país implica el ejercicio de un derecho y la impartición de un servicio a la comunidad Como las condiciones actuales de la empresa no permitían conseguir este empeño sin practicar una amputación, se optó por la supresión de la agencia Cisa-Proceso y la consiguiente reducción de nuestro personal Creada el 2 de agosto de 1976 –23 días después del golpe contra Excélsior ejecutado por el gobierno de Luis Echeverría– la agencia de noticias representó un primer impulso, definitivo, en el surgimiento de Proceso A partir de entonces, y durante cinco años diez meses, proporcionó servicios informativos a más de 50 suscriptores en el interior de la República, incluidas varias radiodifusoras y diarios tan arraigados como El Dictamen de Veracruz, La Opinión de Torreón y El Porvenir de Monterrey Semillero de reporteros, espacio independiente para el ejercicio profesional, la agencia permitió a Proceso subrayar una presencia periodística, ampliar sus canales informativos y penetrar en los asuntos de interés público con la oportunidad que ha caracterizado a nuestro semanario En las circunstancias en que se produce, su desaparición es un duro golpe a trabajadores, participantes y suscriptores, y lástima sobre todo, irremediablemente, la estructura del medio periodístico nacional Permite, sin embargo –garantiza, como acto propiciatorio–, la existencia ininterrumpida de Proceso Con el mismo número de páginas, con el mismo rigor profesional, con la misma voluntad de servicio, Proceso se sabe, hoy mejor que nunca, avalado por sus lectores, suscriptores y anunciantes fieles, porque gracias a ellos se hace posible su permanencia Proceso continúa Su línea periodística se mantiene inalterable (Proceso 291, 31 de mayo de 1982)