Cerrar espacios a la impunidad, opina sobre la captura de Nazar Haro Mérida, Yuc , 19 de febrero (apro)- El juez español Baltasar Garzón Real consideró, al ser cuestionado sobre la detención de Miguel Nazar Haro, extitular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que la creación de la fiscalía especial –encabezada por Ignacio Carrillo Prieto-- fue un “acierto” del gobierno mexicano, que ahora está rindiendo frutos, ya que cuando hay delitos que afectan a la humanidad, no deben quedar espacios de impunidad, ya que la subsistencia de los mismos impiden construir una sociedad democrática En otro orden, reiteró que en América Latina operan células del grupo independentista vasco ETA, y aunque declinó confirmar si en México existen miembros de esta organización, advirtió que estas personas “pueden estar en activo” “No le puedo contestar porque afecta al secreto de las causas que tramito, lo que sí le digo es que en diversos países de Latinoamérica hay personas vinculadas con ETA, y miembros de esa organización que pueden estar en activo”, señaló Al referirse a la postura del gobierno mexicano, que insiste en negar la existencia de etarras en el país, Baltasar Garzón reafirmó que “no le puedo afirmar esto porque afecta mi trabajo profesional; si las autoridades afirman esto, habrá que estar de acuerdo con ellas” El juez español dijo que la negativa de acceso al Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, para llevar al cabo diligencias legales a seis presuntos operadores del grupo rebelde, se debió a la falta de garantías en su proceso de investigación Aclaró que no se trató de que se le impidiera el acceso, sino que se argumentó que en el interior de la prisión no se garantizaba el sigilo y el secreto de las diligencias de investigación, de acuerdo con las legislaciones mexicana y española Respecto del caso del extorturador argentino Miguel Cavallo, extraditado del país, dijo que el proceso se encuentra en la fase pública de fincamiento de cargos Finalmente, ante estudiantes de la Universidad del Mayab de Yucatán, el juzgador español consideró que Estados Unidos, al intensificar su lucha contra el narcotráfico, hizo a un lado otros crímenes de violaciones a los derechos humanos, como los de explotación sexual --que genera ganancias por más de 8 mil 500 millones de dólares al año--, y antepuso sus intereses a las necesidades de millones de personas