* Dudan sobre los procesos de licitación y adjudicación de obras León, Gto , 12 de abril (apro)- La Cámara de la Industria de la Construcción en sus representaciones regionales dentro de la entidad, manifestó su inconformidad con el dictamen de la nueva Ley de Obra Pública y Servicios del estado, pues considera que no acota suficientemente la discrecionalidad con que los funcionarios públicos pueden actuar en los procesos de licitación y adjudicación de obras, porque toma como modelo la legislación federal de la materia, que “es obsoleta” A nombre de la CMIC estatal, su presidente Ynacio Villafuerte Cruz, firmó este día un desplegado en el que los constructores expresaron su rechazo a la intención de los legisladores locales de homologar la ley estatal con la Ley Federal de Obra Pública y Servicios, a la que consideran obsoleta y poco confiable, “como lo constatan los recientes actos bochornosos de corrupción que se han dado en el Distrito Federal”, en referencia al fraude presuntamente cometido al erario capitalino por varios exfuncionarios y las empresas de Carlos Ahumada La Comisión de Obra pública y Desarrollo Urbano acaba de firmar el dictamen de la Ley de Obra pública que será llevado al pleno de la Legislatura en próximos días Los integrantes de la comisión dicha instancia han anunciado que este dictamen contiene una ley que avanza en la transparenta de los concursos Además de que acusaron a los actuales diputados de no respetar los trabajos que ya se habían realizado con la anterior Legislatura y con el exsecretario de Obra Pública, los constructores de la CMIC asociados en las regiones de León, Salamanca, Irapuato, Celaya y Guanajuato afirmaron que no debe tomarse como referencia para la nueva legislación a la ley federal, en virtud de que “está en proceso de ser modificada, (pues) existe el compromiso de que en este mismo año se cuente con una nueva” “Lo único que pretendemos los constructores –según el desplegado-- es acotar la discrecionalidad de los funcionarios en los fallos, con la finalidad de que los procesos de adjudicación sean más claros” Además, pidieron garantías para que la obra pública asignada en la entidad prefiera a los constructores locales, con el argumento de que éstos generan “un valor agregado para el estado” en diversas circunstancias: la contratación de mano de obra, la derrama económica es total; así como el compromiso de las empresas guanajuatenses, como una posibilidad más concreta de que sean requeridas para afrontar cualquier reclamo, pues “por experiencia es conocido que cuando la empresa es foránea, fácilmente elude responsabilidades”