* ONG y defensores de derechos evalúan la violencia en Oventic Tuxtla Gutiérrez, Chis , 19 de abril (apro)- La agresión a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de parte de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue la crónica de un hecho anunciado desde meses atrás, tanto por organismos no gubernamentales como defensores de derechos humanos y, por otro lado, religiosos e investigadores Sin embargo, las comunidades zapatistas advirtieron que si el gobierno estatal de Pablo Salazar Mendiguchía no hace nada, en cuanto a castigar a los responsables de la agresión que sufrieron, reparar los daños y restablecer el servicio de agua a sus bases de apoyo, turnarán el caso a la Comandancia General del EZLN La disputa por el agua fue tan sólo una de las cuestiones que desató la violencia, derivada de la existencia de “dos marcos de gobierno”, reveló un día después de la agresión el obispo Felipe Arizmendi Esquivel, al hacer referencia a la junta de buen gobierno del Caracol de Oventic, y al ayuntamiento de Zinacantán, que se encuentra dentro del territorio del primero En la mañana del 16 de agosto anterior, el obispo de San Cristóbal afirmó sobre las juntas de buen gobierno: “Se dice que una razón es para mediar en los conflictos que pudieran darse entre municipios autónomos y gubernamentales En efecto, como el EZLN tiene sus propias leyes, no reconocidas por el Congreso federal ni por el estatal, y los municipios oficiales siguen la legislación común, esto genera conflictos al interior de las mismas comunidades” Y así fue, ya que el origen del conflicto se inició el 9 de diciembre anterior, cuando las autoridades municipales perredistas cortaron el suministro de agua en la comunidad Elambó Alto a las bases de apoyo del EZLN De igual forma se dio en Jechvo, Elambó Bajo y San Isidro Cuando el 10 de abril miles de zapatistas de los municipios autónomos --aglutinados en la junta de buen gobierno de Oventic-- marcharon para conmemorar un aniversario luctuoso más del general Emiliano Zapata, en Zinacantán, al término de la misma se dirigieron a Jechvó para proveerles de agua a sus compañeros de lucha, donde llenaron tanques o piletas, ánforas, bolsas y cubetas del manantial que les había sido vedado Pero cuando ya regresaban, les salieron al encuentro más de 150 perredistas que, con palos, piedras, rifles y cohetones, agredieron a los zapatistas, resultando como saldo tres heridos de gravedad por arma de fuego y decenas de lesionados Posteriormente se dio el desplazamiento de más de 150 familias, integradas por unas 500 personas, originarias de Elambó, Alto y Bajo, así como de Jechvó, hacia Oventic Tras el enfrentamiento, una comisión de observación realizó un recorrido en la zona de conflicto, y dicha instancia estuvo integrada por la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, CIEPAC, Enlace Civil, Estación Libre, Comité Civil de Diálogo Pejel Balumil, Promedios, Sipaz, K’inal Antzetik, entre otros Concluyeron que lo que ocurrió fue “un desenlace de un conflicto del cual las autoridades municipales y estatales ya estaban informadas, y aunque trasciende el problema del suministro de agua, realmente existe una campaña de intimidación y hostigamiento hacia estas familias, por el hecho de ser bases de apoyo zapatista” Miguel Ángel de los Santos, miembro de la Red de Defensores Comunitarios, recuerda en entrevista que a raíz de que se iniciaron los conflictos, en dos ocasiones esta ONG le planteó al ayuntamiento municipal la importancia de que se restableciera el servicio de agua para las bases de apoyo zapatistas Sin embargo, “siempre se escudaron en que eran decisiones de las comunidades y que el ayuntamiento no tenía nada que ver” Señala que el 15 de marzo facilitaron una reunión entre autoridades de Oventic y el ayuntamiento constitucional En ella se reveló que en Zinacantán también viven militantes de PRI, PAN y PT, y que “muchos de ellos no aportan las cooperaciones comunitarias; sin embargo, a ellos no se les ha privado del servicio de agua, como sí lo hicieron con las bases de apoyo zapatistas” En la misma reunión, se aclaró que las bases de apoyo zapatistas estaban de acuerdo en cumplir su labor comunitaria, pero que no aportarían ninguna cooperación para el ayuntamiento o para el PRD “Una vez que se aclaró lo de las cooperaciones, le solicitamos al alcalde que debería restablecer el servicio No obstante, se negaron a hacerlo”, refiere De los Santos Cruz Según el activista promotor y defensor de los derechos indígenas, la agresión pudo evitarse por parte de las autoridades municipales y estatales, porque ya se habían dado incidentes menores que mostraron la agresividad de los militantes del PRD hacia las bases de apoyo “Sin embargo, ninguna de las autoridades cumplió con su deber de prevenir la violencia Esperamos que ahora que han ocurrido los hechos que conocemos, sí cumplan con su deber de investigar, castigar a los responsables y reparar los daños causados”, indicó Los desplazados Sobre el desplazamiento de más de 150 familias, el gobierno estatal se apresuró a decir que ya habían retornado varias de ellas a sus comunidades, sin embargo, la información fue desmentida por las ONG Aunque el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía ha dicho que ya se restableció el servicio de agua potable a las comunidades de Jechvó, Elambó Alto y Elambó Bajo, al llevárselas en pipas, los observadores ponen en entredicho “la solución espontánea” Y también el gobierno estatal dio a conocer un acuerdo signado por las autoridades municipales, en donde éstas se comprometen a “garantizar la integridad física, moral y los bienes materiales de las familias asentadas en Jechvó, Elambó Alto y Elambó Bajo” También, se comprometen a “respetar y garantizar la libertad de asociación política y religiosa de las familias”, al tiempo de informarles que “las familias que abandonaron sus viviendas y sus comunidades pueden retornar a ellas cuando lo decidan El ayuntamiento y las autoridades comunitarias nos comprometemos a que no serán molestadas e inquietadas de ninguna manera” Pese a ello, las autoridades locales jamás se comprometen a dotar de agua a las comunidades bases de apoyo del EZLN, por lo que De los Santos Cruz advierte que el conflicto persistirá si no hay una solución de fondo