México, D F, 19 de abril (apro)- Mientras el gobierno federal sigue titubeando, dando tumbos en el manejo del caso Carlos Ahumada y frente a las serias acusaciones de Andrés Manuel López Obrador hacia la administración foxista, el país sigue adentrándose en el espiral de la narcopolítica Nunca como hoy las pruebas y señalamientos de políticos, priistas y panistas hasta el momento, involucrados con los cárteles de la droga, habían estado tan a flor de piel y, a pesar de ello, a los gobernadores no se les ha investigado Desde los ochenta, los grandes capos de la droga, algunos presos, como el caso de Miguel Angel Félix Gallardo, han participado en reuniones de políticos Este por ejemplo llegó a ser consejero de un banco mexicano --Somex, cuando su director fue el exgobernador Mario Ramón Beteta--, donde departía lo mismo con empresarios que con políticos A inicios de los noventa, durante el gobierno del panista Ernesto Ruffo en Baja California, se habló de manera insistente de su relación, a manera de tregua, con el cártel de los Arellano Félix, incluso a su procurador se le acusó de darles protección justo cuando se les encontraron, a lugartenientes de los Arellano, credenciales firmadas por este funcionario Pero poco o nada hizo el gobierno federal para frenar la infiltración del narco en la política Recientemente, en el caso de Amigos de Fox, se sospechó de lavado de dinero, y el gobierno federal hizo como que investigó, pero le bastó la declaración de uno de los inculpados, que manifestó que el dinero no provenía del lavado de dinero sino que era lícito, como para que las autoridades lo exculparan y no iniciaran una investigación seria Cierto o no que hubo lavado de dinero en Amigos de Fox, la acusación se dio y la investigación fue deficiente, según consideró en su momento el exconsejero electoral Jaime Cárdenas Después llegó el señalamiento contra el actual gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y el encargado de sacarlo a la luz pública fue Proceso, al dar a conocer un informe del FBI que involucra al mandatario estatal A pesar de ello las autoridades poco hicieron El caso más reciente y escandaloso es el del gobierno panista en Morelos encabezado por Sergio Estrada Cajigal A su exdirector de la Policía Ministerial se le abrió un proceso en su contra por proteger a la banda de Juan José Esparragoza, El Azul El sábado renunció el procurador de Estrada Cajigal y, hoy, su secretario de Gobierno, Eduardo Becerra A ambos el Congreso local les pidió que dimitieran por sus presuntos nexos con el narcotráfico A Estrada Cajigal se le pidió lo mismo, pero éste se aferra al poder sin entender que su permanencia a cada minuto daña más a la política Hoy la revista Proceso revela que a Tomas Yarrington por fin la PGR y el Ejército lo investigan bajo sospecha de estar ligado con el narcotráfico Uno de sus policías reveló al reportero Ricardo Ravelo que el procurador de Justicia, Francisco Cayuela Villarreal, por órdenes del gobernador, recolecta dinero del narcotráfico con el único objetivo de hacer su cochinito para la campaña presidencial del 2006 A pesar de estos antecedentes, el gobierno federal parece reaccionar a paso lento mientras el narcotráfico se infiltra más y más en la porosa esponja de la política, que absorbe y da la bienvenida a todo aquel que pueda aportar recursos para las campañas sin importar su origen La narcopolítica está en México desde hace tiempo, pero nunca tan evidente como ahora y si no, basta con echar un vistazo a los periódicos que, desde hace más de una década, vinculan al señor Jorge Hank Rhon con el cártel de la droga de los Arellano Félix, y quien hoy se pasea tranquilamente por la ciudad de Tijuana haciendo campaña para ganar la presidencia municipal bajo las siglas del PRI La falta de ética de los políticos, la lucha descarnada por el poder y la falta de escrúpulos han hecho que hoy política y narco vayan de la mano en un país que pretende asomarse a la democracia, pero que cada vez que da un paso, brinca dos para atrás, por hechos como en los que se han visto involucrados los gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas, Morelos, Quintana Roo y Baja California Y el gobierno federal, en lugar de poner fin a ello y dedicarle más tiempo, se hace bolas con las acusaciones contra Andrés Manuel López Obrador, por cierto, otro presidenciable que puede ser buscado por el narco para hacer acuerdos hacia el futuro