México, 20 de abril (apro) - En el fondo, es muy plausible la decisión que tomó el Consejo General del IFE la noche del lunes 19 de abril, cuando multó a los once partidos políticos, incluidos los cinco que perdieron el registro durante los comicios federales intermedios del 2003 Las razones son por rebasar los topes de campaña, por promocionales no reportados y por concepto de depósitos en efectivo que rebasan los 500 salarios mínimos Esta decisión del IFE se entiende como un elemento que contribuye a la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos, en la era en que la transparencia ha estado más en los discursos que en los hechos Sin embargo, como sucedió en la elección federal del 2000 y en anteriores procesos, con la aprobación del dictamen del 19 de abril nuevamente quedó de manifiesto que el instituto adolece de los instrumentos legales para fiscalizar y sancionar con eficacia a los partidos políticos, que permitan recuperar recursos que han resultado aplicados en forma indebida y que los transgresores reciban una sanción ejemplar Parece que la memoria dejó ya muy atrás la elección federal del 2000, misma que las autoridades presumieron, allende las fronteras, como “la más democrática”, la alternancia que abría al “cambio” en México Pero no tardamos en saber que en ese proceso electoral existió un escandaloso desaseo de los partidos políticos, por ejemplo, que la campaña del presidente Vicente Fox, al que los suyos proclaman como un demócrata, fue altamente cuestionada por el financiamiento de una organización paralela al PAN, que inyectó dinero a la aventura del guanajuatense Tanto en la sanción a la alianza PAN-Partido Verde, por el caso Amigos de Fox, como al PRI, por el Pemexgate, quedó demostrado el uso indebido de recursos --privados y públicos-- para buscar un triunfo electoral Es decir, el uso ilegal de dinero para acceder al poder, corrupción política que en México se le ve con demasiada naturalidad A pesar de todas las limitaciones legales, el anterior Consejo General del IFE logró aplicar sanciones a estos partidos que postularon a Vicente Fox y a Francisco Labastida, los cuales protestaron como si tuvieran las manos limpias Hoy la sanción que aplicó el renovado Consejo General rebasa los 418 millones de pesos Así, de los partidos con registro, el caso más notable fue el del PRI, al que se le aplicó una multa de casi 80 millones Sin embargo, el caso que se ha convertido en un verdadero escándalo es el del Partido Sociedad Nacionalista (PSN), que encabezó Gustavo Riojas Santana, al cual le fue impuesta una sanción de 203 millones 571 mil 837 pesos El exceso en este caso llevó al IFE a dar vista de este asunto a la Tesorería de la Federación y a la PGR, porque puede haber conductas que se enmarcan en lo delictivo, ya que no presentaron los reportes de gastos de campaña Esta organización es uno de los símbolos del abuso y la desfachatez —como sucede con el Partido Verde—, porque se convirtió en el negocio familiar de Gustavo Riojas En la misma organización política participaban la esposa, una hermana y su hijo Incluso, cuando los reporteros lo cuestionaban sobre este particular, tuvo el cinismo de responder: “Ojalá todas las familias pudieran mantenerse unidas en torno a un proyecto” Desde 1999 el IFE documentó, una y otra vez, los excesos de estos personajes, como era transferir, a las cuentas de sus empresas privadas, recursos provenientes de las prerrogativas La pregunta y discusión del Consejo General del IFE se centró en: ¿cómo se le puede cobrar 203 millones de pesos a un partido que ya no tiene registro? Unos consideran que el hecho de no tener registro, impedía a la autoridad recuperar el dinero, porque ya no existía personalidad jurídica, sin embargo, a la fecha algunas organizaciones políticas sin registro aún persisten en dar seguimiento a algunos procesos jurisdiccionales ante el Tribunal Federal Electoral, lo cual les da cierta personalidad legal El hecho, como lo explicó el consejero Marco Antonio Gómez, es que aunque un partido haya perdido su registro, ello no lo exime del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades derivadas de su actuación durante la vigencia de su registro correspondiente, máxime si se trata del uso de recursos públicos Por tal motivo, el IFE puede iniciar un procedimiento ante la Tesorería de la Federación para que ésta realice los actos pertinentes para el cobro y la recuperación de las sanciones que impuso el IFE a los partidos, específicamente a los que quedaron sin registro Así mismo, se le dará vista a la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que investigue estos casos y proceda si se acredita la comisión de delitos Esta decisión es el resultado de la interpretación forzada de la ley, porque no existe claridad sobre cómo actuar en este tipo de eventos Penosamente, el problema es que como la política en México está absolutamente partidizada —incluida la decisión de que el IFE coloque a los propios partidos bajo la “la lupa”—, entonces no existe una garantía de que las próximas reformas electorales contemplen las reformas legales que den ese andamiaje jurídico suficiente al instituto para encarar estos abusos