* Barras de abogados exponen 26 faltas en que habría incurrido el gobernador Cuernavaca, Mor , 20 de abril (apro)- Integrantes de dos de las agrupaciones más importantes de abogados presentaron al Congreso local una solicitud de juicio político en contra del gobernador panista Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez "Estamos aportando 26 expedientes o elementos en los que el Ejecutivo incurre en faltas a la Constitución, a su representación y al desempeño de su cargo", explicó Carlos de la Rosa, vocero del Foro Morelense y de la Barra de Abogados "No hay para el juicio político, ni tampoco los morelenses merecen la solicitud de licencia por interés de unos cuantos", refutó el mandatario estatal La solicitud de juicio se registra 72 horas después de las renuncias del procurador Guillermo Tenorio Ávila --el sábado 17-- y del secretario general de Gobierno, Eduardo Becerra Pérez –la mañana del lunes Ambas salidas fueron solicitadas por el Congreso después que los legisladores aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo a raíz de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que implicó a jefes de la Policía Ministerial con el cártel de Juárez Arraigo a exfuncionarios El Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió que tanto el exprocurador, Guillermo Tenorio, como el exsecretario de Gobierno, Eduardo Becerra, sean arraigados para evitar que, en caso de ser responsables de algún delito, se sustraigan de la acción de la justicia "La renuncia no es suficiente, hemos pedido que se arraigue para que sigan las investigaciones y, si son responsables del crecimiento tan desmedido del narcotráfico, paguen ante la justicia", exigió Jorge Shaffino, delegado del PRI en el estado Entre las 26 omisiones en las que habría incurrido Estrada Cajigal, según los propios abogados, se encuentra precisamente el nombramiento de Agustín Montiel, coordinador de la Policía Ministerial detenido por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) acusado de narcotráfico y delincuencia organizada En el marco de las acaloradas discusiones que se registraron hoy entre legisladores de las cinco fracciones parlamentarias –PRI, PRD, PAN, PVEM y Convergencia-- sobre el posible juicio político contra Estrada Cajigal, dos mil habitantes del municipio de Tlalnepantla llegaron al recinto para exigir la salida de su presidente municipal, Elías Osorio, alcalde priista acusado de generar ingobernabilidad al igual que Estrada Cajigal De ninguna manera, refutó el jefe del Ejecutivo, hay ingobernabilidad, pues el estado sigue su desarrollo cotidiano, "pueden ver que está caminando", espetó visiblemente molesto La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados reconoció que después de la salida de Montiel López ha recibido 60 quejas de ciudadanos, quienes presuntamente sufrieron tortura y privación ilegal de la libertad por parte de policías ministeriales "Sabemos que muchas de las personas que hoy están purgando una condena, les fabricaron delitos, muchos que enfrentan al Ministerio Público en la integración de expedientes también les fabricaron delitos", puntualizó Fidel Demédicis, diputado local del PRD Por otra parte, representantes de organizaciones no gubernamentales convocaron para este miércoles a una magna movilización, donde esperan que miles de morelenses exijan a Sergio Estrada que pida licencia para separarse del cargo, a fin de que enfrente un juicio político El texto del fundamento del juicio político es el siguiente: La demanda de juicio político en contra de Sergio Estrada se basa en la supuesta y reiterada violación a las garantías individuales de la sociedad que le confirió el mandato como gobernador, a partir del "abandono o desatención injustificada de las funciones que le fueron encomendadas" El punto número dos de la demanda, que contempla 24 páginas tamaño oficio, habla de violaciones constitucionales directas, "desatención e incapacidad total para obtener la aprobación del presupuesto; negligencia total para la declaración de desaparición de poderes en el caso Tlalnepantla; represión contra los habitantes de Temoac, al haber utilizado en exceso a las corporaciones policiacas de la zona metropolitana de Seguridad Publica, Policía Ministerial zona metropolitana y Zona Oriente, policía municipal de Jantetelco, Amacuzac y Puente de Ixtla" Incapacidad total para la pronta solución en el caso de la Normal Emiliano Zapata de Amilcingo --continúa el documento--; violación a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el nombramiento de Irineo Islas Gómez, como encargado del despacho, así como el usurpar funciones al nombrar al coordinador de la Policía Ministerial, cuando esta sólo es facultad del titular de la dependencia Uno de los puntos centrales de la demanda de los abogados gira en torno al nombramiento de Agustín Montiel: "Designar al coordinador de la Policía Ministerial cuando sobre éste pesaban múltiples recomendaciones de los derechos humanos en el estado de Guerrero "Haberse otorgado bonos de productividad a sí mismo, como a su gabinete, durante los tres primeros meses de su gestión, en forma irregular; el gasto excesivo en publicitar su imagen; su incapacidad para generar fuentes de empleo aunada a los gastos excesivos en sus viajes al extranjero aparentemente con este fin", relatan También abordan la autorización que le dio al ahora exprocurador Guillermo Tenorio para "viajar a Checoslovaquia a comprar armamento, del que no se ha rendido cuentas al Congreso local; la contratación de extranjeros y permitirles inmiscuirse en los asuntos de la política interior de nuestra entidad, y la franca vulneración a la Constitución al nombrar a su hermana directora del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia" El punto 13 refiere presuntos malos manejos financieros y el exceso de recursos para el tristemente célebre “helicóptero del amor”, sin justificación alguna por su inoperancia y uso exclusivo de sus viajes Así como el gasto por 35 millones de pesos correspondientes al 2003, empleándolos en su propia imagen De igual forma critican la designación como candidato de Acción Nacional a Noe Sánchez Cruz, cuando no reunía los requisitos legales y la represión a los integrantes del Frente Cívico Pro Defensa del ExCasino de la Selva Más adelante denuncian los viajes de Estrada al extranjero, "dejando en total y absoluto abandono las funciones que le fueron encomendadas Así como los viajes que conjuntamente realizó con el secretario de Gobierno, Becerra Pérez, a Alemania, Las Vegas, Hawai y Costa Rica" Recriminan la supuesta represión a las trabajadoras de Confitalia, por haber exigido sus derechos laborales; el cese de la doctora Vesta Richardson López Collado como directora general del Hospital del Niño, así como la represión violenta a los médicos, enfermeras y demás personal de dicho instituto médico "Limitar el ejercicio de protección de los abogados morelenses, incriminando y consignándoles al penal de Atlacholoaya por conducto del Ministerio Público, que reflejan su hostilidad a dicho gremio", detallan en el punto 19 El día martes 6 de abril de 2004, explican, la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas sobre Delincuencia Organizada, aprehende al coordinador general de la Policía Ministerial de la Procuraduría local, por sus vínculos contra el narcotráfico, actuando con la complacencia de Estrada Cajigal Además, tratan de consolidar la flagrante omisión del artículo 12 de la Constitución local, al haberse preferido designar presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a un ciudadano no morelense; "violó la Ley Federal del Trabajo, al haber nombrado presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a Pascual Gumaro Archundia Becerril, a pesar de no reunir el perfil" De ahí se desprende la supuesta violación a la Ley Federal del Trabajo, por mantener acéfala la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, permitiendo que "su personal jurídico actuara sin nombramientos, sin salario y usurpando funciones" Otra presunta violación fue el nombramiento --en abril de este año-- de Javier Mújica Díaz, como presidente de la Junta Local de Conciliación, también sin reunir el perfil El punto 25 habla de violaciones sistemáticas a la misma Ley del Trabajo por haber nombrado presidentes de las Juntas Especiales 1, 2 y 3 de la Junta local con personas que tampoco reunieron el perfil Por último, en el punto 26, los abogados revelan una violación vigente, que "permite que el presidente de la Junta Especial No 1 de Conciliación y Arbitraje, de manera simultánea desarrolle el cargo de presidente de la Junta Especial 1 Bis, de la misma dependencia”