En 1993, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, creó la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA) mediante una adjudicación directa Funcionarios cercanos a él operaron inicialmente los fideicomisos aduaneros a su cargo Tras esta constitución, aparentemente discrecional, varios funcionarios han señalado irregularidades operativas en la empresa y la acusan de negarse a informar a la Auditoría Superior de la Federación sobre sus operaciones ISOSA argumenta que son privados, aunque los fondos utilizados son públicos Este doblez parece diseñado para evadir los controles que rigen el uso de los recursos federales Durante una década de operaciones oscuras y por completo al margen de la fiscalización del gobierno federal, la Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), cuya constitución estuvo a cargo de Francisco Gil Díaz y Santiago Creel Miranda, ha sido blanco de auditorías y oficios internos, así como de tarjetas informativas entre la Secretaría de Hacienda, su Contraloría Interna, el Órgano de Control Interno de Nacional Financiera y la que fuera Secodam, en las que sus propios funcionarios reconocen la grave ilegalidad en la que operan fideicomisos supuestamente privados, pero que guardan recursos públicos En 1993, como subsecretario de Ingresos y presidente del Fideicomiso Aduanas I, Francisco Gil Díaz se encargaba personalmente de asignar los salarios a los principales directivos de ISOSA, como lo hizo en el caso de Lorenzo Hernández (director general del Fideicomiso SHCP Aduanas I en el año de su constitución y actual secretario particular de Gil Díaz),quien percibía 35 mil pesos netos El subsecretario Gil Díaz sólo notificaba a Rafael Castillo Acosta, entonces director de Fideicomisos de Nacional Financiera, sobre las decisiones que adoptaba para la empresa privada, todo ello a pesar de que el reglamento interior de Hacienda no la facultaba para actuar como gestora de negocios Fue en 1993 cuando Gil Díaz decidió crear ISOSA, por adjudicación directa, luego de que la Secretaría de Hacienda terminó su relación comercial con la empresa ISSA, a su vez conformada por la empresa Shl System House y Gervassi Clark, la cual -en una licitación pública, en julio de 1992- se adjudicó la administración y servicios de procesamiento electrónico de datos relacionados con el despacho aduanero (Proceso 1348) Entre las empresas interesadas en sustituir a ISSA estaban Unisys de México, IBM de México, Hewlett Packard, Andersen Consulting, Integra Sistemas, Logidata, Bozz Allen & México y Soft Tek Sin embargo, Gil Díaz consideró que ninguna de esas empresas cumplía con los requisitos mínimos y decidió que la dependencia se convirtiera en gestora de negocios para hacerse cargo directamente de la operación de ISOSA Así, en el Comité Técnico del Fideicomiso Aduanas I participaban, según sus minutas a marzo de 2004, Rubén Aguirre Pagburn, actual subsecretario de Ingresos; Juan Manuel Galarza Mercado; Jaime García Jiménez; Luis Manuel Gutiérrez Levy; Emilio Romano Mussali, quien ocupaba en ese momento la Dirección General de Política de Ingresos y Asuntos Fiscales Internacionales; Luis Carlos Moreno y Lorenzo Hernández Herrera, quien después de un año en el cargo abandonó el fideicomiso creado por Gil Díaz para aceptar la invitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la Dirección General de Marina Mercante También estuvieron presentes en el Comité Técnico de ISOSA Emilio Castillo Sánchez Mejorada, Pablo J Cervantes, Eduardo Díaz Guzmán Álvaro Gazca Neri, Eva Tavares y Gabriel Mancera Arrigunaga, pariente de Luis Mancera Arrigunaga, director general de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, así como de Javier Arrigunaga, exdirector del Fobaproa y actual director de Operaciones de Banamex Como director del Fideicomiso Aduanas I, Lorenzo Hernández Herrera firmó y tuvo amplios poderes en una cuenta de Banca Serfin, cuyos fondos tampoco fueron fiscalizados, por lo que fue el Comité Técnico del mismo fideicomiso el que en una sesión aprobó los movimientos de recursos presentados por Hernández, "liberándolo de toda responsabilidad", también por iniciativa de Gil Díaz, tal como consta en los oficios enviados por el funcionario a la Dirección de Fideicomisos de Nafin Además, Gil Díaz y los directores de ese fideicomiso gozaron de amplios poderes para expedir cheques con cargo directo a los fondos, operaciones que, en todo momento, contaron con la asesoría de Noriega y Escobedo, despacho donde fue socio Santiago Creel, actual titular de la Secretaría de Gobernación y también vocal en el fideicomiso generador de ISOSA (Proceso 1348) Reportes ignorados Uno de los funcionarios públicos que se percató de las irregularidades operativas que se cometieron una y otra vez en ISOSA fue Juan Manuel Galarza Mercado, administrador general de Recaudación, quien en el oficio 322-A-A6258 del 24 de abril de 1994 informó a Raúl Haro López, administrador único de ISOSA a la salida de Lorenzo Hernández, de los problemas detectados en la relación de esa área con la empresa privada "Me permito hacerle mención de nueva cuenta de todas las anomalías que hemos detectado y que, en diferentes comunicados y juntas con los directivos de la empresa que usted dirige, se han tratado, sin éxito, para su corrección inmediata, a lo largo de todo el proceso de levantamiento de inventario de equipo de cómputo de la Subsecretaría de Ingresos", establecía el oficio de Galarza Mercado al referirse a uno de los proyectos encargados a ISOSA Tan sólo cuatro días después, en un oficio dirigido a la Subsecretaría de Ingresos y a la Unidad de Contraloría Interna, Galarza arremetía de nueva cuenta contra ISOSA Sostuvo que, por recomendación del entonces auditor general de la Unidad de Contraloría Interna de la SHCP, José Luis Martínez Hurtado, Galarza informó a la Subsecretaría de Ingresos sobre la falta de coordinación, seguimiento y supervisión, y el control de calidad deficiente por parte de los directivos de ISOSA Además, hizo referencia a la continua falta de comunicación hacia la Secretaría de Hacienda, pues la empresa ocultó en varias ocasiones el avance de los proyectos vinculados con bases de datos y administración de los recursos provenientes del cobro del derecho de trámite aduanero Constituidos en Nacional Financiera, los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II fueron investigados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual, en la revisión de la Cuenta Pública de 2002, reportó que Nafin posee ahora 99% de las acciones de ISOSA, por lo que cuenta con la mayoría de los votos en las decisiones de la Asamblea General de Accionistas; además, el banco de desarrollo también tiene el control absoluto sobre la administración de la misma En su reporte, sin embargo, la ASF se enfrentó con la negativa de Nafin para informar sobre la operación de dichos fideicomisos que, hasta el primer trimestre de 2004, operaban recursos por 7 mil millones de pesos, pues argumentó que se trataba de fideicomisos privados En la evaluación del Fideicomiso Aduanas I 954-8, se encontró que, tan sólo en 2002, se entregaron a la Tesorería de la Federación 2 mil 200 millones 493 mil 100 pesos de los ingresos generados por el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) Sin embargo, en septiembre de 2002, Jorge Sánchez Baca, titular del órgano interno de Control de Nacional Financiera, informó a Francisco Barrio Terrazas, hoy diputado del PAN y entonces secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), que luego de realizar auditorías al Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II, identificó la vinculación de los fideicomisos denominados SHCP Aduanas y advirtió que los ingresos federales provenientes del cobro de derechos aduanales se depositaban en este instrumento y no en la Tesorería de la Federación (Tesofe) En ese momento, Sánchez Baca refirió cómo en mayo de 1993 la SHCP constituyó en Nafin el Fideicomiso SHCP Aduanas -sin administración propia-, en el cual el fideicomitente era la propia dependencia, el fiduciario Nafin y la fideicomisaria la misma SHCP, a través de la Subsecretaría de Ingresos El principal objetivo de este fideicomiso, según Sánchez Baca, era recibir del sistema bancario mexicano las cantidades que le fueran entregadas en cumplimiento al artículo 8-B de la Ley Aduanera El contrato original del fideicomiso fue modificado el 19 de octubre de 1994 y el 2 de junio de 1998 Los cambios al contrato, de acuerdo con el contralor interno de Nafin, estuvieron orientados, fundamentalmente, a reconocer la personalidad del Sistema de Administración Tributaria (SAT) como fideicomitente En su origen, el patrimonio del Fideicomiso SHCP Aduanas ascendía a 200 millones de nuevos pesos, y su saldo hasta junio de 2002 era de 5 mil 482 millones de pesos Estos recursos provenían del pago por la contraprestación del servicio de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados para llevar el despacho aduanero Con cargo a este fideicomiso, el SAT cubre los gastos que origina el servicio de procesamiento de datos que proporciona la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA) En agosto de 1995, la SHCP constituyó en Nacional Financiera el Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II, con el fin de administrar los recursos líquidos que conforman su patrimonio y se destinan a sufragar adquisiciones, mantenimiento, operación, reparación o ampliación de las instalaciones y equipos de los recintos aduanales Además, son fideicomitentes 12 consorcios de empresas de comercio exterior, integrados por agentes aduanales, cuya función adicional como entidades privadas es prestar servicios de revisión de mercancías a la Administración General de Aduanas cuando se presenten controversias ante la autoridad, servicio al que se identifica como "segundo reconocimiento" El patrimonio de este fideicomiso asciende a 459 millones de pesos, y la SHCP, a través del SAT, tiene el carácter de fideicomisaria, con base en la modificación de noviembre Sobre este punto, Proceso consultó al presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, Alejandro Ramos Gil, quien reconoció que ISOSA es una empresa cuya operación se conoce poco y aseguró que no está vinculada de manera directa con los agentes aduanales Ramos Gil indicó que ISOSA es la entidad privada concesionada por la Secretaría de Hacienda para administrar los recursos resultados del cobro a exportadores del DTA; sin embargo, explicó que en la zona del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) se eliminó el llamado Merchandise Processing Fee (MPF), pues se trata de un derecho prácticamente en extinción que incluso provocó quejas de exportadores e importadores Lamentó que mientras la Administración General de Aduanas apenas cuenta con un presupuesto de 150 millones de pesos anuales y su personal ha disminuido hasta en 20%, el sistema de aduanas estadunidense tiene un presupuesto de más de 52 mil millones de dólares que, en una tercera parte, se destina a su frontera sur Así, mientras en el presupuesto se otorgan sólo 150 millones de pesos a la atención de las aduanas y se exige mayor vigilancia para evitar el contrabando técnico y bronco, ISOSA registra en sus cuentas privadas más de 7 mil millones de pesos Los ingresos que se obtienen del cobro de derechos por los servicios de trámites aduaneros son depositados en el sistema bancario que interviene en la recaudación, de los cuales 1372% se integran directamente a la Tesofe en una cuenta establecida para tal efecto, mientras el 8628% restante se canaliza al Fideicomiso SHCP Aduanas Una vez que esos recursos ingresan a la fiduciaria (Nafin), el SAT ha dado instrucciones de que los recursos se distribuyan de la siguiente manera: 74% permanecen en el fideicomiso y 1228% se dispersan en las cuentas bancarias de 12 consorcios, como pago de los servicios prestados en el segundo reconocimiento En 2002, el patrimonio del Fideicomiso SHCP Aduanas ascendía a 5 mil 482 millones de pesos, integrados básicamente por 4 mil 823 millones 500 mil pesos que estaban invertidos en la mesa de dinero de Nacional Financiera, y por 654 millones 700 mil pesos en acciones representativas de ISOSA Así, gran parte de los ingresos obtenidos se encuentran depositados en dos fideicomisos constituidos en Nafin, a través de los cuales se realiza una serie de gastos que, según el contralor interno de Nafin, deberían cumplir con la legislación vigente que regula el manejo de recursos federales, iniciando con su depósito invariable ante la Tesofe y la contratación de obras y adquisiciones en apego a las leyes en la materia La Contraloría Interna de Nafin también detectó la construcción de algunos recintos aduanales por 32 millones de pesos a cargo de la empresa Ingenieros, Proyectistas y Constructores Virtual, cuyo domicilio fiscal declarado no se ubicó Además, destacó que, ya en ese momento, la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta consideraba a esos fideicomisos privados, cuando deberían ser públicos por la naturaleza de los recursos y la personalidad de las partes que los conforman De esta manera, con la operación de ISOSA mediante fideicomisos "privados", dice Sánchez Baca, la Administración General de Aduanas -al margen del presupuesto que tiene aprobado por la Federación- dispone de recursos extrapresupuestales para gasto de inversión que, en primera instancia, nadie le supervisa; además, mantiene una excesiva liquidez que aparentemente le permitirá cubrir contingencias sin verse limitada a cumplir con los techos y calendarización presupuestal asignada, leyes, reglamentos, políticas y procedimientos presupuestales Debido a esa situación, el contralor interno solicitó el apoyo de expertos en la materia para analizar la situación jurídica del Fideicomiso SHCP Aduanas Sánchez Baca también fue consultado por Proceso sobre el contenido de la tarjeta informativa (S-117/2002) enviada a Barrio Terrazas el 9 de noviembre de 2002 El funcionario de la actual Secretaría de la Función Pública prefirió no comentar el documento ni respondió por qué la Auditoria Superior de la Federación no lo incluyó en su investigación Dos años después, sin embargo, una investigación de la Auditoría Superior de la Federación reportó una vez más que, constituidos en Nacional Financiera, las acciones y decisiones de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II están bajo el control de Nafin en 99%, por lo que ahora contaba con la mayoría de los votos en las decisiones de la Asamblea General de Accionistas; además, Nafin también posee el control absoluto sobre la administración de la misma, a pesar de que se trata de una empresa de participación estatal mayoritaria La ASF reportó que el Órgano Interno de Control de Nafin tampoco proporcionó información referente al saldo de las cuentas bancarias del Fideicomiso Aduanas I, número 954-8, ni la inscripción de éste en el registro de Mandatos y Fideicomisos de la Administración Pública Federal, lo que también constituye una infracción a la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos