Guatemala: la mala experiencia de la privatización eléctrica

lunes, 10 de mayo de 2004 · 01:00
Ciudad de Guatemala (apro) - Cumplida una década desde que a finales de los ochenta arrancó el proceso de privatización en la generación y distribución de energía eléctrica en Centroamérica, el saldo no podría ser más desalentador: tarifas que se triplicaron, quejas multiplicadas y más de 9 millones de habitantes de áreas rurales y de bajos ingresos marginados del servicio La experiencia centroamericana de privatización eléctrica ha beneficiado fundamentalmente a los peces gordos: gigantes trasnacionales que dominan los mercados de generación y distribución, grandes empresas que compran en el mercado abierto a precios más bajos que los usuarios domésticos, y empresas generadoras que evaden inversiones de generación renovable y proyectos a largo plazo, y concentran sus recursos en centrales térmicas, construidas en plazos cortos y de alta rentabilidad, consignan estudios de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y de organizaciones de consumidores en el Istmo Al iniciar el proceso privatizador de la electricidad, los gobiernos centroamericanos prometieron a sus ciudadanos que el traslado a manos privadas de la generación y la distribución de electricidad se traduciría en mejoras en la calidad del servicio, reducción de precios y mayor cobertura Diez años después, las promesas se diluyeron De acuerdo con el estudio Diez años de reforma en la industria eléctrica del istmo centroamericano, elaborado por Cepal, a partir de la privatización la factura de electricidad para los usuarios de la región creció entre 5 a 10% anual, y los precios se duplicaron e incluso triplicaron para los usuarios residenciales, ubicándose en el rango de 64 a 132 centavos de dólar kilovatio/hora en 2002 Las tarifas más bajas son las de Costa Rica, país que sólo privatizó la generación de electricidad y retiene la distribución: y las más altas se cobran en El Salvador, el más abierto mercado eléctrico de la región En términos generales, las tarifas residenciales de los cuatro países que liberalizaron totalmente su mercado --Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá-- son 56% superiores a las de los países que continúan bajo administración estatal: Costa Rica y Honduras La oferta de electricidad para todos tampoco se hizo realidad: el índice de electrificación en Centroamérica creció de 64% en 1988 a 75% en 2002, pero 16 millones de viviendas --9 millones de personas-- permanecen excluidas del servicio, detalla el informe Y en cuanto a la expectativa de trasladar el manejo del sector a empresas eficientes, la poca eficacia de los nuevos distribuidores privados se refleja en el alto nivel de pérdidas técnicas y no técnicas, que se mantienen en niveles similares a las que reportaban las empresas públicas antes de la privatización, entre 20 a 32%, con excepción de costa Rica, país en donde la empresa pública que se encarga de la distribución redujo el nivel de pérdidas a 9% La Cepal estima que reducir las pérdidas de electricidad en el istmo a un 9% generaría 200 millones de dólares adicionales de recaudación a las empresas distribuidoras, monto que podría trasladarse a reducir tarifas o a financiar planes de electrificación rural Con la privatización de la generación eléctrica hubo un retroceso en la generación de energía renovable, con excepción de Costa Rica, que sigue invirtiendo en proyectos termoeléctricos e innova con proyectos de generación eólica En 1990, 92% de la energía eléctrica generada en la región provenía de centrales hidroeléctricas y térmicas Para 1998, con las empresas estatales en retirada, la participación de energía renovable se redujo a 647% del total y, en 2002, con la generación ya en manos privadas, apenas 57% de la demanda es abastecida con energía renovable En cuanto a la calidad del servicio, las empresas presumen importantes mejoras, incrementos fuertes en la cobertura, sistemas de atención de quejas y un mejor servicio, mientras los usuarios se quejan en forma creciente de la calidad del servicio, de incrementos exorbitantes en sus facturas y, en sectores rurales, de escasa cobertura En la región occidental indígena de Guatemala se han sucedido manifestaciones contra las altas tarifas y el mal servicio, al grado que líderes comunitarios promotores de la electrificación han sido linchados, mientras en distintos países --El Salvador, Nicaragua, Guatemala-- organizaciones de consumidores, municipalidades y dependencias públicas usuarias del servicio han denunciado abusivas prácticas discrecionales de las empresas privadas encargadas de la distribución En Nicaragua, comunidades enteras han sido suspendidas del servicio cuando se detecta que algunos habitantes obtienen el servicio de forma irregular, e instalaciones públicas, incluyendo hospitales, han quedado sin servicio por retrasos en los pagos En Guatemala, las quejas por el constante incremento de las tarifas por consumos no detallados se multiplican, y autoridades municipales, incluyendo las de la capital, mantienen recursos en la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad contra cobros de las empresas distribuidoras En El Salvador, usuarios se quejan de los cobros extra que se aplican en las ventanillas de los bancos al pagar la factura Según Cepal, “el control de calidad del servicio de distribución se encuentra en una fase inicial, por lo que todavía no se cuenta con indicadores confiables sobre los progresos realizados De acuerdo con las estadísticas de las distribuidoras, se habrían experimentado sensibles mejoras, sin embargo, la percepción de los usuarios parece diferente, especialmente ante algunas empresas que sirven a las poblaciones del interior y áreas rurales” A partir del 2000, precisa el documento, vencieron los periodos de gracia, y las distribuidoras tendrán que afrontar penalizaciones derivadas de las fallas en sus servicios Otra de las promesas truncadas: que la privatización permitiría reducir las transferencias y subsidios para disponer de mayores recursos para el gasto social de los gobiernos No obstante, se mantienen a través de tarifas sociales y subsidios cruzados en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, los que han permitido atenuar los efectos sociales de las crecientes tarifas en segmentos pobres de población Los gobiernos centroamericanos han tenido que asumir, además, el compromiso de conectar a 16 millones de usuarios de bajos ingresos y ubicados en zonas alejadas que requieren de una alta inversión La acelerada reforma del sector eléctrico en Centroamérica, señala Cepal, no previó estímulos mayores para la generación de energía renovable, salvo en Honduras y Panamá, que aprobaron sobreprecios de 10 y 5%, respectivamente, en el pago de generación a partir de fuentes renovables El origen Al inicio de las reformas, en 1990, Guatemala y Honduras presentaban el mayor rezago con índices de electrificación de 33 y 38%, respectivamente; mientras Nicaragua, Panamá y El Salvador estaban en posición intermedia, con coberturas de entre 47 a 59% Sólo Costa Rica había alcanzado un nivel alto de cobertura, 90% Hasta mediados de los noventa, la organización de la industria eléctrica en los países centroamericanos era semejante Cada país contaba con una empresa pública de electricidad constituida como organismo semi-autónomo encargado de la generación, transmisión o distribución Los ajustes de tarifas eran decididos en última instancia por el presidente, y las empresas estatales desempeñaron un papel decisivo en la expansión del servicio, electrificando poblaciones rurales en el interior, y desarrollando, hasta los sesenta, proyectos hidroeléctricos y térmicos de mediana capacidad Las deficiencias de dichas empresas estatales iban desde tarifas por debajo de los costos, lo que redundaba en debilidad financiera, hasta insuficiente generación de recursos para enfrentar los gastos de operación, mantenimiento y administración, excesiva interferencia política, utilizando el monopolio eléctrico como herramienta de control social a través de tarifas bajas, inversiones de rentabilidad dudosa, relajamiento en las relaciones con los usuarios y poca eficiencia, consigna Cepal Entre 1990 y 1998, el mercado fue liberalizando los procesos de generación y de distribución en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá, mientras en Costa Rica y Honduras sólo privatizaron la generación La participación de los Estados centroamericanos en la producción eléctrica bajó de 879 en 1995 a 366% en 2002 Con la privatización, el esquema concentrador varió poco En los países centroamericanos, apenas 2 o 4 agentes controlan entre 70 y 90% de los segmentos de producción El mercado de distribución, por su parte, es dominado por una o dos empresas en cada país, precisa Cepal Entre los nuevos actores en el mercado destacan la española Unión Fenosa, que posee las dos distribuidoras nicaragüenses Disnorte y Dissur maneja en Guatemala la distribución en el oriente y occidente del país a través de las empresas Distribuidora Eléctrica de Occidente (DEOCSA) y Distribuidora Eléctrica del Oriente (DEORSA), y posee las distribuidoras Metrooeste y Chiquirí en Panamá AES Corporation, la mayor trasnacional eléctrica tras la caída de Enron, opera la central termoeléctrica Bayano en Panamá, y cuatro de las cinco distribuidoras de electricidad de El Salvador En la generación, Enron es otro de los actores presentes en la región En suma, concluye Cepal, “los ganadores de las reformas son principalmente los clientes de los mercados desregulados, grandes consumidores que compran directamente la energía a los productores o por intermedio de los comercializadores, mientras los clientes residenciales, salvo en Costa Rica y Panamá, no han recibido el beneficio de la supuesta competencia en los mercados mayoristas, en la forma de tarifas más económicas” Ineficiente IP Director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de Centroamérica (Cideca), Jorge Mario Salazar, sostiene en entrevista: “La experiencia de la privatización es la antípoda de lo que se ofreció, no se democratizó la participación de empresas, se cerró el monopolio estatal y se constituyó un oligopolio privado muy ineficiente” Uno de las grandes deudas de las nuevas empresas, afirma Salazar, es la marginación del servicio de las comunidades rurales “Toda esa cobertura se está haciendo con recursos de los Estados, que han tenido que adquirir deuda pública, porque ese mercado no es atractivo para las empresas” Por otra parte, precisa, “hay una desestimulación oficiosa de los Estados para que empresas nacionales no inviertan en esos campos --generación y distribución-- que quedaron limitados para empresas más grandes, y los márgenes de ganancia que tienen las empresa establecidas, que no tuvieron que soportar el costo de la inversión inicial, les permite tener todas las ventajas Contra eso es difícil competir” El gran problema en la región, apuntó, siguen siendo las tarifas elevadas y la baja capacidad de pago de los usuarios Vocero de la organización ecologista Trópico Verde, Carlos Albacete cuestiona el proceso: “Los constantes aumentos de precio, debido a que cada día se depende más de la generación termoeléctrica, con sus impactos sociales ambientales, la región se está convirtiendo cada día mas en un emisor de carbono a la atmósfera” Más: “Los impulsores del libre mercado no tomaron en cuenta que funciona cuando la demanda es grande y Mesoamérica, incluyendo Chiapas, es una región en donde la pobreza es alta y donde nunca, por lo menos en un futuro cercano, se encontrará una demanda suficiente que favorezca la libre competencia de empresas “, plantea Albacete Por el lado de la regulación, observa, “las autoridades han sido débiles, no se regulan las tarifas” En El Salvador, “el principal desacuerdo es la ausencia de un equilibrio entre la calidad y los costos del servicio Entre el 2000 y 2001 se produjeron más de 44 mil apagones y medio millón de reclamos de la población, que las empresas y entidades oficiales justificaron con el daño que sufrió la red a partir de a guerra y los terremotos de 2001”, cuestionan en un estudio conjunto la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP), la Asociación Maquilishuatl y la organización feminista Las Dignas Exponen: “El discurso de la privatización proponía reducir el tamaño del Estado, disminuir el déficit fiscal, prestar mejores servicios y proveer de recursos inmediatos para cancelar la deuda de corto plazo e invertir en infraestructura o gasto social, sin embargo, aun el sector privado ha reconocido que el proceso ha sido desplegado sin transparencia” En Nicaragua, abundan las denuncias de usuarios contra los aumentos de tarifas y fallas en el servicio eléctrico que distribuye la empresa Unión Fenosa (UF), y la Corte Suprema de Justicia declaró ilegales, en 2003, incrementos en las tarifas aplicados por la empresa española Por las mismas fechas, un informe de la firma independiente Grant Thornton detectó irregularidades en la Empresa Nicaragüense de Electricidad, en las que resultó implicado el presidente Enrique Bolaños, quien durante su gestión como vicepresidente presidió la junta directiva de ENEL La investigación, entregada a la Contraloría de Nicaragua, detectó cesiones de compra-venta de energía, exploraciones y uso de instalaciones físicas de ENEL por firmas privadas que no pagaron por los derechos que se les otorgaron, lo que significó millonarias pérdidas a la empresa estatal Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo a la corresponsal que las irregularidades detectadas en ENEL, y las fallas en el servicio en que incurre Unión Fenosa, deberían concluir en investigaciones judiciales y anulaciones de contratos, “pero hasta ahora las denuncias contra empresas de electricidad no han tenido esos alcances Tenemos autoridades muy complacientes”, juzgó Al final, sostiene Albacete, la lección en Centroamérica es que conforme se genera energía con recursos propios de los países, los precios efectivamente tienden a bajar

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