En la edición en circulación del semanario Proceso, el periodista Miguel Angel Granados Chapa opina acerca precisamente de la situación del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador Procesocom reproduce a continuación su columna "Interés Público" Mientras se escribía esta columna, anteayer viernes, un agente del Ministerio Público Federal resolvía si iniciaba acción penal contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal por el presunto desacato a una sentencia de amparo Al mismo tiempo, otros servidores de la Procuraduría General de la República realizan dos averiguaciones previas de las que podría desprenderse un resultado semejante contra el propio López Obrador por la difusión de un reporte financiero confidencial y por difamación, y quizá calumnia, a dependencias federales y servidores públicos Esas acciones de la Procuraduría General de la República se enmarcan en el ambiente general de enfrentamiento del gobierno federal y el gobierno local, suscitado por la transmisión de videos que afectó directamente al indestructible político que gobierna la capital del país Indestructible se llamó a sí mismo, y al parecer la opinión pública le da la razón: después del golpeo inmisericorde que ha recibido en marzo y abril, su nivel de aprobación (medido hace dos semanas por el diario Reforma) permanece alto, si bien disminuyó de 82 a 73%) Calculando que el conflicto surgido en torno del empresario Carlos Ahumada debilitaría suficientemente al gobierno, se abrieron frentes ajenos a ese caso, en busca de satisfacer intereses particulares o de minar al gobierno desde otros puntos de mira Ejemplo de lo primero es el referido al predio El Encino, en el poniente de la Ciudad de México Y de lo segundo, la iniciativa de reforma constitucional dizque en aras de la equidad educativa, cuyo efecto sería privar de 9 mil millones de pesos al gobierno capitalino Con profusión, obviamente para dar la mayor proyección política a una diligencia ministerial, Fernando Espejel Cisneros lanzó una arenga a diversos destinatarios (de la que en cierto modo acusó recibo el presidente Fox desde Budapest) Dijo el miércoles 12 en un desplegado que el 13 de mayo se cumplía el término para que el fiscal Elías Troncoso fincara "responsabilidades penales en contra del jefe de Gobierno del DF por la violación a una suspensión federal en un juicio de amparo a favor de la empresa Promotora Internacional Santa Fe, SA de CV, por la afectación del predio El Encino, en Santa Fe, delegación de Cuajimalpa de Morelos" Además de erratas leves (como decir que el término vencía el 13 y no el 14, como en efecto aconteció, o de suponer que José Elías Romero Apis sigue siendo presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que lo fue en la Legislatura anterior), la comunicación profería lemas políticos: "¡No queremos discursos para dilatar la aplicación de la ley! ¡Es un caso juzgado y el MP federal debe ejecutar la orden de un juez! ¡La ley no debe distinguir autoridad ni gobernados! ¡No a la negociación de la justicia! ¡Alto a la violación de nuestras garantías constitucionales! ¡Demandamos la eliminación de tintes políticos a actos jurídicos! Simplemente, ¡exigimos justicia!" Al parecer, ese conmovedor exhorto esconde un acto de despecho judicial El firmante, Espejel Cisneros, explotó durante más de 20 años el predio La Mexicana, de minas de arena, perteneciente al Gobierno del Distrito Federal, que reivindicó la propiedad y dejó a Espejel Cisneros sin el aprovechamiento indebido de una riqueza pública Quizá por eso, cuando en otro litigio el firmante puso al gobierno contra las cuerdas, buscó llevar la disputa hasta las últimas consecuencias: le fue expropiado en 2000, bajo la anterior administración, parte del predio El Encino, para la construcción de vialidades públicas Ya jefe de Gobierno, López Obrador desacató la suspensión acordada por un juez federal que ordenó frenar las obras que estaban prácticamente consumadas Y ante el riesgo producido por aquella desobediencia y la imposibilidad de volver las cosas al estado original, revocó el decreto expropiatorio y solicitó resolver la cuestión mediante el pago de daños y perjuicios Se gestó así esta última etapa del diferendo, que podría concluir con el comienzo de un juicio de procedencia para López Obrador, es decir, su desafuero Si este viernes el Ministerio Público Federal resolvió que era preciso iniciar acción penal contra el jefe de Gobierno, tendría que solicitar a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia El trámite es largo, como lo ha mostrado el caso del senador Ricardo Aldana, por lo que la pérdida de la inmunidad que a su vez pusiera a López Obrador en riesgo de la destitución y la cárcel no sería inmediata, aunque el solo comienzo de un procedimiento de ese alcance tendría abultada importancia política La tiene ya ahora mismo -aunque sus efectos posibles sólo se resentirían después de varios meses y aun años- el curso que se dio a una iniciativa presentada por Alfredo del Mazo, en su breve temporada de legislador federal Como se recuerda, el exgobernador del Estado de México se hartó demasiado pronto de las desavenencias de su bancada en San Lázaro y pidió licencia Pero tuvo tiempo para trazar un problema que súbitamente fue activado la semana pasada por el grupo priista que naturalmente consiguió el asentimiento del PAN: se trata de una enmienda que privaría al gobierno capitalino de una suma que, de estar vigente, ascendería este año a 9 mil millones de pesos y se incrementaría año con año El razonamiento podría ser admisible de darse el resto de las circunstancias que deben concurrir para que el Gobierno de la Ciudad de México se haga cargo de los servicios de educación básica, hasta ahora todavía centralizados en la SEP Cuando se haga esa transferencia, que se ha demorado ya por más de una década, el Gobierno de la Ciudad de México dispondría de los recursos federales que ya se aplican a ese rubro Pero no se trata de que la administración de López Obrador cuente con más recursos, sino con menos Por lo tanto, la iniciativa de los adversarios de López Obrador busca reducir sus disponibilidades financieras Bajo la apariencia de la equidad, la adición al artículo 122 constitucional que proponen diría simplemente que "el Distrito Federal participará en la proporción que las demás entidades federativas en el gasto destinado al sostenimiento de la educación básica obligatoria" Para dotar de eficacia a ese ordenamiento, y para asegurarse que se obtura una importante fuente de ingresos para la Ciudad de México, el artículo segundo transitorio establece un pago automático: "La Federación descontará de las participaciones en las contribuciones federales que correspondan al Distrito Federal la cantidad que resulte" de calcular el gasto medio nacional, que se ajustará anualmente en función de la matrícula en la educación básica obligatoria Se trata, rigurosamente hablando, de un amago político, pues difícilmente se convertiría en hechos adversos al gobierno local mientras estuviera encabezado por López Obrador La reforma sólo puede comenzar en las cámaras federales en el período ordinario que se abre en septiembre, y es remoto que se perfeccionara mediante la intervención de las legislaturas locales antes de diciembre, a tiempo para que se produjera su efecto presupuestario De modo que sólo entraría en vigor la tramposa enmienda cuando ya carezca de sentido para quienes la iniciaron, pues antes de 2006 López Obrador habrá dejado el gobierno (O si sigue allí, ya no habrá motivo para estorbarlo)