Ante el juicio político que el gobierno federal decidió iniciar en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, Proceso reproduce el reportaje que publicó en su edición 1435 el pasado 2 de mayo, en el que hace referencia al papel de la Procuraduría General de República y su titular Rafael Macedo de la Concha en el juego de las revanchas políticas De acuerdo con varios especialistas consultados por Proceso, el procurador Macedo de la Concha se ha convertido en un instrumento del presidente Fox para hacer ajustes de cuentas con sus detractores y enemigos políticos, así como en abogado defensor de los allegados y correligionarios del mandatario Esto, advierten, daña la credibilidad de las instituciones y erosiona la confianza de la sociedad Distante de su función, el procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, se ha convertido en un instrumento del presidente de México para perseguir adversarios y enemigos, lo cual daña severamente la credibilidad de la PGR y erosiona la confianza de la sociedad, opinan abogados y juristas consultados por Proceso "El procurador está maniatado: por un lado, debe cumplir con lo que le ordena su jefe el presidente Vicente Fox y, por el otro, tiene la responsabilidad de trabajar para la sociedad, pero no se puede servir a dos amos", opina el abogado Raúl F Cárdenas Rioseco, autor de los libros La presunción de inocencia y El derecho de defensa en materia penal A su vez, Cuauhtémoc Sotelo Rosas, doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, expresa: "Estos escándalos políticos, como los Amigos de Fox, el Pemexgate y ahora el caso Ahumada pusieron en riesgo la credibilidad de la PGR Creo que el procurador está en el momento justo de valorar si tiene o no responsabilidad política y está a tiempo de corregir renunciando al cargo" También el abogado Félix Garza, litigante en los fueros Militar y Civil -quien se ha distinguido como defensor del general José Francisco Gallardo Rodríguez-, sentencia: "Los procuradores siempre actúan al gusto del jefe, porque antes que nada cuidan su chamba Como abogado del presidente, el procurador Rafael Macedo siempre va a actuar vigilando los intereses del que manda, y es así como dicha dependencia ya no sólo es oficial, sino personal -¿Qué garantías tiene entonces la sociedad con un procurador que actúa con base en los intereses políticos del presidente de la República? -Ninguna Por eso la PGR es vista como un instrumento acusador, muchas veces irreflexivo, que se utiliza para perseguir enemigos y quitar obstáculos políticos Esto siempre ha ocurrido en México, sólo que ahora no se guardan las apariencias: en la actualidad, es muy evidente el trabajo sucio de la PGR El 7 de diciembre de 2000, al tomar posesión como procurador general de la República -su nombramiento fue rechazado por los 15 senadores del PRD, quienes cuestionaron su origen militar-, Rafael Macedo de la Concha dijo en su discurso: "Vengo a refrendar mi compromiso de velar por la vigencia del estado de derecho dentro de un marco de protección y de respeto irrestricto a los derechos humanos He expresado mi convicción de que la procuración de justicia se funde en el respeto a la dignidad del hombre y al respeto a sus derechos inalienables" Sin embargo, conforme fueron brotando los escándalos políticos, la actuación de la PGR fue criticada por su dureza ante los adversarios y la tibieza frente a los amigos y correligionarios del presidente Fox Por lo que se refiere al presunto fraude contra Pemex para financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, ahora se sabe que la investigación fue ordenada desde Los Pinos La PGR empezó a investigar, con evidentes tintes políticos, el desvío de recursos de la paraestatal, lo cual derivó en la fuga del exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy -actualmente sujeto a extradición en Houston, Texas-, y en la persecución de otros implicados, como el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps En su momento, el abogado de Montemayor, Alberto Zinser, criticó al procurador Macedo por utilizar, a su juicio sin justificación, todos los instrumentos legales dedicados a la delincuencia organizada para investigar un probable lavado de dinero que se estrelló en los tribunales por falta de pruebas, hasta que se decidió no ejercitar acción penal por ese delito Alberto Zinser expuso que la mecánica que siguió la PGR fue dejar a su cliente y al resto de los implicados sin garantías de defensa No obstante, la mayoría de los acusados por el Pemexgate han obtenido amparos de la justicia federal y actualmente sólo quedan pendientes resoluciones por lo que hace a los probables delitos electorales Por otra parte, el procurador Macedo fue duramente cuestionado por la persecución que emprendió -presuntamente por órdenes del presidente Fox- contra Eduardo Fernández, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acusado de violar el secreto bancario al filtrar al PRI información sobre el dinero que Amigos de Fox recibió del exterior Con base en esa información, el PRI y el PRD exigieron a la PGR investigar a los Amigos de Fox por lavado de dinero y ventilaron evidencias al respecto Cobraron entonces relevancia el empresario tamaulipeco Lino Korrodi y Carlota Robinson, acusada ésta de "pulverizar" altas sumas con el presunto objeto de borrar las huellas de su origen La actuación de la PGR en este caso fue cuestionada por Eduardo Fernández y su secretario particular, Luis Felipe González Villarreal -ambos estuvieron arraigados-, porque, dijeron, la PGR no actuó con la misma dureza y celeridad para investigar y perseguir a Korrodi y a Carlota Robinson, responsables del manejo financiero de Amigos de Fox Tras el escándalo, todo quedó reducido a un delito electoral, por lo que el IFE multó al PAN con 500 millones de pesos, y asunto arreglado Ahora la PGR es acusada de participar en un complot para dañar la imagen política del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien manifestó que la dependencia federal otorgó facilidades poco usuales al empresario Carlos Ahumada para presentar y ratificar, fuera de las instalaciones de la PGR, una denuncia por extorsión contra René Bejarano El gobernante capitalino acusa a la PGR de proteger a Ahumada, quien la semana pasada, al ser deportado de Cuba, fue aislado en el aeropuerto por esa dependencia durante varias horas, sin permitirle el paso al procurador del DF, Bernardo Bátiz, no obstante que la única orden de aprehensión emanó de la procuraduría capitalina En este contexto, el abogado Cuauhtémoc Sotelo, exdefensor del coronel Pablo Castellanos, sostiene que el procurador Macedo de la Concha no se ha manejado, en estos casos, con la ortodoxia jurídica que exige un verdadero estado de derecho Y a la pregunta de si la PGR ha ganado o perdido credibilidad, Cuahtémoc Sotelo manifiesta: "Ha perdido confianza, y lo más preocupante es que una de las promesas del gobierno del cambio fue ésa: devolverle la confianza a las instituciones La PGR ha perdido credibilidad porque todo mundo se ha dado cuenta de que en los casos en los que se ve involucrada gente de la oposición se ha actuado con mano dura, y otro ha sido el trato cuando personajes panistas son objeto de investigaciones" Mientras tanto, Raúl Cárdenas Rioseco, exdefensor de Raúl Salinas, expone que la PGR no ha podido ganar credibilidad porque arrastra un vicio de origen: su dependencia del presidente de la República Y mientras el presidente siga "quitando y poniendo" a los procuradores, la sociedad no podrá gozar de la garantía de tener una procuración de justicia transparente -¿El presidente de la República le ordena al procurador a quién tiene que investigar y a quién no?-Muchas veces no es necesario que exista la orden directa del presidente: los procuradores conocen su sentir; saben lo que quieren sus jefes y actúan en consecuencia para no perder su chamba: emprenden investigaciones contra sus enemigos (del presidente), castigan a los detractores y dirigen las investigaciones conforme al gusto y los intereses de su superior Cárdenas Rioseco y Félix Garza -defensor de los generales Jesús Gutiérrez Rebollo y Alfonso Quiroz Hermosillo- no excluyen de sus críticas al procurador Bernardo Bátiz porque, dicen, tanto en el ámbito federal como en el local, el Ministerio Público está subordinado al Ejecutivo Esa subordinación, según Cárdenas Rioseco, es dañina, y dice no tener dudas de que la PGR "es instrumento político, y lo seguirá siendo mientras el Ministerio Público no adquiera autonomía" La reforma penal Este es uno de los propósitos de la iniciativa de reforma legal que el presidente Fox sometió recientemente al Congreso de la Unión: otorgar autonomía al Ministerio Público de manera que, entre otras cosas, el procurador general de la República sea nombrado por el Senado La iniciativa propone, así mismo, cambiar las estructuras del sistema penal mexicano y erradicar lastres como los juicios prolongados, los retrasos en las sentencias, y revisar todos los procesos y sentencias con un objetivo: desahogar las cárceles del país Por primera vez en la historia del sistema jurídico mexicano, el principio de inocencia -violado por la PGR y el Ministerio Público del Fuero Común- tendría rango constitucional Y el llamado auto de formal prisión cambiaría de nombre para preservar ese principio de inocencia: se llamaría "auto de formal procesamiento" Pero a juicio del abogado Raúl Cárdenas Rioseco, autor del libro La presunción de inocencia (editorial Porrúa), la reforma foxista tiene a sus principales opositores en la misma PGR -¿Por qué? -Porque obliga a la dependencia a dar un giro radical a sus prácticas de investigar algunos delitos bajo el esquema de la delincuencia organizada sin que muchas veces haya elementos, por lo que usualmente la PGR actúa bajo la sombra de la sospecha o de la fama pública de los personajes La iniciativa pretende reforzar al Ministerio Público como órgano acusador, pero la PGR quiere -y ahí radica su resistencia- que los delitos relacionados con delincuencia organizada sean considerados como casos de excepción para seguir operando como hasta ahora: "violentando las garantías individuales y obstaculizando el derecho a la legítima defensa de los acusados" Experto en la defensa de delitos financieros -lavado de dinero y enriquecimiento ilícito-, Cárdenas Rioseco dice que, con base en el principio de inocencia, se rompen todos los viejos esquemas que violentan las garantías de las personas, pues ya no serán los inculpados quienes deban probar que no cometieron un delito, sino que el Ministerio Público tendrá que acreditar su acusación Y amplía: "La presunción de inocencia tiene otra vertiente: si una persona no es considerada culpable, ¿por qué razón se le mantiene en las cárceles durante meses y años cuando todavía no se ha pronunciado ninguna resolución en su contra? ¿Qué ocurre? Que la prisión preventiva en México se ha convertido en una pena anticipada: antes de que se dicte una sentencia definitiva, la persona ya está presa y sufre los rigores de una condena" Además de cambiar el nombre de la Procuraduría General de la República para convertirla en una Fiscalía General de la Federación, y a la Secretaría de Seguridad Pública en una Secretaría del Interior, de la cual dependerá la policía que resulte de la fusión de la AFI y de la Policía Federal Preventiva, la llamada "revolución jurídica" del presidente Fox prevé, así mismo, agilizar los procesos en los tribunales con la implantación de los juicios orales Respecto a la fusión de la AFI y de la PFP, de donde saldrá una policía única que no dependerá de la Fiscalía General, el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, rechaza que este proyecto sea el primer paso de lo que se conoce como la Policía Nacional En entrevista con Proceso, el funcionario explica: "No pretendemos crear una superpolicía, porque no tenemos los elementos para hacerlo La tendencia es poder unificar las estructuras policiacas federales que dan servicio en esa materia, a fin de ahorrar recursos: si usted tiene el mismo sistema de administración, de comunicaciones y de capacitación, entonces hay un ahorro extraordinario" Con la unificación, explica Gertz, también se pretende que haya coordinación y aprovechamiento del esfuerzo y del trabajo policiaco -¿Se busca crear una superpolicía nacional? -No, juntas las corporaciones que mencioné no llegamos ni a 11 mil elementos La Policía Preventiva del Distrito Federal tiene 90 mil elementos El número de elementos que tendríamos no es amenazante Creo que hubo una mala percepción: no se pueden tomar todas las policías porque no es posible constitucionalmente En cuanto a la corrupción policiaca, afirma que "ésta es una muestra muy dolorosa de una corrupción que está en todos lados En la policía duele más En la policía hace más daño y tiene más consecuencias graves" Sin embargo, la reforma sí puede resolver el problema de la saturación de las cárceles, pues de acuerdo con Gertz, 45% de los reos del país no han sido sentenciados y algunos tienen muchos años en prisión En cualquier cárcel hay una persona presa que aún no sabe si es culpable, pues no tiene sentencia definitiva El objetivo de la reforma, asegura, es devolver a la gente la confianza en las instituciones y que la PGR, como el juez o el agente del Ministerio Público, sean percibidos como ahora se ve a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o al IFE, como organismos confiables a partir de que pasaron de ser instituciones controladas a órganos ciudadanizados La iniciativa de reforma propone, también, que en algunos juicios el procedimiento sea oral, dar mayores facilidades a la libertad bajo caución cuando el delito no sea grave y que el gremio de abogados se profesionalice para que toda persona pueda tener una defensa competente y profesional ( Proceso 1435/2 de mayo de 2004)