* La Sección Instructora debe desahogar juicios políticos pendientes * En lista de espera, líderes petroleros, del Metro y Bejarano México, D F, 17 de mayo (apro)- Luego de la solicitud de la PGR a la Cámara de Diputados para iniciar un proceso de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador, es seguro que el juicio político llevaría meses, incluso años, y resolverse una vez que el tabasqueño hubiese concluido su periodo como jefe del gobierno capitalino Y es que la Sección Instructora, encargada de procesar dicha solicitud, debe resolver previamente tres procesos de desafuero, los que mediante, vía una hábil defensa jurídica, se pueden retardar varios meses o años Así, el juez tercero en materia administrativa deberá solicitar en los próximos días a la Sección Instructora inicie el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, pero antes ésta debe desahogar el caso de René Bejarano, diputado perredista local con licencia Es necesario recordar que desde marzo anterior la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) pidió a la Cámara el desafuero del aún legislador y, a dos meses, en la Sección Instructora aún no se inicia el desahogo de pruebas El periodo de presentación de pruebas puede llevar meses, tal como ocurrió en el caso del exdiputado federal del PRI, Carlos Romero Deschamps, quien recibió el dictamen de desafuero un año y medio después de iniciado el procedimiento, e incluso su resolución se dio cuando éste ya había concluido su periodo como diputado federal y, por lo tanto, ya no era pertinente despojarlo de la protección legal Los cuatro miembros que integran la Sección Instructora deberán, después de concluido el desafuero contra René Bejarano, iniciar el del también diputado federal, pero por el Partido Verde Ecologista, el expriista Fernando Espino Arévalo; este proceso llevaría otros meses más Después, la misma instancia deberá resolver sobre el desafuero del senador del PRI, Ricardo Aldana Prieto, involucrado en el Pemexgate y de quien se solicitó el juicio político a principio del 2002 Y finalmente la Sección Instructora iniciaría el proceso de desafuero contra el actual jefe del GDF, López Obrador La Sección Instructora tiene cuatro integrantes, de los cuales su presidente es el perredista Horacio Duarte; el PAN cuenta con un miembro y el PRI con dos: la diputada Rebeca Godínez y el diputado Francisco Frías, este último cercano colaborador de Francisco Labastida Ochoa, principal beneficiado del caso Pemexgate Hasta el momento quienes han retrasado el proceso de desafuero en contra de René Bejarano han sido los dos miembros del PRI, los que no han acudido a las sesiones y con lo cual han impedido el establecimiento del quórum legal para que sesione dicho organismo El objetivo del PRI es demorar los procesos de desafuero para evitar que se llegue al caso del senador priista Ricardo Aldana Prieto, caso que, de acuerdo con las normas de la Cámara de Diputados, se tiene que resolver antes de abordar el de López Obrador Pero además existe otro ingrediente que puede retrasar aun más el ya de por sí complicado camino para resolver los procesos de desafuero, y es la discusión en la que se encuentran los cuatro miembros de la Sección Instructora, sobre si dicha instancia debe o no trabajar durante los periodos de receso en San Lázaro Actualmente el Poder Legislativo se encuentra en receso y reiniciará actividades ordinarias hasta septiembre próximo, y su periodo concluye en diciembre, lapso en el cual los diputados deberán discutir el Presupuesto de Ingresos y Egresos La Sección Instructora tendría así --para discutir y resolver los procesos de desafuero-- los meses de septiembre a diciembre del 2004, del 15 de marzo al 15 de abril del 2005; de septiembre a diciembre del 2005, y de marzo a abril del 2006 Sin embargo, en caso de que López Obrador decidiera competir por la Presidencia de la República, tendría que renunciar a su cargo en el GDF seis meses antes que concluya su periodo, lo que, en un caso hipotético, habría hecho ya innecesario su desafuero Una vez que la Sección Instructora cuenta con el dictamen de desafuero, deberá someterlo al pleno de la Cámara de Diputados, la cual se debe constituir en Jurado de Procedencia, lo que sólo lo puede hacer en periodo ordinario de sesiones Hay un ingrediente más para retrasar un proceso natural de desafuero, y ese tiene que ver con el amparo que puede interponer el afectado ante las autoridades federales; en el mismo puede argumentar la improcedencia del juicio de desafuero, y un juez puede dar entrada a dicha solicitud, con lo cual dictaría la suspensión provisional del acto reclamado Esto significaría que la Sección Instructora debe detener cualquier análisis de desafuero hasta en tanto el juez federal al que recurrió el inculpado decida si procede o no el recurso de amparo En caso de que Andrés Manuel López Obrador recurriera a la solicitud de amparo y el juez se lo negara (a pesar de haber ganado unos meses de tiempo), todavía en el proceso de desahogo de pruebas que lleve a cabo la Sección Instructora, el jefe del GDF puede reclamar que no se han atendido todas las pruebas a su favor Y aún más: en caso de que la Sección Instructora dictamine en favor del desafuero y el Jurado de Procedencia de la Cámara de Diputados lo vote a favor, López Obrador puede impugnar la resolución alegando que se trató de un acto inconstitucional, lo que llevaría a otro proceso judicial antes de que, finalmente, el tabasqueño pudiera ser sometido a un juicio penal por el caso del predio denominado “El Encino”