México, D F, 9 de junio (apro)- Una de las constantes que hemos percibido con mayor claridad en los últimos sexenios es que el aumento de la delincuencia está directamente relacionado con el incremento en el índice de pobreza Así lo vimos en 1995, así lo sentimos en el 2004 Cuando a finales del sexenio salinista y principios del zedillista el país se cimbró con la crisis financiera conocida como el “error de diciembre” de 1994, las calles de las principales ciudades del país comenzaron a sufrir mayores índices de inseguridad Los asaltos en taxis, los secuestros express, los atracos en las calles y en los cajeros automáticos bancarios, eran el tema de todos los días No había un solo hogar sin una experiencia amarga En aquel entonces el país sufrió una de las más graves crisis económicas y financieras: los bancos quebraron, el dólar aumentó sin control, las deudas familiares con las instituciones de crédito llevaron a la pérdida de casas, autos y los ahorros de años; los índices de suicidio aumentaron y la delincuencia se expresó en las calles con cientos de violentos asaltos todas las semanas Hoy el cuadro parece repetirse México ha incrementado el número de pobres en más de 50 millones; la distribución de la riqueza es una de las más desiguales del mundo; el país es el segundo lugar en secuestros a nivel latinoamericano; los índices de asalto han aumentado considerablemente y el clima de inseguridad vuelve a ser similar al de 1995 A esta inseguridad pública habría que amentarle la económica y laboral, que vienen a integrar un cuadro social de enorme incertidumbre entre la población Pero, curiosamente, nuevamente se vuelve a repetir el error del pasado: en lugar de atacar el origen del problema que es la falta de empleos (1 millón 300 mil al año) y el mejoramiento del nivel de ingreso (hoy se trabajan 14 horas diarias para sacar el salario suficiente para pagar los servicios indispensables), se ha tomado la decisión de reforzar los sistemas policiales hasta llegar a la que tomó el edil panista de Tlanepantla, Estado de México, quien decretó el “toque de queda” a partir de las 10:00 de la noche Ante los altos grados de inseguridad en las calles, la opinión de muchos ciudadanos y autoridades es que es mejor contar con decisiones autoritarias antes que ceder espacios a la delincuencia De ahí la aprobación de un sector importante de la opinión pública al reforzamiento de medias restrictivas y policiales para disminuir los niveles de inseguridad en las calles Esta decisión, sin embargo, difícilmente podrá resolver el origen de la violencia, ya que solamente ofrecerá un paliativo a una deficiencia estructural que tiene que ver directamente con la injusticia que genera un modelo económico preocupado más por fortalecer la economía empresarial que atender el bolsillo ciudadano Es previsible que el problema de la delincuencia social y la concomitante inseguridad social y la violencia en las calles de las principales ciudades del país no cambiará en los próximos años porque el gobierno del presidente Vicente Fox ya ha manifestado su posición de defender el liberalismo económico y la globalización de la economía de mercado A pesar de que la expectativa del crecimiento de la economía nacional este año es de 31 por ciento, hay signos de que este mejoramiento no se reflejará en el sistema de seguridad social del Estado y tampoco en la economía domestica Es decir, que la situación para más de 50 millones de pobres en México, no tendrá una mejoría La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya reconoció que los pasivos laborales de todos los sistemas públicos de pensiones alcanzan 116 por ciento del PIB, lo que equivale a ocho veces el costo del rescate bancario o 10 años de lo que recibe el gobierno por el pago de impuestos, dijo recientemente Alonso García Tamez, subsecretario de Hacienda Pero mientras el gasto social se ve en peligro, el gobierno foxista sigue empeñado en continuar pagando a los bancos privados, en manos de extranjeros, la cartera vencida del IPAB-Fobaproa que representa el 124 por ciento del PIB El saneamiento de los bancos a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) tiene una deuda bruta de 825 mil 317 millones de pesos, lo que representó un aumento de 13 por ciento en términos reales con respecto al cierre de diciembre de 2002, según datos oficiales de la SHCP Esta deuda que aumenta anualmente y se paga a los banqueros de los impuestos ciudadanos y de la venta de petróleo que el gobierno obtiene, y que podría ser destinado al gasto social, la reducción de la pobreza y la generación de empleos Pero no es así Los compromisos con los empresarios e inversionistas nacionales y extranjeros tienen prioridad y ni siquiera el aumento de la delincuencia y la inseguridad pública –producto de la pobreza--, es suficiente para replantear un giro en el modelo económico que alimenta el círculo vicioso al que nos enfrentamos