* Con predios en zonas estratégicas y un sueldo de 10 mil pesos al mes, Cano ha sido acusado de lavado de dinero Ciudad Victoria, Tamps , 9 de junio (apro), En una investigación realizada en el Registro Público de la Propiedad, se encontró que el empresario constructor obtuvo “facilidades” para adquirir 78 hectáreas para desarrollo urbano en una de las zonas de alta plusvalía de Altamira, a través de la empresa estatal Desarrollo Urbano Portuario (Duport) La adquisición quedó anotada en el Registro Público de la Propiedad con el número 4567 del legajo 6092 del 2002 en la Sección Uno y realizada a dos meses de la compra de los terrenos industriales, el 29 de agosto del 2002, ante el Notario Público Número 278 de Altamira, Sergio Castillo Padilla Por parte de Duport, compareció el director general en ese entonces, Oscar Lacio González, quien aprobó la venta de 78 hectáreas propiedad del gobierno estatal a un precio de 35 millones 273 mil pesos, es decir, a 45 pesos el metro cuadrado Cano recibió, incluso, el beneficio de pagar en abonos, pues como enganche, según la escritura, entregó 10 millones de pesos y los restantes 25 millones, los liquidaría en 5 pagos de 5 millones de pesos cada uno De acuerdo con el documento, el terreno adquirido está contemplado para uso habitacional y tiene como colindancias la carretera Tampico-Mante, al norte; y la Laguna de Champayán, al sur Igual que el Fideicomiso Nuevo Santander, la paraestatal Duport-Altamira fue desintegrada sin que nunca rindiera cuenta pública al Congreso, o entregara un reporte de sus operaciones o resultados, aun cuando tuvo a su cargo la venta de casi 2 mil hectáreas de uso urbano y comercial de ese municipio que le fueron entregadas por la federación a finales de 1994 A Fernando Cano también se le ubica como “cercano” a empresas constructoras que en pocos años lograron un súbito crecimiento, o a otras que al igual se beneficiaron con ventas de “ganga” Es el caso del Grupo Inmobiliario Cormon, propiedad de Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera, un joven de tan sólo 28 años de edad, que ha estado muy cercano a Cano en los últimos años, incluso aparece a su lado en la foto de la gira por China Cormon, una empresa creada apenas en mayo del 2000 con un capital social de 100 mil pesos --según el acta 35 del Volumen 4, foja 1 del Registro Público del Comercio-- logró, en el año 2002, adquirir con la empresa descentralizada Desarrollo Urbano Portuario de Altamira (Duport) 253 hectáreas para desarrollo habitacional y comercial, a razón de 15 pesos el metro cuadrado, pagando poco más de 38 millones de pesos La compra-venta está anotada bajo en el legajo 6099 del año 2003, Sección Uno del Registro Público de la Propiedad Y, hace un año, esta misma inmobiliaria compró 8 hectáreas, de las mejor ubicadas --entre la Avenida Tamaulipas y las inversiones del hotel Maeva-- del total de 20 hectáreas de Playa Miramar que se pusieron a la venta para desarrollo turístico, en las cuales se inició la construcción de un lujoso conjunto de condominios con frente al mar El 6 de septiembre del 2001, el rancho cinegético Hacienda de San Juan, pasó de estar a nombre de los hijos de Antonio Peláez Pier, a quien políticos tamaulipecos han acusado de ser prestanombres de Yarrington, a ser propiedad “oficial” de Cano Martínez Jorge Max Castillo, quien fuera procurador de Justicia del estado a inicios de este sexenio, fue el notario público en Matamoros de esta operación que fue reportada por 5 millones 67 pesos, por las construcciones de la exhacienda y por el terreno de 1744 hectáreas Aunque fuentes consultadas descartan que un rancho con esa ubicación y con construcciones históricas que posee, haya sido pactado en ese precio En el Registro Público de la Propiedad, la compra-venta quedó bajo el número 5467 del legajo 4110 en el año 2001 Con esa misma fecha, 6 de septiembre del 2001, aparecen registradas operaciones de compra-venta de otros ocho ranchos aledaños a la exhacienda de San Juan, para sumar más de 1 mil 500 hectáreas del municipio de Soto la Marina colindantes con el río del mismo nombre y con las playas del Golfo de México Todos son adquiridos por Cano Martínez, el notario es Max Castillo y como apoderado legal del resto de los vendedores, aparece Antonio Peláez Pier El mismo año que compró la hacienda, Cano se asumió como una “persona de escasos recursos” para recibir del entonces Sipobladurt, un organismo estatal, la donación “a su patrimonio familiar” de un terreno de más de 16 mil metros cuadrados en la cabecera municipal de San Carlos Esta operación está registrada el 5 de julio del 2001 en la escritura 3776 del legajo 4076 de la Sección Uno del Registro Público de la Propiedad Recientemente, el mismo empresario acudió ante el agente del Ministerio Público federal, Naim Said Ramírez, a comparecer como indiciado por una denuncia en su contra presentada por el abogado Primo F Reyes, quien los acusa de presunto lavado de dinero El abogado presentó la denuncia luego de que Cano declarara, dentro del juicio por presunto fraude cometido contra ejidatarios, que tenía un salario mensual de 10 mil pesos También están involucrados el exdelegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fernando Cánovas Royo, y el exsubsecretario general de Infraestructura de la SCT, Manuel Rodríguez Morales, acusados junto con Cano por un súbito enriquecimiento, luego del crecimiento de capital que han tenido las empresas constructoras de su propiedad en los últimos años Un gran negocio Mediante el decreto 435, publicado en el Periódico Oficial de Tamaulipas el 6 de junio del 2001, el Congreso del estado autorizó al Ejecutivo estatal aportar a un fideicomiso llamado Nuevo Santander 1 mil 600 hectáreas del Puerto Industrial de Altamira que habían sido entregadas por el gobierno federal para la construcción del Canal Intracostero El entonces diputado perredista José Ortiz Rosales advirtió que al entregarse estos terrenos a ese fideicomiso, el Congreso del estado no podría ejercer las funciones de vigilancia que le otorga la Ley Reglamentaria para el Manejo y Venta de los Bienes pertenecientes a la Hacienda Pública de Tamaulipas También el ahora exdiputado panista César Núñez de Cáceres tomó varias veces la tribuna para advertir de que detrás de esta maniobra impulsada por el Ejecutivo estatal y aprobada por la mayoría priista, estaba “un gran negocio” De acuerdo con el acta número 4564, contenida en el legajo 6092 del año 2003, Sección Uno del Registro Público de la Propiedad, el empresario Fernando Cano Martínez adquirió el 19 de junio del 2002, el total de las 1 mil 600 hectáreas que el Congreso del estado había entregado un año antes al Fideicomiso Nuevo Santander 1, formado por Banca Serfín y Grupo Financiero Santander Serfín Según el acta, certificada por la notario público 187 de esta capital, Amalia Cano Garza, en la Decimocuarta Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso integrado por Banca Serfín y Grupo Financiero Santander-Serfín, con fecha 11 de julio del 2001, apenas un mes después de la publicación del decreto con la que el Congreso entrega los terrenos, se tomó el acuerdo 111, que a la letra dice: Por unanimidad se acuerda la venta a la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S A de C V (propiedad de Cano Martínez), de terrenos de uso industrial que representan los polígonos 2 y 3, los cuales se encuentran en el municipio de Altamira con una superficie total de 16, 000,385 11 m2 De acuerdo con el acta notarial, la operación fue abierta con el depósito de 10 millones de pesos en la cuenta 46629-0 de Banca Serfín el 6 de febrero del 2002 y finiquitada con un cheque certificado 0029561 de Banorte por 4 millones de pesos, el 13 de junio de ese mismo año Aunque en diferentes ocasiones diputados locales han demandado información sobre este fideicomiso, pocos saben que fue “parcialmente” disuelto desde el 2002, porque, de acuerdo con la legislación de Tamaulipas, los fideicomisos no están obligados a rendir cuenta pública, ni informes al Legislativo Por lo mismo, se desconoce el destino de los 14 millones que supuestamente ingresaron por esta operación