Falta compromiso político para combatir violencia contra mujeres: UNIFEM

jueves, 10 de junio de 2004
* La pobreza multiplica el problema, afirma * Llama a destinar mayores recursos económicos México, D F, 9 de junio (apro-cimac)- En el combate a la violencia de que son objeto las mujeres de Latinoamérica Latina y el Caribe, hace falta un “compromiso político” que se acompañe de recursos económicos, dijo Majijke Velzeboer-Salcedo, jefa de la región de América Latina y el Caribe del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) Durante la presentación del proyecto interagencial “Componentes cruciales que deben tener las leyes y políticas de violencia contra la mujer”, la representante de UNIFEM, señaló que el fenómeno de la violencia es “multicausal”, y la pobreza lo único que hace es multiplicarla En el segundo y último día de actividades del Foro Latinoamericano y Caribeño de Mujeres, previo a la IX Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe –que se llevará a cabo del 10 al 12 de junio en esta capital--, Velzeboer-Salcedo, acotó: “Las leyes de protección a los derechos de las mujeres y en contra de la violencia, en realidad son recientes y datan de diez y 15 años atrás Sus marcos legales internacionales son la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como su Protocolo Facultativo; y la Belem do Pará, de la cual sería seguimiento este proyecto interagencial que hoy se presenta, ya que la Comisión Interamericana de Mujeres (CIMI/OEA), fue quien participó en la elaboración de la Belem do Pará” Entre los principales problemas que la jefa regional de UNIFEM ve acerca de la violencia contra las mujeres, se encuentra la falta de registros válidos y confiables de estadísticas que permitan tomar las decisiones adecuadas y dimensionar el problema, “hasta ahora sólo hay esfuerzos aislados, no hay integralidad en el fenómeno de la violencia” Majijke Velzeboer-Salcedo hizo un énfasis especial en la “integralidad de las medidas”, y señaló que el problema de la violencia debe ser visto desde una perspectiva ecológica: integral, intersectorial y basada en los derechos humanos, que coloque a las mujeres en circunstancias amplias acerca del fenómeno de la violencia porque ésta no corresponde a una sola causa: “desgraciadamente es una plaga democrática” “Hay muchos factores asociados a la violencia: la pobreza es sólo uno de ellos, está la cultura, la relación con la comunidad, la relación con el Estado, la relación con el sistema internacional, la relación con el medio ambiente, por eso se insiste en que debe ser abordado desde una visión integral”, señaló Confiada en que las cosas serán distintas, la representante de UNIFEM, dijo que el reto será la implementación de programas como éste, entre los que se incluyen, definiciones amplias de violencia contra la mujer, medidas de protección, sanciones específicas para los agresores, medidas para la protección de los bienes, atención integral a las víctimas sobrevivientes, así como procedimientos legales y presentación de pruebas “Este último elemento es muy importante”, dijo, pues hay que convencer a las mujeres de la necesidad de preservar pruebas de la violencia Majijke insistió en la necesidad de presupuestos específicos para la atención de la violencia contra las mujeres; y comentó sobre la urgencia de contar con personas capacitadas en atención a las víctimas “Hace falta mucho por hacer, pero hay que hacerlo”, agregó “La violencia contra la población femenina es una violación a los derechos humanos, independientemente del ámbito en el cual ocurra, circunstancia que ha sido reconocida por los Estados, lo que se traduce en compromisos internacionales que implican obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia”, se señala en el documento informativo de UNIFEM “La propuesta incluye recomendaciones generales sobre violencia contra la mujer, relacionadas con la adopción de políticas públicas, incremento de la inversión pública, adaptación de las legislaciones nacionales conforme las convenciones internacionales, así como la garantía del acceso a los servicios de atención, prevención, sanción y rehabilitación”, concluye

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