* Documenta 50 quejas contra miembros del Ejército, en la Montaña de Guerrero México, D F, 11 de junio (apro)- Después de diez años de existencia, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, ha corroborado que la pobreza lacerante, la impunidad y las violaciones a las garantías fundamentales de los indígenas de la región más atrasada del estado de Guerrero son una constante En 204 páginas, Tlachinollan presenta un reporte de daños en materia de derechos humanos, mismo que la ONG –reconocida internacionalmente-- ha logrado recabar en sus diez años de existencia “Contra el silencio y el olvido Diez años por los derechos humanos en la Montaña de Guerrero”, es un documento que en cinco capítulos “ofrece un recorrido por la situación de pobreza, olvido, marginación y falta de justicia que se vive en la región, factores que han sido una constante durante la última década y se han perpetrado para perjuicio de sus habitantes”, reza la presentación del texto, una copia en poder de Apro La región de la Montaña de Guerrero comprende 17 municipios, 3 de los cuales se encuentran en la lista de los diez más pobres del país, miseria que se agrava por la ausencia de servicios básicos, como salud y educación: de los 350 mil habitantes de esta zona, sólo 10% de la población indígena tiene acceso a servicios médicos y 75% es analfabeta, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) citado por la ONG El trabajo realizado por el equipo multidisciplinario, encabezado por el antropólogo Abel Barrera y el abogado Mario Patrón, destaca que en la última década Tlachinollan ha documentado 50 quejas contra miembros del Ejército En estas quejas se configuran varios delitos, como son el interrogatorio y retención ilegales, 26 casos; intimidación y amenazas, 28; daños en propiedad ajena, 14; allanamiento de morada y cateos ilegales, 13 De suma gravedad se destacan siete casos de ejecuciones extrajudiciales y seis violaciones sexuales a mujeres indígenas Ello sin contar que en una sola acción militar, el 7 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco, Ayutla de los Libres, se registraron once ejecuciones extrajudiciales, cinco lesionados, y 22 personas fueron víctimas de tortura, interrogatorios ilegales, y traslado a instituciones militares Para Tlachinollan, después del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 1 de enero de 1994, “se desplegó una estrategia militar que tiene como principales objetivos contener el movimiento social, perseguir, reprimir y desmantelar a la guerrilla e imponer un estado de excepción para someter a la ciudadanía que se organiza y lucha por el respeto a sus derechos humanos” Hasta ahora ningún miembro del Ejército Mexicano ha sido sancionado por las denuncias presentadas, y por lo pronto se siguen dos casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el de las violaciones a las indígenas tlapanecas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, y el de las detenciones ilegales y tortura cometidas por militares contra Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas que fueron liberados “por causas humanitarias”, pero que no fueron exonerados por los delitos contra la salud que les endilgó el Ejército En el extenso informe, se destaca que en los últimos dos años Guerrero sigue siendo víctima de la desaparición forzada de personas, perpetrada por agentes judiciales: 17 documentadas por ONG y por la Comisión de Defensa de Derechos Humanos estatal (Coddehum), casos que a la fecha no han sido esclarecidos Tlachinollan recuerda que el 14 de enero de este año, las ONG y la Coddehum presentaron a las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública del Congreso local, la iniciativa de ley especial para prevenir y castigar la desaparición forzada de personas del estado de Guerrero, que a la fecha no ha sido aprobada En la exposición de 14 casos típicos de violaciones a derechos humanos, el informe explica cómo “el abuso de autoridad, la extorsión, la denegación de justicia, la detenciones arbitrarias, las retenciones ilegales e intimidaciones han sido las violaciones a derechos humanos más recurrentes” en los últimos diez años Dos asuntos de suma gravedad son los ocurridos en enero de este año Uno contra Sócrates Tolentino González Genaro, de 18 años, y los menores Froylán y Nancy Pinzón Chávez, de 10 y 8 años El primero, fue detenido por autoridades municipales de Zapotitlán Tablas, encarcelado y después entregado muerto a su madre, víctima de los golpes y tortura Pese a que hay una denuncia formal, los responsables, el alcalde panista Silvino Mosso Porfirio; el síndico procurador, Jesús Vázquez Pérez; el comandante municipal Alejandrino Díaz Pérez, y los policías preventivos Fausto Rodríguez de la Cruz, Asunción Reyes Sosa, Rufino de la Cruz Reyes y Jaime Altamirano, no han sido detenidos El segundo caso, ocurrido en Metlatónoc, el segundo municipio más pobre del país, se refiere a la detención ilegal y tortura de los menores en la cárcel municipal, por la acusación infundada de robo Nancy Pinzón estuvo confinada 20 horas, en tanto que Froylán fue liberado después de seis días de reclusión por la intervención de un juez de paz Tampoco se hizo justicia En diez años de trabajo en las comunidades indígenas, Tlachinollan documentó 376 casos de violaciones a derechos humanos, en los que la Policía Judicial ocupa el primer lugar como autoridad responsable, le siguen agentes del Ministerio Público, el Ejército, las policías del estado y municipal, alcaldes, síndicos procuradores, directores de centros de readaptación social, médicos legistas, defensores de oficio, personal médico y regidores “Estos saldos rojos lo único que generan es mayor violencia, confrontación, tensión, hostigamiento, persecución y ambiente plagado de actitudes beligerantes, donde la ley es la que menos cuenta en Guerrero”, concluye Tlachinollan en su informe