* Acusan que el Estado pretende desmembrar el movimiento magisterial Oaxaca, Oax , 14 de junio (apro)- El exsecretario de asuntos jurídicos de la Sección 22 del SNTE, Alfonso Daniel Uribe Ríos, reconoció que en los últimos tres años, el gobierno integró aproximadamente unas 90 averiguaciones del orden común y otras 70 del fuero federal en contra de los maestros por diferentes asuntos, tanto por las actividades sindicales como por algunas otras cuestiones de carácter o de fondo políticos; pero que se desahogaron y se resolvieron favorablemente Las 160 averiguaciones previas, aunadas a los 15 maestros muertos por motivos políticos y la detención de cinco mentores, “confirman que el Estado implementó una serie de estrategias para poder ir desmembrando el movimiento magisterial que día a día se mueve para reclamar demandas justas” En cuanto a los asuntos pendientes, precisó que algunas averiguaciones del orden federal radicadas en el Distrito Federal en contra de seis profesores por una manifestación en el Congreso de la Unión, se atendieron y se decretaron las reservas de las mismas, tomando en cuenta que ellos no participaron de manera contundente en los hechos violentos que se cometieron al interior del recinto legislativo Sin embargo, aceptó que en el caso del Comité Ejecutivo de la Sección 22 del SNTE pueden existir algunas otras averiguaciones por marchas, mítines, tomas de casetas de Caminos y Puentes Federales o de edificios públicos, pero “desafortunadamente los órganos que se encargan de impartir justicia no avisan y repentinamente ejecutan las órdenes de aprehensión” Insistió en que el gobierno “implementa, revive, les da continuidad o agiliza esas averiguaciones con tal de debilitar y bajarle la fuerza, en un momento determinado, al movimiento magisterial en plena jornada de lucha Uribe Ríos manifestó que en cuanto a los asuntos de orden laboral y administrativo se atendieron y resolvieron de manera favorable, siempre respondiendo a las expectativas de sus compañeros de base El informe que entregó, dijo, consistió en cuatro partes fundamentales, la primera sobre todos los casos de maestros que estaban sujetos a algún proceso de orden judicial; los asuntos de orden laboral, las negociaciones a nivel nacional y estatal en torno a casos de organismos como la Comisión Magisterial de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para Asuntos Magisteriales; y el esclarecimiento de los asesinatos de maestros