Tuxtla Gutiérrez, Chis , 15 de junio (apro)- En las últimas semanas el escenario para los medios de comunicación y los periodistas de Chiapas se ha tornado cada vez más escabroso Así, agravios, censuras y amenazas parecen ser la tónica cotidiana Primero fueron las adiciones al Código Penal chiapaneco --aprobadas el 25 de febrero y que entraron en vigor el 26 de mayo--, cuyas disposiciones penalizan con nueve años de prisión los delitos de difamación y calumnia, la sanción más alta en toda América Latina Es en este contexto --donde también se gestó un movimiento de medios y periodistas inconformes con este atentado a la libertad de expresión— que policías municipales detuvieron, golpearon y vejaron al corresponsal de Televisa Radio, Manuel de la Cruz Y pese a que los cuatro uniformados ya enfrentan un proceso judicial en prisión, el temor por parte del agraviado persiste, pues prometieron vengarse en cuanto queden libres Al conductor de un programa de noticias, Radio Núcleo, Javier Figueroa Niño, la propia alcaldesa de esta ciudad, Victoria Isabel Rincón Carrillo, vía telefónica y al aire, lo amenazó con demandarlo penalmente por difamación si seguía --según ella-- cuestionando a sus órganos policiacos, los que días antes reprimieron a vendedores ambulantes y lesionaron a un niño, que hasta hoy permanece en estado grave Y en otro hecho lamentable, la conductora de un programa de radio, Arlet Aguilar Molina, fue expulsada de las ondas hertzianas justo cuando estaba al aire en entrevista con el columnista de Cuarto Poder, Miguel González Alonso, uno de los periodistas más activos en el movimiento por la despenalización de la difamación y el rechazo al Código Penal vigente Al reportero de la OEM en Tapachula, Rosario González Chay, un aspirante a alcalde del municipio fronterizo de Tuxtla Chico lo amenazó con demandarlo penalmente por supuesta difamación, luego de darle voz a una exsecretaria que acusó al eventual representante popular de hostigamiento sexual, y de haberla despedido sin justificación legal alguna La semana pasada, al reportero del programa Noticinco, de Canal 5, Juan Álvarez Moreno, lo amenazaron abogados de exjudiciales --presuntos secuestradores-- con demandarlo penalmente por difamación, luego de sacar al aire imágenes de ellos al momento en que eran presentados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Y el mismo jueves anterior, las casas de los administrativos de Cuarto Poder fueron cateadas por agentes de la Procuraduría local, y los directivos del rotativo, Francisco Barbosa y Ricardo del Muro, amenazados con integrarles un proceso penal En otro hecho de oprobio más, a Pablo Virgen, reportero gráfico de Cuarto Poder que cubría los cateos, le enviaron un mensaje: “Estamos preparando tu averiguación previa y también las de tus jefes, Barbosa, Del Muro y Alejandra” Tras al cateo fue detenido el abogado de Cuarto Poder, Armando Gutiérrez Trujillo, y luego fue acusado como probable responsable de los delitos de abuso de confianza y usurpación de profesión, cometidos supuestamente en agravio de la empresa Servicios de la Riva y de la sociedad, respectivamente Y en prisión se encuentra el hijo de Conrado de la Cruz Jiménez, dueño de Cuarto Poder: Conrado de la Cruz Morales, a quien se acusa de diversos delitos En síntesis, la situación en Chiapas parece no arribar a un estado de normalidad, pues persisten amenazas sobre trabajadores inconformes que persisten en su lucha por exigir la despenalización de la difamación, mientras que otros se han replegado por temor a ser despedidos de sus respectivos medios