Oaxaca, Oax , 18 de junio (apro)- “En Oaxaca el Estado de derecho no funciona porque la impartición y administración de la justicia esta politizada”, afirmó el investigador del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, Rupert Knox
El especialista consideró que por esta “grave situación” es necesario que los órganos de impartición de justicia se independicen para estar al servicio de la ciudadanía, porque mientras no exista una separación del Estado seguirán siendo controlados y subordinados a los intereses de la clase política
Rupert Knox insistió en que su mayor preocupación es que en México, pero principalmente en los estados, no haya acceso a la justicia porque prevalece una cultura política muy arraigada al sistema del control de los órganos de justicia, donde los que gozan de la protección de la misma sólo son los que conforman la esfera política o económica
Hizo hincapié en que los estados donde han observado mayor violación a los derechos humanos son Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tamaulipas
En Chihuahua, explicó, es cuestionada la impartición de la justicia por las muertas de Juárez, donde se ha detectado que los órganos de justicia han incurrido en la omisión, la negligencia y los enlaces con los poderes locales
Mientras que “en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, por tener comunidades indígenas y una cultura política muy arraigada al sistema del control de medios de los órganos de justicia, además de tener circunstancias económicas muy rezagadas, entonces eso ha producido un clima de violación a los derechos humanos y eso ha merecido la atención de Amnistía Internacional o de otras organizaciones”
Por lo que respecta al estado de Tamaulipas, dijo que ahí se han documentado casos de violaciones a los derechos humanos por la presencia de militares que combaten al narcotráfico, a los que hay que sumarle los lazos que existen entre los policías judiciales locales y grupos criminales
Para Amnistía Internacional la forma para recuperar el Estado de derecho, lo primero que se requiere “es la voluntad política de la clase política de reconocer la diferencia entre lo que es el Estado y la independencia del sistema de impartición de justicia donde prevalezca el sentido de imparcialidad e igualdad de la ley
Destacó que “el Congreso tiene una responsabilidad plena en asegurar que las comisiones estatales de derechos humanos y las procuradurías estatales actúen dentro de la ley y deben exigir la rendición de cuentas, pero no una rendición de cuentas partidizada, sino una rendición de cuentas a base de los conceptos constitucionales y derechos humanos”
Viernes 19 de Abril 2024
